Aprueban nuevo impuesto de guerra

El nuevo impuesto de guerra o impuesto al patrimonio fue aprobado esta tarde por las comisiones económicas del Congreso de la República.

La iniciativa busca gravar con el 0,6% a los capitales entre 3.000 millones de pesos y 5.000 millones y con 1,2% a los capitales superiores a 5.000 millones de pesos.

La propuesta gubernamental, a la que le falta aún el trámite en las sesiones plenarias de Cámara y Senado, pretende recaudar 3,3 billones de pesos anuales para lo que el gobierno ha denominado la consolidación de la seguridad democrática

Una de las discusiones se centró en los contratos de estabilidad jurídica. Los críticos sostienen que las cerca de 39 empresas que firmaron este contrato, debe cancelar el nuevo impuesto al patrimonio que empezará a regir desde 2011.

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, al término del debate en las comisiones económicas que aprobó extender el tributo para mantener la seguridad democrática, explicó que "es necesarios conservar la estabilidad, la confianza inversionista. El contrato de estabilidad jurídica es un instrumento creado por la ley, para eso se ejerce, para eso se suscribe para dar garantías de estabilidad en las condiciones a la inversión".

Ministro defiende estabilidad jurídica

El funcionario reiteró que quienes lo han suscrito y han hecho uso de este instrumento legal se debe respetarse en las condiciones allí pactadas.

El representante, Simón Gaviria, y los senadores Camilo Sánchez y Oscar Darío Pérez no se mostraron de acuerdo con los beneficios que se otorgan a las grandes empresas con el no pago del nuevo impuesto al patrimonio. El senador Pérez, a pesar de haber votado a favor de la iniciativa explicó que no está de acuerdo con la actual tarifa que favorece a las empresas que firmaron los contratos de estabilidad jurídica.

El ministro de Hacienda, dijo que no necesariamente se está favoreciendo a las grandes empresas de este país. "Tenemos que ver el listado", dijo.

Pero reiteró que (el contrato) es un instrumento que es de ley y de aplicación voluntaria y quienes cumplan las normas, el deber del Gobierno es darle cumplimiento.

Reiteró que "el contrato de estabilidad jurídica es un instrumento creado por la ley, no es un invento del Gobierno".
Indicó que de considerarse que las empresas exoneradas de este impuesto pagaran una tarifa de 1,2 por ciento, sobre patrimonios mayores a los 5.000 millones de pesos, "tendrían un impacto (para las finanzas públicas) de 190.000 millones de pesos".

Mesas de trabajo

El senador Gabriel Zapata, uno de los coordinadores ponentes del proyecto, anunció que se conformará una mesa de trabajo que junto con el ministerio de Hacienda, analizará la posibilidad de disponer de un porcentaje de los recursos obtenidos con la reforma, que asciende a 3,3 billones anuales, se dirija al sector de la salud y el agropecuario.

Sobre este aspecto el titular de la cartera de Hacienda indicó que esas proposiciones se van a discutir como quedó establecido con el grupo de ponentes.

"El gobierno va a insistir en la importancia de mantener el proyecto como está. Son recursos que ingresan a la bolsa general de la Nación para permitir la financiación de toda la inversión pública, en seguridad democrática, por eso el Gobierno está estudiando para el tema de la salud, la emergencia social para llevar recursos y solucionar las dificultades que tiene la salud en el país", dijo el funcionario.