Anif emitió un informe sobre los posibles impactos de la restricción de consumo de alcohol, o ley seca, durante el compleja situación económica que enfrenta el país por la cuarentena que provocó la propagación del COVID-19. (Lee también: El bitcoin se dispara a más de US$9.000)
Según la entidad, la implementación de la eventual prohibición supondría caída en la venta de licores, con pérdidas entre los $0,7 billones y los $1,4 billones cada mes, lo que se traduciría en un menor dinamismo para el comercio minorista, uno de los sectores más impactados con apenas el 10% de los establecimientos en operación en la actualidad.
Mauricio Santa María, presidente de la ANIF, explicó que “resulta desacertado pensar en medidas de ley seca, cuyos impactos fiscales afectan el recaudo de los departamentos, que hoy reciben cerca de $5 billones anuales derivados de los impuestos a licores y cervezas, y que, solo con la suspensión de ventas durante un mes dejarían de recaudar entre $216.000 millones y $431.000 millones, indispensables en estos momentos para la atención de la contingencia y que servirían para adquirir aproximadamente 1.2 millones de pruebas avanzadas de diagnóstico o 6.000 ventiladores para la atención de pacientes graves”.
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la industria y comercialización de licores genera alrededor de 120.000 empleos con remuneración, de los cuales 85.000 son asalariados y 35.000 son trabajadores por cuenta propia.
Y, según Anif, los más afectados con una eventual prohibición serían precisamente los trabajadores por cuenta propia, pues acabaría con cerca de 33.000 empleos, lo que se traduce en una pérdida mensual de ingreso para los hogares de cerca de $30.000 millones.
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