Anuncian posible proceso de responsabilidad fiscal a Mintransporte

"El ministro de Transporte se las ha arreglado para buscar diferentes pretextos para no cumplir con la obligación. El hecho es que no ha cumplido con la obligación y todos los días encuentra un pretexto diferente para no hacerlo, pero finalmente tendrá que hacerlo o de lo contrario la Contraloría tiene la obligación de abrir un proceso de responsabilidad fiscal", advirtió el contralor General, Julio Cesar Turbay Quintero, al referirse a los desacatos del funcionario.

Recordó que el hecho hace referencia a la preocupación de la Contraloría, no en solo caso sino en todos los casos que se presentan a diario, a lo largo y ancho del país, en los que los fallos judiciales no son cumplidos.

Dijo que cuando hay un fallo judicial que condena a la Nación a pagar unos recursos o una indemnización o una suma (de dinero) a unas empresas o personas determinadas, y no se cumple con el fallo judicial que está en firme y que ya es inapelable, pues se le está causando detrimento a la Nación por el no cumplimiento de esa obligación del Estado.

"Nosotros hicimos esa advertencia concreta y hasta el momento el ministro de Transporte se las ha arreglado para buscar diferentes pretextos para no cumplir con la obligación", dijo el contralor Turbay Quintero.

Insistió en que el hecho es que no ha cumplido con la obligación y todos los días encuentra un pretexto diferente para no hacerlo, pero finalmente tendrá que hacerlo "o de lo contrario la Contraloría tiene la obligación de abrir un proceso de responsabilidad fiscal".

El caso

Desde hace varias semanas atrás, la contraloría General de la República dispuso abrir una indagación preliminar en contra del Ministro de Trasporte, Andrés Uriel Gallego, el director del Instituto Nacional de Vías (Invias), Enrique Martínez Arciniegas y los directores de esa entidad desde el año 2007, con el propósito de establecer si se ha incurrido en responsabilidad fiscal, por el no pago de unos dineros a las firmas contratistas que ejecutaron las obras pactadas con esa entidad en el Contrato de Obra Pública No.025 de 1983.

El Contralor Turbay Quintero había dicho que es lamentable que los funcionarios públicos se nieguen a cumplir las sentencias de los jueces, como si estuvieran por encima de los mismos, y que luego el Estado, con el dinero de todos los colombianos, deba pagar cuantiosas sumas por intereses.

"Es una práctica que no se puede generalizar en la administración, porque cada día son más los intereses que debe pagar el estado por culpa de la negligencia de los funcionarios públicos", anotó.