Por lo menos 2.700 contratos de prestación de servicios por 53.000 millones de pesos fueron firmados en la Contraloría General en la administración de Julio Cesar Turbay Quintero, reveló informe presentado por la Auditoría General de la República.
La nómina paralela en la Contraloría General, desnudada por el auditor General, Iván Darío Gómez, había sido advertida por la contralora General, Sandra Morelli Rico, días después de haber asumido en el organismo de control de las finanzas públicas.
En el informe sobre la gestión de las seccionales de la Contraloría General de la República, la Auditoría General determinó que esa gestión ha sido poco eficiente y efectiva.
Precisa el informe que de los 955.822 millones de pesos que registraron en procesos por responsabilidad fiscal en el año 2009, las 31 gerencias departamentales de la Contraloría General de la República, solo se recuperaron 5.700 millones de pesos.
Las gerencias de la Contraloría General están por debajo del nivel de recuperación de las Contralorías regionales, advierte el estudio presentado por la Auditoría. Explica que mientras las seccionales de la Contraloría General recuperaron el 0.6% de los dineros comprometidos en 2009, las Territoriales lo hicieron con el 1.83%.
El informe registra que del monto anteriormente mencionado se dejaron prescribir alrededor de 280 procesos por un valor superior a los 63.269 millones de pesos.
Advierte la Auditoría que de los 2.793 cargos que la Contraloría General tiene asignados al proceso misional, solo 263, es decir el 9.4% está asignado a sustanciar procesos de responsabilidad fiscal en las regiones.
Resulta preocupante que se hayan gastado 53.000 millones de pesos en 2.700 contratos de prestación de servicio, en los últimos 4 años, y la cobertura en la vigilancia a los sujetos de control por parte de la gerencias haya sido del 35.6%, denuncia el informe de la Auditoría.