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Nadie lo podía creer. Ni el aclamado cantante Sebastián Yatra, ni la agrupación juvenil Morat, ni quienes viajaban por el metro de Santiago, ni los millones de chilenos a los que se les apagaron de inmediato los electrodomésticos. Tampoco los usuarios de bancos, los empresarios mineros, ni los grandes y pequeños comerciantes. El 25 de febrero de 2025, hace apenas dos semanas, Chile se quedó sin energía y hasta los hospitales y centros asistenciales tuvieron traumatismo en sus servicios por más de siete horas.
La vida cotidiana y empresarial de una de las principales economías de América Latina se vio alterada sin previo aviso, generando millones de dólares en pérdidas y una sensación de preocupación general. Los espectáculos deportivos fueron cancelados, las escuelas cerraron sus puertas, las fuerzas de seguridad fueron enviadas a custodiar las calles y el famoso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar suspendió su jornada de ese día, cuyos artistas principales eran Yatra y Morat.
La incertidumbre, semejante a la vivida en una docena de oportunidades por países de América Latina durante los últimos dos años, fue producida tras una falla en el sistema de interconexión eléctrica del país, donde aún se investiga el origen del problema y, por supuesto, sus consecuencias. Mientras algunos ofrecen explicaciones, otros prometen sanciones y muchos más anuncian demandas por los perjuicios, a todos les quedó grabada la sensación de desconcierto vivida durante las siete horas de la intempestiva suspensión del servicio eléctrico.
Apagón, como le dicen en varios países de la región a esta situación, que va mucho más allá de que las bombillas no prendan: esa sensación de obligada parálisis nacional (que parece extraída de un cuento de García Márquez) y a ese inesperado freno económico, con todas las afectaciones que ello implica.
México, Brasil y Argentina, los otros grandes de América Latina, han sufrido también cortes de energía (por períodos incluso más largos que las siete horas que le tocaron ahora a Chile) y ni hablar de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En este último país ni siquiera hay estadísticas fiables acerca de la cantidad, extensión territorial y duración de cada apagón.
En Colombia la palabreja aquella es medio desconocida para la población más joven, pues hace más de tres décadas que no se vive un apagón. Pero en las memorias de los millennials y los adultos mayores están las imágenes de 1992 y 1993 en las que al caer el sol la gente corría a casa huyendo de la inseguridad de la noche, la venta de veladoras se multiplicó, las zonas comerciales tenían ruidosas e improvisadas plantas de generación de energía en cada almacén y los electrodomésticos de las casas se turnaban para dejar de funcionar.
A pesar de los desafíos climáticos y el crecimiento sostenido en la demanda de energía, Colombia ha evitado el regreso de los apagones. Y lo ha logrado gracias a las reformas implementadas tras la crisis energética de comienzos de los años 90. El desastre social y económico provocado por esa situación, con sus racionamientos hasta de nueve horas diarias, impulsó la reestructuración del sector eléctrico y la aparición de las leyes 142 y 143 de 1994, que promovieron la liberalización del mercado en los segmentos de generación y comercialización, permitieron la entrada de capital privado y crearon una institucionalidad robusta para la regulación y planeación del sector.
Esas reformas permitieron la llegada de inversiones superiores a US$30.000 millones y la consolidación de una matriz energética diversificada. El 63 % de la generación de energía en Colombia proviene de fuentes hidroeléctricas, con plantas como Hidroituango (1.200 MW en operación y otros 1.200 MW en construcción), San Carlos (1.200 MW), El Quimbo (400 MW) y Betania (540 MW), operadas por las empresas EPM, Isagén, Enel y Celsia. Además, el país ha fortalecido su capacidad térmica e impulsado fuentes renovables como la energía solar y eólica.
“Después de más de 30 años sin apagones, gracias a un diseño de mercado sólido y estable, y luego de escuchar en CERAWeek —uno de los eventos energéticos más importantes del mundo organizado por S&P Global sobre la importancia de priorizar la confiabilidad eléctrica—, Colombia debe aprovechar todos los recursos energéticos que tiene, pues el principal mensaje que tengo es que el mundo quiere tener opciones y no podemos limitar ningún tipo de tecnología”, aseguró la presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez, quien además resaltó algunas lecciones aprendidas, entre ellas la importancia de una complementariedad eficiente entre las tecnologías de generación de energía y la necesidad de un marco regulatorio estable que brinde confianza a los inversionistas: “Sin esto, no vamos a lograr atraer las inversiones que necesitamos tanto en nuevas redes como en nuevas plantas de generación”, dijo.
Tomás González, exministro de Minas y Energía, no duda del enorme potencial de Colombia, pero advierte que la falta de señales claras ha impedido que se materialice. “En los últimos 30 años hemos tenido la inversión que necesitamos para expandir el sistema y asegurar la atención de la demanda, pero la última subasta fracasó el año pasado porque las señales no estaban ahí”, dice.
A pesar de los avances, Colombia no está exenta de desafíos. El crecimiento de la demanda de energía exige inversiones anuales de $10,9 a $13,3 billones para garantizar el suministro en la próxima década. Además, el proceso de transición energética requiere una planificación eficiente en la incorporación de energías renovables, asegurando que estas fuentes sean confiables y complementarias al sistema actual.
“La cantidad de energía que consumimos todos los días crece y crece, y si la oferta se mantiene igual, en 2026 las plantas que tenemos serán insuficientes para cubrir las necesidades”, advierte Camilo Marulanda, presidente de Isagén. Según él, las señales regulatorias contradictorias y la inestabilidad en las políticas tributarias han congelado varios proyectos. “Hace un par de años, cuando la reforma tributaria quitó cerca del 70 % de los beneficios tributarios que tenían los proyectos de energía solar y eólica, eso generó una inestabilidad en las reglas de juego”, comenta.
Colombia ha demostrado resiliencia ante crisis energéticas, pero su estabilidad en los próximos años depende de mantener un marco regulatorio sólido, acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y mejorar la eficiencia en la distribución y transmisión de energía. Lo que muestra el vecindario es que los apagones pueden ocurrir en cualquier momento si no se realizan las inversiones y los ajustes necesarios a tiempo.
