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El Presupuesto General de la Nación para el próximo año ha generado una oleada de noticias y tensiones. Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, el monto aprobado por el Congreso —COP 546,9 billones— resulta insuficiente, razón por la cual el Gobierno radicó una ley de financiamiento (reforma tributaria) por COP 16,3 billones.
Sin embargo, esta iniciativa naufragó en el Legislativo, situación que ha elevado la incertidumbre a pocos días de que concluya 2025.
La posición del Gobierno ha sido clara: decretar una emergencia económica. Esto se traduce en un estado de excepción con el que se buscará solventar los problemas de caja que tiene el presupuesto.
Bajo esta figura, que faculta al presidente para adoptar decisiones sin necesidad del aval del Congreso, el Gobierno buscaría implementar nuevos impuestos con el fin de recaudar los recursos faltantes. Aunque se prevé que se trate, en buena medida, de los mismos tributos que no prosperaron en el proyecto de ley hundido, este diario conoció un borrador de decreto que revela la inclusión de nuevos gravámenes.
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Hay razones de peso para creer que esta jugada sería inconstitucional, razón por la cual la Corte Constitucional (que se encuentra en vacancia judicial) convocaría una sesión extraordinaria.
Recientemente la Contraloría General de la Nación se pronunció sobre esto, haciendo un llamado al Ministerio de Hacienda para que sea eficiente con la ejecución del presupuesto que ya se aprobó para el próximo año.
Para el ente de control no es cierto que la emergencia económica sea el único camino, sino que, según sus cuentas, el ejecutivo puede hacer recortes en sus gastos y así cumplir con las metas trazadas para el próximo año.
El Gobierno, insiste la Contraloría, también tendría alternativas como realizar operaciones para el manejo de la deuda, identificar ajustes de gastos en contratación y otros componentes operativos, así como priorizar iniciativas de alto impacto.
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“Para la Contraloría General la alternativa más viable es el recorte del gasto, el cual debe tener en cuenta las fuertes inflexibilidades que caracterizan su composición, pues según el Ministerio de Hacienda, cerca del 92% del presupuesto es inmodificable”, señaló, al recordar que para el próximo año la estructura del Presupuesto General se distribuye así: 65,5% en gastos de funcionamiento ($358,1 billones), 18,4% en deuda ($100,4 billones) y 16,1% en inversión ($88,4 billones).
El recorte que sugiere la Contraloría deberá asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo.
“Colombia ha mantenido históricamente el cumplimiento estricto de sus compromisos crediticios, por lo que el recorte de esta deuda estaría exento. Sin embargo, mediante operaciones de manejo de deuda, el Gobierno puede reducir una porción de este gasto. También se ha evidenciado una marcada rigidez asociada a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones. No obstante, un análisis minucioso por parte del Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos”, señaló la Contraloría.
Sobre el componente de inversión, aunque reconoce que es el rubro con mayor flexibilidad, también es uno que presenta restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras ya comprometidas.
“En este espacio, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con alto impacto macro-regional y que mejoren la estabilidad económica y la transformación productiva del país”, recomienda la Contraloría, que también hace un llamado de atención para que se mejore la ejecución presupuestal, ya que en 2024 del total del presupuesto solo se obligó el 83,1%, y en el caso de inversión el porcentaje fue apenas del 57%.
Con corte al 15 de diciembre del presente año, se presenta una ejecución del 79,9%, sin embargo, al ente de control le preocupa especialmente el rubro de inversión con apenas el 52,8% obligado, faltando quince días para finalizar el año.
“El Gobierno, a través de la DIAN, debe acelerar la modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el fin de aumentar el recaudo tributario efectivo. Además, es esencial realizar el recorte del gasto de manera transparente y participativa, dialogando con los sectores afectados. Esto implica comunicar de manera clara los criterios utilizados, las prioridades establecidas y los impactos esperados, con el fin de preservar la confianza ciudadana y de las instituciones”, concluyó.
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