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Tumaco, 12 de diciembre de 1979, terremoto de 7.9 grados Richter, 450 muertos. Popayan, 31 de marzo de 1983, sismo de magnitud 5,5 en la escala de Richter, 300 muertos. Armero, 13 de noviembre de 1985, avalancha ocasionada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, 25 mil muertos. Medellin, 27 de septiembre de 1987, deslizamiento de tierra en el barrio Villatina, 500 muertos. La Plata, 6 de junio de 1994, desbordamiento del río Paez, 1100 muertos. Armenia, 25 de enero de 1999, fuerte terremoto, 500 muertos. Girón, 12 de febrero de 2015, avalancha de río de oro, 26 muertos. Salgar, 18 de mayo de 2015, desbordamiento de la quebrada Liborina, 84 muertos. Mocoa, 1 de abril de 2017, deslizamientos y avalanchas, 323 muertos. Manizales, 19 de abril de 2017, fuertes derrumbes, 17 muertos.
Estas son solo diez de las catástrofes que ha sufrido Colombia en los últimos años. A pesar de la fuerza impredecible de la naturaleza, la Asociación de Geólogos Egresados de la Universidad Nacional (Agunal), asegura que "buena parte de estas tragedias se habría podido evitar pues se tenía conocimiento previo de los fenómenos que finalmente las produjeron". De acuerdo con la asociación, es necesario reconocer que en la mayoría de los casos, las autoridades omitieron las alertas tempranas, no hicieron la prevención necesaria y se saltaron la planificación estratégica.
Agunal reconoce que a pesar de que todos los municipios del país están obligados a realizar estudios de riesgos, que permitan un desarrollo seguro y una gestión ambiental territorial sostenible, la mayoría de alcaldías municipales no cuentan con los presupuestos para adelantar los estudios requeridos y mucho menos para la ejecución de obras de mitigación, contingencia y reubicaciones. "A esto se le suma la situación social por la que atraviesa el país, en donde miles de personas han abandonado sus territorios por causa del conflicto armado, viéndose obligados a poblar las capitales, precisamente en zonas de alto riesgo y exponiendose a las avalanchas o debordamientos de los ríos".
Sin embargo, el problema de fondo, según Agunal, es que el país se ha dedicado a atender y a remediar las consecuencias de las tragedias y no a prevenir sus causas. "Continuamos siendo un país reactivo, es decir, acudimos a las soluciones de los efectos sobre la población, el ambiente y el territorio, acudiendo a la solidaridad nacional y mundial cuando suceden las denominadas catástrofes, aun cuando estas son previsibles y mitigables.para definir entre otros la reubicación de habitantes y obras de infraestructura a zonas estables o más seguras", añade uno de los investigadores.
El estudio de los geólogos de la Universidad Nacional propone utilizar las herramientas y los avances tecnológicos para hacer monitoreo permanente, tomar las medidas de prevención y continuar con estudios de seguimiento y actualización que cada municipio necesita para evitar que los desastres naturales afecten a la población. "Es necesario que se emprenda un proceso de educación a toda la población sobre los fenómenos naturales que ponen en riesgo los habitantes, la infraestructura y las actividades económicas. Este proceso educativo lo deben ejecutar las autoridades municipales y gubernamentales a través de los profesionales en geología, geotecnia, hidrología y medio ambiente y que sean expertos en evaluación de amenaza por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, sismicidad, vulcanismo e incendios forestales".