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La Cámara Induarroz de la ANDI encendió las alarmas este miércoles por el posible agravamiento de las distorsiones en el mercado del arroz, tras la expedición de la resolución que somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada.
Esta medida, adoptada por el Gobierno como parte de los acuerdos con líderes del paro arrocero, llega en un momento crítico: una sobreoferta sin precedentes, cosechas récord y precios internacionales en caída libre.
Colombia sembró en 2024 más de 631.000 hectáreas, una cifra histórica que este año se amplificó aún más, sobre todo en Casanare, donde solo en el primer semestre ya van 216.000 hectáreas.
Resultado: inventarios 92 % superiores a los de 2024 y muy por encima de lo recomendado por el Plan de Ordenamiento Productivo de la UPRA.
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Un nuevo precio, en el peor momento
En este escenario, el nuevo régimen de precios mínimos —que fija valores hasta 17 % por encima del mercado según Fedearroz— podría, según Induarroz, agravar la situación, pues podría elevar los precios al consumidor, incentivar más siembra en pleno exceso de oferta y reducir la competitividad frente a importaciones más baratas.
La Cámara argumenta que la resolución fue expedida ignorando recomendaciones técnicas y desconociendo las dinámicas regionales de comercialización. Asegura además que genera señales distorsionadas en un mercado ya frágil y con márgenes al límite, tanto para industriales como para agricultores.
Contexto: Gobierno le pone piso al precio del arroz paddy verde: esto costará por región
Desde el otro lado del mostrador
El Gobierno, por su parte, ha defendido la medida como una salida excepcional y transitoria a una coyuntura extraordinaria. Según explicó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, el régimen de libertad regulada fue expedido como parte del acuerdo alcanzado con los gremios productores tras el paro arrocero y busca amortiguar la caída de ingresos de los productores, en un contexto marcado por la caída de los precios y el alza en los costos de producción.
La resolución establece un precio mínimo por tonelada de arroz paddy verde diferenciado por región —entre $1,457.387 y $1,589.489— y obliga a los compradores a reportar semanalmente sus condiciones de compra en la plataforma Siriarroz.
Desde la cartera de Comercio, se anunció la evaluación de medidas para combatir las importaciones a precios artificialmente bajos, que según el Gobierno han distorsionado el mercado y profundizado la crisis de rentabilidad de los productores.
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Una advertencia desde la SIC
El concepto de abogacía de la competencia emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) coincidió con varias de las alertas de la industria. El gremio subraya la advertencia frente a una medida que restringe el libre proceso de formación de precios y que su carácter transitorio introduce incertidumbre para los compradores. La SIC incluso sugirió que, mal implementada, podría crear una dependencia estructural del apoyo estatal sin corregir las causas de fondo del desequilibrio.
A esto se suma otro riesgo identificado por la Cámara: el incremento de la informalidad en la cadena y el desincentivo al almacenamiento a largo plazo, dado que no hay claridad sobre cuánto tiempo durará la regulación.
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Adaptaciones forzadas y urgencia de soluciones
Tras la expedición de la norma, empresas del sector se han visto obligadas a improvisar nuevas estrategias para seguir recibiendo la cosecha sin afectar sus modelos de negocio. En plena sobreproducción, la paradoja es evidente: se necesita absorber más arroz, pero los precios mínimos fijados podrían limitar esa posibilidad.
Induarroz insiste en que cualquier política adoptada en este contexto debe cumplir con un doble objetivo: garantizar la comercialización de toda la cosecha sin castigar al consumidor con alzas artificiales. Es necesario “encontrar una solución a las problemáticas estructurales del sector”, subraya, al respaldar el llamado de la SIC a revisar las causas de fondo del desbalance del sector.
La Cámara reiteró su disposición a trabajar en la agenda de competitividad prevista en el Plan de Ordenamiento Productivo y preparar al país para la apertura comercial prevista para 2030, que marcará un antes y un después para el futuro del arroz colombiano.
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