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Argentina postergó hasta 2021 los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares emitida en el país, calculada en unos US$9.800 millones, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, según un decreto publicado este lunes.
El gobierno de Alberto Fernández se libera hasta el 31 de diciembre de 2020 de pagar los bonos en dólares bajo ley argentina, que no son susceptibles de arbitraje internacional, a la espera de la negociación para reestructurar US$68.842 millones de su deuda con acreedores privados bajo jurisdicción extranjera.
El decreto no especifica el monto de la deuda reprogramada, pero los vencimientos restantes en 2019 son de unos US$9.800 millones, según estimaciones de economistas recogidas por la prensa local.
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"La crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 ha alterado los plazos previstos oportunamente en el 'Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa'", se explica en el decreto publicado en el Boletín Oficial.
A pesar de este retraso en el pago, al gobierno argentino le quedan por abonar este año unos US$3.500 millones en títulos en moneda extranjera emitidos bajo jurisdicción internacional.
"Parte del plan": Martín Guzmán, ministro de economía
"Esta decisión es parte del plan que trazamos para restaurar la sostenibilidad de la deuda. Un plan para sentar condiciones para una Argentina que se desarrolle con inclusión social cuando dejemos atrás estas durísimas circunstancias del COVID-19", tuiteó el ministro de economía, Martín Guzmán, este lunes al reproducir el decreto en la red social.Argentina trata de negociar la reestructuración de su deuda por 68.842 millones de dólares con bonistas privados bajo ley extranjera, y se proponía presentar una oferta antes del 31 de marzo, pero el cronograma se demoró en el marco de la crisis sanitaria y económica provocada por el nuevo coronavirus.
Se da por descontado que Argentina pedirá una quita importante de capital e intereses, un planteamiento respaldado por el Fondo Monetario Internacional, organismo con el cual el país tiene una deuda por 44.000 millones de dólares.
El texto del decreto sostiene que "resolver la situación de actual inconsistencia macroeconómica requiere de políticas de deuda como parte de un programa integral a los efectos de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar un sendero de crecimiento sostenible".
Esta medida del gobierno "constituye una pésima señal para los mercados y complica aún más el proceso de renegociación que se lleva adelante con los acreedores internacionales", advirtió el economista Luis Palma Cané a radio Mitre.
La deuda pública de la tercera economía de América Latina es de unos 311.000 millones de dólares, equivalente a un 90% de su PIB.
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