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Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional, aseguró que la ley de tarifas que el gobierno de Gustavo Petro llevará al Congreso es un “globito” y una jugada política. “Cada vez que una cosa se cae, se inventan una nueva”, dijo.
Como contó este diario, ya está listo el borrador del proyecto de ley con el que la administración Petro buscará bajar las tarifas de energía y hacer cambios en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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Sánchez cuestionó que el Ministerio de Minas y Energía haya dado a conocer el borrador de la iniciativa justo un día antes de que arrancara el congreso anual de Andesco, que se realiza en Cartagena. Además, dijo que si en tres años el Gobierno no presentó la reforma a los servicios públicos, no es creíble que pretenda hacer los cambios en el último año.
“Estamos a favor de que se hagan actualizaciones, pero las leyes no son para bajar tarifas. Las leyes 142 y 143 de 1994 funcionaron porque nunca se habló de bajar tarifas, sino de una ley marco para incentivar la inversión. (...) Quiero que me cuenten qué reforma tributaria o qué reforma de este estilo pasa en el Congreso de la República en el último año de Gobierno”, dijo Sánchez.
Aunque el Gobierno había prometido asumir la deuda de la opción tarifaria de estratos 1, 2 y 3 (un mecanismo que se aplicó en pandemia y en el llamado pacto tarifario para evitar incrementos bruscos en las tarifas y así poder distribuir los saldos en un mayor período para suavizar el golpe en el bolsillo), en el anteproyecto de la ley de tarifas propone que los usuarios con mayor capacidad de pago (estratos 4, 5, 6 y no residenciales regulados) asuman los saldos pendientes. La CREG definiría los mecanismos para redistribuir la deuda.
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Sánchez dice que “no se puede hacer”, teniendo en cuenta que los estratos altos ya hacen contribuciones para los subsidios de energía y gas que se destinan a estratos 1, 2 y 3 y que en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín la opción tarifaria ya se pagó, mientras que a los usuarios de Afinia, por ejemplo, les quedan cuatro años para saldar la deuda.
El Gobierno también busca modificar la asignación de los subsidios que mes a mes reciben en las facturas los usuarios de estratos 1, 2 y 3. Este beneficio se financia con las contribuciones de los estratos 5 y 6 y comerciales e industriales, pero la mayoría sale del Presupuesto General de la Nación.
Al respecto, el presidente de Andesco dijo que aunque es necesario “sacar a los colados” de los subsidios (a las personas que reciben el beneficio y no lo necesitan), todavía no hay un estudio que muestre cómo se puede hacer de manera sostenible. “Si seguimos con esta estratificación, no hay subsidio que sea pagable hacia el futuro, por eso tenemos que buscar soluciones, pero no deben salir de la cabeza del ministro ni del presidente, se tienen que hablar con las empresas y con el Congreso, que es el que decide”.
Sobre este tema, Sánchez también advirtió que el gobierno usó los recursos del Presupuesto 2025 para pagar los subsidios del año pasado, pero que ahora preocupa que no se habrían contemplado recursos para este año.
Es decir, parece que no hay cómo pagar la deuda que se está generando. Cada mes, el déficit que debe asumir el Estado por subsidios es de $300.000 millones para energía y $100.000 millones para gas.
Otras alertas que hizo el presidente de Andesco
Sánchez dijo que el país podría vivir un apagón porque no se han hecho las inversiones necesarias en las redes de transmisión. De ahí que pidió prestar atención al tema.
También calificó como “grave” que el superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez Aldana, no haya asistido al evento: “Es aquí en donde se discute si de verdad hay un diálogo nacional. Es aquí donde tenemos que traer las propuestas y los resultados”, dijo. Agregó que el gobierno no debería prejuzgar a las empresas comercializadoras de gas (teniendo en cuenta las medidas que ha anunciado la Superservicios recientemente contra Vanti y Alcanos) sin haber hecho antes una investigación.
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Sobre Air-e, Sánchez dijo que al gremio le preocupa la situación de la empresa, principalmente, porque cuando empezó la intervención de la Superservicios la deuda era de $500.000 millones y ahora está en $1,7 billones. “No se les está pagando a los comercializadores, ni a los distribuidores y tampoco se están haciendo las inversiones. Es grave porque en cualquier momento se puede apagar el Caribe”, aseguró.
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