Adjudicación del tercer canal, suspendida hasta nuevo aviso

El proceso de adjudicación del tercer canal privado de televisión quedó suspendido este jueves. Después de varias horas de audiencia pública en el Estudio Cinco de RTVC (antiguo Inravisión) en Bogotá, el presidente de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), Eduardo Osorio, formuló el anuncio y advirtió que el futuro inmediato de la licitación queda ahora en manos del Consejo de Estado, que hace una semana había dado esa misma orden por razones jurídicas.

Con tono mordaz, Osorio señaló que la CNTV aguarda que con la misma celeridad con que el Consejo de Estado admitió la demanda contra la licitación del tercer canal, proceda ahora a resolver el recurso de reposición presentado en respuesta a la suspensión provisional ordenada por la Sección Tercera de la corporación, bajo el argumento de que la subasta como mecanismo de selección exige una pluralidad de oferentes y no uno solo como ocurre en la actualidad.

La audiencia comenzó hacia las diez y media de la mañana con presencia de los cinco comisionados de televisión y el Comité Evaluador que asesora al organismo. Y mucho antes de lo esperado, ya se presagiaba la decisión de fondo. La señal vino a cargo de la procuradora delegada para la vigilancia de la función pública, María Eugenia Carreño, quien después de hacer un recuento del proceso licitatorio del tercer canal, recomendó suspenderlo hasta que se conozca un fallo de fondo del Consejo de Estado.

La procuradora Carreño precisó que todas las observaciones que formuló después de la primera revocatoria del proceso fueron tenidas en cuenta. Es decir, las advertencias sobre el detrimento del patrimonio público por el precio base, la cuantificación y estimación de riesgos, las frecuencias de emisión del nuevo canal y el cambio en la modalidad de adjudicación por la subasta. Además, reveló que no aceptó la petición del grupo Planeta de reconsiderar su postura por la suspensión del proceso.

Durante la audiencia, a través de distintas intervenciones, quedó en evidencia lo accidentado del proceso. Por ejemplo, el abogado del grupo Rendiles (Cisneros), Diego Muñoz Tamayo, al referirse al porqué del único proponente, señaló que su empresa no presentó propuesta por falta de garantías y no voluntariamente. Y precisó: “Nos indujeron a no presentarla mediante la estructuración de unos pliegos excluyentes, para que se presentara un solo proponente”.

A su vez, el representante de los canales privados Caracol y RCN, Néstor Humberto Martínez Neira, aseveró que la propuesta de Planeta excede el límite de inversión extranjera (40%), un tema que tiene restricciones bastante claras en otros países. Asimismo, citó el caso de la controversia entre las empresas RTI y Programar, resaltando que la segunda de ellas nunca renunció a la sociedad que mantiene con RTI para la explotación de espacios televisivos, un caso no resuelto.

En respuesta a los críticos de la licitación, el abogado del grupo Planeta, Wéiner Ariza, sostuvo que la inversión extranjera en la propuesta de Cisneros era del 84,98% y que Pacsa (Prisa) tampoco modificó su porcentaje. Añadió que Programar, una empresa que reportó pérdidas por $5.000 millones, sí renunció a su sociedad con RTI. En cambio, anotó “han existido demandas, seis acciones legales y una denuncia penal durante el proceso licitatorio”.

Wéiner Ariza se fue lanza en ristre contra la comisionada Zulma Casas quien, en su criterio, se separó del proceso y realizó intervenciones en varios medios de propiedad de los interesados. Y lamentó las condiciones de un proceso que “parece una crucifixión final sin derecho a réplica”. Tras pedirle a la Procuraduría resarcir el buen nombre de Planeta y sus socios, Ariza concluyó: “No vinimos a litigar, vinimos a invertir”.

La comisionada Zulma Casas tampoco se quedó callada y se defendió diciendo que nunca se ha apartado de su opinión: que la subasta es pertinente, que no tiene dudas sobre la calidad de los proponentes, pero que tiene diferencias de interpretación respecto al tema de la composición accionaria. Expresó que entiende las prevenciones del abogado del grupo Planeta, pero que por ahora a todos les conviene esperar la decisión del Consejo de Estado.

De esta manera concluyó el jueves un nuevo capítulo en la controvertida historia del tercer canal privado de televisión, y por ahora sólo queda claro que este proceso terminará ya en vigencia del gobierno que empieza labores el próximo 7 de agosto, porque, aplicándole toda la celeridad del caso, un pronunciamiento de fondo del tribunal administrativo no estará listo antes de cuatro semanas. Entre tanto, con toda seguridad la pelea va a seguir a cargo de pesos pesados del derecho y los medios de comunicación.

Advertencia: Comunican S. A., empresa editora de El Espectador, pertenece al mismo grupo de medios del que forma parte el canal privado Caracol TV.