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En el congreso de Asofondos en Cartagena, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló ayer las principales pistas de la reforma pensional que el Gobierno busca y que no tocará la edad de jubilación de los colombianos, pero sí los subsidios para las mesadas más elevadas. La propuesta final estaría lista a finales de este año, indicó.
El Gobierno ha dejado de hablar de una reforma pensional para referirse más bien a un proyecto de protección a la vejez en el que las pensiones aborden el 30 % de la iniciativa. El 70 % iría pensado a un programa para atender la dramática situación de la tercera edad en el país en términos de cobertura, señaló Carrasquilla.
Para ampliar la cobertura y avanzar hacia la equidad se ha pensado fortalecer el programa de ahorro para la vejez a través de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Es tan complicado el sistema pensional en Colombia que en los últimos cinco años un poco más de medio millón de personas vieron frustrada su intención de acceder a una pensión en cualquiera de los regímenes existentes y se vieron obligadas a solicitar las devoluciones de sus recursos ahorrados durante su vida laboral. La información, revelada por el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, indica que en el régimen público no se jubilaron 540.000 personas y en el privado la cifra alcanzó las 116.000 personas.
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“Todas ellas pidieron devoluciones de sus saldos (ahorros)”, explicó el dirigente gremial. Lo dramático del asunto es la diferencia en el monto de las devoluciones entre los fondos privados y el sistema estatal. En el régimen público les devolvieron en promedio unos $5 millones a cada uno por lo que habían cotizado, mientras que en el privado les retornaron por lo menos siete veces más; es decir, $35 millones. “Esa es una situación que no se conoce y es una inequidad tremenda que tiene el régimen público por el lado de los de menores ingresos, que son la mayoría”, anotó el presidente de Asofondos.
Hablan de unificar los actuales regímenes en un sistema basado en ahorro y capitalización, donde tenga cabida un ente público que también administre estos recursos para que haya más competencia. Montenegro explicó por qué capitalización y ahorro: “básicamente porque la tasa de rentabilidad de un régimen de capitalización es más alta que la rentabilidad de uno de prima media (público) o de reparto”, anotó Montenegro.
Para Carolina González-Velosa, especialista de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia gasta entre 0,1 y 0,2 puntos del PIB, una cifra bastante baja para el estándar internacional, en pilar solidario, muy por debajo de otros países de América Latina. El país debe trabajar, entre otras cosas, en cómo aumentar la equidad. “Hay un gasto supremamente regresivo en el régimen de prima media, hay inequidad entre regímenes, entonces dos trabajadores con las mismas cotizaciones tienen pensiones superdiferentes y también hay una inequidad intergeneracional, la gente que llega al régimen de prima media llega con un déficit debajo del brazo, luego eso lo tienen que pagar las generaciones futuras”, alertó la representante del BID en materia laboral.
Tres reformas y un solo fin
A Colombia se le agota el tiempo para acometer profundos cambios en el sistema de seguridad social y en el mercado laboral. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, advirtió en el congreso de Asofondos que el país requiere con urgencia adelantar tres reformas: una pensional, una que afecte al mercado laboral para atacar los problemas de informalidad y unaque contemple cambios en el salario mínimo, que constituye una barrera para que los colombianos puedan acceder a una pensión.
En pensiones, Mejía considera que el país debe tratar de reducir esa brecha de cinco años entre hombres y mujeres para acceder a una pensión. Propone unificar las edades, pero compensando a la mujer con un bono por el tiempo que estuvo por fuera del mercado laboral por la maternidad, por ejemplo.
Otro aspecto en el que Colombia debe tomar una pronta decisión es la tasa de sobrevivencia o “pensión heredada”, que en el país está en 100 %; es decir que el cónyuge sobreviviente disfruta del monto total de la pensión que disfrutaba el esposo o la esposa. “Se ha discutido la importancia que esto tiene para las arcas del Estado y se podría reducir en una cifra cercana al 75 %”, señaló el director de Fedesarrollo.
En cuanto al salario mínimo, Roberto Steiner, investigador de Fedesarrollo, planteó la importancia de fijar salarios mínimos diferenciales, idea retomada por Mejía, que propone una asignación salarial por regiones y por edades, pues en algunas ciudades pequeñas el salario actual frente a la productividad laboral está dejando por fuera del mercado a muchas personas que van a seguir alejadas del sistema previsional.
También, dicen, se puede pensar en cotizaciones por debajo del salario mínimo, especialmente en el sector rural.
El presidente de la estatal Colpensiones, Juan Miguel Villa, llamó la atención sobre la volatilidad del mercado laboral. El año pasado únicamente el 67 % de los cotizantes a Colpensiones lo hizo en los 12 meses del año continuo. Quiere decir que el 32 % de los 6,7 millones de afiliados cotizó los 12 meses del año y el resto no lo hizo o estuvo por debajo de los 12 meses.
Villa criticó al régimen privado de pensiones, donde también hace presencia la inequidad. Según él, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima es insostenible y es probable que la nación tenga que asumir los pagos con los actuales parámetros. Recordó que, por ejemplo, la historia contabilizó hasta 12 administradores de fondos de pensiones y solo quedan cuatro, lo que quiere decir que la competencia no se ha presentado desde su creación, hace 25 años, y lo que se ve es una alta concentración.
Entre Porvenir (57 %) y Protección (30 %) se llevan más del 80 % del mercado de los cotizantes al sistema privado de pensiones. Villa sostuvo que solo el 10 % de los 65.000 pensionados en el régimen de ahorro individual está cubierto con una renta vitalicia.
“Buena parte de los afiliados al régimen de capitalización no tienen quién les provea rentas vitalicias y, en consecuencia, muchos adultos mayores en el régimen de capitalización están soportando los riesgos de tasa de interés y extra longevidad”, advirtió Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras.
La inseguridad jurídica causada por decisiones judiciales impide que haya rentas vitalicias para los mayores que no tienen quién los proteja contra contingencias tan graves como la extra longevidad, sentenció Botero.