Alfiles rurales para el posconflicto

Han pasado más de cinco meses desde que el grupo de expertos que conformó la Misión para la Trasformación del Campo entregó las recomendaciones para el sector rural que el presidente Juan Manuel Santos les había pedido cerca de dos años atrás. En los últimos días algunas de esas sugerencias han ido tomando forma.

Una recomendación que estuvo cantada desde antes de la publicación final de la también llamada Misión Rural fue que el Incoder fuera liquidado y reemplazado por entidades más especializadas. Así ocurrió con los decretos 2363 y 2364 de 2015, actualmente demandados ante el Consejo de Estado, los cuales crearon la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.

La primera tendrá tareas como administrar los baldíos de la nación, liderar los programas de acceso a tierras y delimitar zonas de reserva campesina, entre otras. La segunda debe, por ejemplo, promover la agricultura familiar y la formulación de planes de desarrollo agropecuario y rural, con enfoque territorial.

En la Agencia de Tierras fue anunciado hace unos días como director el hijo del expresidente Ernesto Samper, Miguel Samper Strouss, quien se desempeñó como director de justicia transicional en el Ministerio de Justicia. En la Agencia de Desarrollo Rural, se supo el fin de semana, quedará Carlos Eduardo Géchem, abogado de la Universidad Externado, hijo del exsenador del Partido de la U Jorge Eduardo Géchem y quien se ha desempeñado como asesor de entidades como el Invías y la Alcaldía de Bogotá.

La Misión Rural dio a entender que estas entidades debían tener un carácter técnico y especializado, precisamente para evitar la “implosión” de funciones que, en palabras del exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, miembro de la Misión, ocurrió con el Incoder.

Respecto a la naturaleza de las funciones de las agencias surgieron observaciones, como las de la consultora y experta en temas de tierras Yamile Salinas, quien, si bien dijo que no tiene comentarios respecto a los recientes nombramientos, señaló en marzo pasado que el hecho de que la Agencia de Tierras y la de Renovación del Territorio (otra entidad creada para atender zonas afectadas por el conflicto) tengan directores, mientras la de Desarrollo Rural tiene un presidente, puede ser diciente de que esta última tendrá un enfoque de productividad y fomento a la agroindustria, en vez de atender los compromisos con los derechos de campesinos y comunidades étnicas.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), aseguró: “Esperamos que las entidades se manejan técnicamente y no se politicen, porque para eso se está liquidando el Incoder”. Sobre los nuevos al mando, advierte que no los conoce, “pero eso no quiere decir que sean jóvenes sin experiencia. Están preparados y esperamos que entiendan para qué fueron creadas las entidades. La Agencia de Tierras ejecutará la política de ordenamiento social de la propiedad. Tiene un componente social que se debe hacer con mucho cuidado, y la de Desarrollo Rural ejecutará planes y proyectos de desarrollo agropecuario y apoyará mucho a los pequeños productores para que tengan todos los servicios: asistencia técnica, comercialización, agua, entre otros”.

Para Mejía, estos cambios se están dando en el marco de una recomposición que fue evidente también en el cambio de gabinete. “El presidente se está preparando para lo que se viene: la firma de este acuerdo”, aseguró. Allí mismo está inscrita otra de las modificaciones que el Gobierno hizo el fin de semana: el paso de Luis Enrique Dussán, presidente del banco de segundo piso Finagro, a la presidencia del único banco público del país, el Banco Agrario.

Dussán se desempeñó como representante a la Cámara por el Huila en la Comisión Quinta, de 2002 a 2014. Siempre, muy cercano a los asuntos agropecuarios. Llegó entonces a dirigir Finagro, entidad que canaliza el 90 % de sus créditos a través del Banco Agrario. Ahora tomará las riendas de esa última entidad, hasta ahora en manos de Francisco Solano, con experiencia en el sector al haber trabajado con la Federación de Cafeteros y haber sido asesor del Ministerio de Agricultura, entre otros cargos.

La SAC también dio la bienvenida al cambio de presidencia en el Banco Agrario, entidad en la que Solano logró las que, según el banco, son las utilidades más altas registradas allí, con $522.000 millones en 2015, y una cobertura en el 100 % de los municipios. En Finagro, Dussán ha impulsado, por ejemplo, el seguro agropecuario, al lograr un incremento de 45 % en hectáreas aseguradas el año pasado.

“Lo importante es evitar que el banco se politice y tenga una estructura que no se vuelva como lo que llevó a la Caja de Crédito Agrario a su liquidación”, concluyó Mejía. Con menos matices reaccionó la oposición del Polo Democrático a los nuevos nombramientos. “Las políticas que tiene fijadas Santos son contrarias a las necesidades. En el caso del agro, combina importar lo que podría producirse nacionalmente y concentrar las tierras a través de figuras como las zidres. No importa quiénes sean los funcionarios, porque llegan a ejecutar las mismas políticas”, dijo el senador Jorge Robledo. 

