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Los aranceles globales del 10 % impuestos por el presidente Donald Trump vuelven a estar en el centro de una disputa judicial en Estados Unidos. Aunque el pasado 7 de mayo el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos había ordenado frenar su aplicación al considerar que fueron adoptados de forma indebida, una corte federal de apelaciones suspendió temporalmente esa decisión. En la práctica, esto significa que los gravámenes continúan vigentes mientras se estudia el caso de fondo.
Este martes el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal aceptó la solicitud del Gobierno estadounidense de congelar el fallo anterior. Con ello, se abrió un nuevo calendario para que ambas partes presenten sus argumentos antes de que se decida si los aranceles pueden mantenerse o no.
El origen del conflicto está en la decisión de Trump de imponer, desde febrero, un arancel general del 10 % a la mayoría de las importaciones. La Casa Blanca justificó la medida bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta poco utilizada que permite aplicar tarifas temporales cuando existen problemas graves en la balanza de pagos o tensiones en el sistema financiero internacional.
Sin embargo, el Tribunal de Comercio Internacional, concluyó que esa base legal fue usada de forma incorrecta. Según ese tribunal, el Ejecutivo excedió los límites de la norma al imponer un gravamen prácticamente universal, cuando la ley prevé un uso excepcional, acotado y de duración limitada.
Ese fallo judicial debía empezar a regir esta semana, lo que habría frenado el cobro del arancel. Pero la intervención de la corte de apelaciones cambió nuevamente el escenario y dejó la medida en pie, al menos de forma provisional.
El Gobierno defendió su petición con un argumento práctico: si se detenía el arancel ahora y luego una instancia superior le daba la razón, sería muy difícil recuperar el dinero que tendría que devolver en reembolsos. En cambio, sostuvo que las empresas demandantes sí podrían ser compensadas posteriormente con devoluciones e intereses si la justicia termina declarando ilegales los cobros.
Más allá del debate jurídico, el caso tiene implicaciones económicas relevantes. Distintas estimaciones señalan que una derrota definitiva del Gobierno podría obligarlo a devolver cerca de 166.000 millones de dólares recaudados por este tipo de gravámenes.
También hay un límite de tiempo importante. La Sección 122 solo permite mantener estos aranceles durante 150 días. En este caso, la vigencia actual expira hacia finales de julio. Si la Casa Blanca quisiera extenderlos más allá de esa fecha, necesitaría autorización del Congreso.
De fondo la discusión pasa por definir no solo si Trump actuó dentro de la ley, sino también el margen que tiene el presidente para imponer medidas comerciales de este tipo sin respaldo legislativo. Un asunto nada menor si se tiene en cuenta que los aranceles se convirtieron en uno de los caballitos de batalla económicos más visibles del segundo mandato de Trump.
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