'Apretón de tuercas' al campo

Para reorganizar el campo colombiano y comenzar a apretar tuercas en áreas como propiedad rural, uso del suelo, riego, acceso a servicios financieros entre otros, el Gobierno presentará en septiembre próximo la ley de desarrollo rural ante el Congreso de la República, apenas concluyan las consultas con las minorías étnicas (proceso que no se completó cuando se iba a presentar el pasado estatuto de desarrollo rural).

Al respecto, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, explicó que la iniciativa (que busca consolidarse como estatuto) agrupará la legislación vigente para desarrollar áreas rurales que se encuentran dispersas. “La legislación sobre desarrollo rural está dispersa en muchas normas, que arrancan desde la Ley 200 de 1936 hasta la legislación de 1994”, dijo el ministro, quien explicó que otro pilar de la iniciativa es atender a la población rural, “que es cada vez más vulnerable”.

Dentro de los componentes de la ley está el ordenamiento de los usos de la tierra en el país, incentivos para mejorar la utilización del territorio, una política de desarrollo rural integrado, acceso a la propiedad, riego, servicios financieros, infraestructura productiva, formalización y fortalecimiento de las instituciones.

Restrepo explicó que en un plan para darle mejor uso a la tierra hay que enfatizar en el tema forestal, debido a que el potencial para hacer siembras de este tipo es de 11,4 millones de hectáreas, pero sólo hay sembradas 350.000, hecho que se suma a una extracción ilegal de madera, equiparable con la explotación minera que está fuera de la ley.

La iniciativa busca detener el crecimiento de la frontera agrícola, que ocupa casi 50 millones de hectáreas, pero de éstas sólo 5 millones se usan para cultivos (podrían emplearse 21 millones) y 38,5 millones para ganadería extensiva. Restrepo recalcó que el mapa del agro tiene “un manchón negro”, donde hay “concesiones para explotaciones mineras potenciales”.

El titular de la cartera agrícola aseguró que hay que cambiar el modelo de concentración de propiedad rural debido a que el 80% de los predios empleados para cultivar son más pequeños que una Unidad Agrícola Familiar (definida como terreno que garantiza ingresos mínimos para una familia).

Otro capítulo es el riego, catalogado como uno de los más olvidados por el Ministerio. “Represas regulatorias de agua o distritos de riego no se construyen hace 25 años. Hay 500 minidistritos que riegan el 10% de los cultivos”, dijo Restrepo, quien recalcó que hay proyectos onerosos, como el sistema de riego para Ranchería en La Guajira, que va a costar $1,2 billones. Allí, regar una hectárea saldría 10 veces más costoso.

Si la ley se aprueba, se crearán el Viceministerio de Desarrollo Rural, el Consejo Nacional de Tierras, la Unidad de Tierras y Adecuación, y se reestructurará el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Juan Mauricio Restrepo, subdirector de Planeación Nacional, dijo en relación con la iniciativa que “es la primera vez que se plantea un enfoque de geografía económica” y agregó que es urgente desarrollar la infraestructura del país para acortar las distancias entre los mercados. Dijo que hace ocho años había 1,8 personas pobres rurales por una urbana. Ahora, según Restrepo, la relación es de 1,7 frente a un individuo urbano.

Michael McKinley, embajador de Estados Unidos en el país, dijo que la formalización y restitución de tierras darán mejores condiciones de vida a los colombianos y dijo que la seguridad debe acompañar estos esfuerzos en términos de desarrollo rural.

Para reorganizar el campo colombiano y comenzar a apretar tuercas en áreas como propiedad rural, uso del suelo, riego, acceso a servicios financieros entre otros, el Gobierno presentará en septiembre próximo la ley de desarrollo rural ante el Congreso de la República, apenas concluyan las consultas con las minorías étnicas (proceso que no se completó cuando se iba a presentar el pasado estatuto de desarrollo rural).

Al respecto, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, explicó que la iniciativa (que busca consolidarse como estatuto) agrupará la legislación vigente para desarrollar áreas rurales que se encuentran dispersas. “La legislación sobre desarrollo rural está dispersa en muchas normas, que arrancan desde la Ley 200 de 1936 hasta la legislación de 1994”, dijo el ministro, quien explicó que otro pilar de la iniciativa es atender a la población rural, “que es cada vez más vulnerable”.

Dentro de los componentes de la ley está el ordenamiento de los usos de la tierra en el país, incentivos para mejorar la utilización del territorio, una política de desarrollo rural integrado, acceso a la propiedad, riego, servicios financieros, infraestructura productiva, formalización y fortalecimiento de las instituciones.

Restrepo explicó que en un plan para darle mejor uso a la tierra hay que enfatizar en el tema forestal, debido a que el potencial para hacer siembras de este tipo es de 11,4 millones de hectáreas, pero sólo hay sembradas 350.000, hecho que se suma a una extracción ilegal de madera, equiparable con la explotación minera que está fuera de la ley.

La iniciativa busca detener el crecimiento de la frontera agrícola, que ocupa casi 50 millones de hectáreas, pero de éstas sólo 5 millones se usan para cultivos (podrían emplearse 21 millones) y 38,5 millones para ganadería extensiva. Restrepo recalcó que el mapa del agro tiene “un manchón negro”, donde hay “concesiones para explotaciones mineras potenciales”.

El titular de la cartera agrícola aseguró que hay que cambiar el modelo de concentración de propiedad rural debido a que el 80% de los predios empleados para cultivar son más pequeños que una Unidad Agrícola Familiar (definida como terreno que garantiza ingresos mínimos para una familia).

Otro capítulo es el riego, catalogado como uno de los más olvidados por el Ministerio. “Represas regulatorias de agua o distritos de riego no se construyen hace 25 años. Hay 500 minidistritos que riegan el 10% de los cultivos”, dijo Restrepo, quien recalcó que hay proyectos onerosos, como el sistema de riego para Ranchería en La Guajira, que va a costar $1,2 billones. Allí, regar una hectárea saldría 10 veces más costoso.

Si la ley se aprueba, se crearán el Viceministerio de Desarrollo Rural, el Consejo Nacional de Tierras, la Unidad de Tierras y Adecuación, y se reestructurará el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Juan Mauricio Restrepo, subdirector de Planeación Nacional, dijo en relación con la iniciativa que “es la primera vez que se plantea un enfoque de geografía económica” y agregó que es urgente desarrollar la infraestructura del país para acortar las distancias entre los mercados. Dijo que hace ocho años había 1,8 personas pobres rurales por una urbana. Ahora, según Restrepo, la relación es de 1,7 frente a un individuo urbano.

Michael McKinley, embajador de Estados Unidos en el país, dijo que la formalización y restitución de tierras darán mejores condiciones de vida a los colombianos y dijo que la seguridad debe acompañar estos esfuerzos en términos de desarrollo rural.