Han pasado más de cinco meses desde que el grupo de expertos que conformó la Misión para la Trasformación del Campo entregó las recomendaciones para el sector rural que el presidente Juan Manuel Santos les había pedido cerca de dos años atrás. En los últimos días algunas de esas sugerencias han ido tomando forma.

Una recomendación que estuvo cantada desde antes de la publicación final de la también llamada Misión Rural fue que el Incoder fuera liquidado y reemplazado por entidades más especializadas. Así ocurrió con los decretos 2363 y 2364 de 2015, actualmente demandados ante el Consejo de Estado, los cuales crearon la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.

La primera tendrá tareas como administrar los baldíos de la nación, liderar los programas de acceso a tierras y delimitar zonas de reserva campesina, entre otras. La segunda debe, por ejemplo, promover la agricultura familiar y la formulación de planes de desarrollo agropecuario y rural, con enfoque territorial.

En la Agencia de Tierras fue anunciado hace unos días como director el hijo del expresidente Ernesto Samper, Miguel Samper Strouss, quien se desempeñó como director de justicia transicional en el Ministerio de Justicia. En la Agencia de Desarrollo Rural, se supo el fin de semana, quedará Carlos Eduardo Géchem, abogado de la Universidad Externado, hijo del exsenador del Partido de la U Jorge Eduardo Géchem y quien se ha desempeñado como asesor de entidades como el Invías y la Alcaldía de Bogotá.

La Misión Rural dio a entender que estas entidades debían tener un carácter técnico y especializado, precisamente para evitar la “implosión” de funciones que, en palabras del exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, miembro de la Misión, ocurrió con el Incoder.

Respecto a la naturaleza de las funciones de las agencias surgieron observaciones, como las de la consultora y experta en temas de tierras Yamile Salinas, quien, si bien dijo que no tiene comentarios respecto a los recientes nombramientos, señaló en marzo pasado que el hecho de que la Agencia de Tierras y la de Renovación del Territorio (otra entidad creada para atender zonas afectadas por el conflicto) tengan directores, mientras la de Desarrollo Rural tiene un presidente, puede ser diciente de que esta última tendrá un enfoque de productividad y fomento a la agroindustria, en vez de atender los compromisos con los derechos de campesinos y comunidades étnicas.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), aseguró: “Esperamos que las entidades se manejan técnicamente y no se politicen, porque para eso se está liquidando el Incoder”. Sobre los nuevos al mando, advierte que no los conoce, “pero eso no quiere decir que sean jóvenes sin experiencia. Están preparados y esperamos que entiendan para qué fueron creadas las entidades. La Agencia de Tierras ejecutará la política de ordenamiento social de la propiedad. Tiene un componente social que se debe hacer con mucho cuidado, y la de Desarrollo Rural ejecutará planes y proyectos de desarrollo agropecuario y apoyará mucho a los pequeños productores para que tengan todos los servicios: asistencia técnica, comercialización, agua, entre otros”.

Para Mejía, estos cambios se están dando en el marco de una recomposición que fue evidente también en el cambio de gabinete. “El presidente se está preparando para lo que se viene: la firma de este acuerdo”, aseguró. Allí mismo está inscrita otra de las modificaciones que el Gobierno hizo el fin de semana: el paso de Luis Enrique Dussán, presidente del banco de segundo piso Finagro, a la presidencia del único banco público del país, el Banco Agrario.

Dussán se desempeñó como representante a la Cámara por el Huila en la Comisión Quinta, de 2002 a 2014. Siempre, muy cercano a los asuntos agropecuarios. Llegó entonces a dirigir Finagro, entidad que canaliza el 90 % de sus créditos a través del Banco Agrario. Ahora tomará las riendas de esa última entidad, hasta ahora en manos de Francisco Solano, con experiencia en el sector al haber trabajado con la Federación de Cafeteros y haber sido asesor del Ministerio de Agricultura, entre otros cargos.

La SAC también dio la bienvenida al cambio de presidencia en el Banco Agrario, entidad en la que Solano logró las que, según el banco, son las utilidades más altas registradas allí, con $522.000 millones en 2015, y una cobertura en el 100 % de los municipios. En Finagro, Dussán ha impulsado, por ejemplo, el seguro agropecuario, al lograr un incremento de 45 % en hectáreas aseguradas el año pasado.

“Lo importante es evitar que el banco se politice y tenga una estructura que no se vuelva como lo que llevó a la Caja de Crédito Agrario a su liquidación”, concluyó Mejía. Con menos matices reaccionó la oposición del Polo Democrático a los nuevos nombramientos. “Las políticas que tiene fijadas Santos son contrarias a las necesidades. En el caso del agro, combina importar lo que podría producirse nacionalmente y concentrar las tierras a través de figuras como las zidres. No importa quiénes sean los funcionarios, porque llegan a ejecutar las mismas políticas”, dijo el senador Jorge Robledo.