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Tras la decisión de la Contraloría de dejar en firme el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el caso Hidroituango, EPM, responsable del proyecto, aclaró que este “no se encuentra en firme y ejecutoriado, razón por la cual los contratistas deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los diferentes contratos”.
Por su parte, el consorcio constructor CCC Ituango lamentó la decisión del ente de control y advirtió que se “pone en grave riesgo la continuidad de las obras necesarias para que el Proyecto Hidroeléctrico Ituango pueda entrar en operación en los tiempos previstos y para evitar el riesgo que el uso extendido del vertedero representa para las comunidades aguas abajo, a pesar de los múltiples llamados que desde diferentes sectores se le hicieron de manera oportuna al señor Contralor General de la República”.
Aparte de estas firmas, gremios del sector de energía y los servicios públicos en el país reaccionaron al billonario fallo por los sobrecostos y los retrasos en la megaobra, que promete entregar el 17 % de la energía que demanda Colombia. Pese a que algunos aseguran que no hay riesgo para el abastecimiento de energía en el corto plazo, dicen que la situación en el futuro puede cambiar.
Para Sandra Fonseca, directora de Asoenergía, es preocupante “cualquier elemento que haga que se retrase la entrada del proyecto Hidroituango”, pues se “pone en riesgo la seguridad energética del país”. Agregó que “el problema de que se demore la entrada las dos primeras unidades implica que se pone en riesgo al sistema ante un evento climático como El Niño o de falla de alguno de sus elementos y estrecha la posibilidad de atender la demanda a futuro. Estamos en un momento de reactivación económica, con una demanda que está creciendo, y hay que asegurar que se tenga una fuente como Hidroituango que respalde la energía del país”.
Para Alejandro Castañeda, director de Andeg, con las fuentes existentes y los proyectos próximos a entrar en operación, sobre todo términos, “existe la energía firme suficiente para respaldar el sistema en 2022 y 2023″. Sin embargo, “en 2024 uno ve que, así esté Ituango o no, ya comienzan a verse déficits entre la demanda, que viene creciendo considerablemente, y la oferta. Se necesita una nueva subasta de cargo por confiabilidad para expandir nuevamente el sistema y tener la energía firme”.
Camilo Sánchez, presidente del gremio de servicios públicos Andesco, expresó que no cree que con el fallo “esté en juego la puesta en marcha de este proyecto. Creo que hay mucha desinformación y unas peleas muy fuertes en la parte de Antioquia. Lo que estamos esperando es que haya confiabilidad, que Ituango entre el momento adecuado porque es muy importante para la seguridad energética”.
Finalmente, de parte del Gobierno, el ministro de Minas, Diego Mesa, manifestó que “si hay retrasos, obviamente hay preocupaciones respecto a cuándo va a entrar, pero no porque vayamos a tener una situación desabastecimiento este año o en 2022 o 2023. Esa no es la preocupación, pero, por supuesto, un proyecto de la naturaleza de Ituango garantiza tener mayor energía disponible y eso es más confiabilidad, sino también una oferta de competitividad para el sector y, obviamente, queremos que así se mantenga”.
