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En 2025 madrugó el debate del salario mínimo, una discusión que siempre ocurre a finales de año, ya que para su cálculo se emplean variables (como la inflación, la productividad y el PIB) cuya publicación se da en el último bimestre.
Sin embargo, desde septiembre se sentía que venía diciembre, ya que el día 23 de ese mes Fenalco anunció que no participará de la mesa de concertación, al considerar que no hay garantías para el debate ya que, definitivamente, este año el Gobierno de Gustavo Petro volverá a sacar el incremento por decreto (que es lo que le permite la ley cuando en la discusión no se llega a un acuerdo).
A su turno se pronunciaron otras agremiaciones empresariales que tienen asiento en la comisión de concertación, como la ANDI y la SAC, quienes señalaron que el Gobierno terminaría aumentando el salario mínimo en un 11 % para 2026.
La sorpresa es que hace unos días, el ministro del Interior (cartera que poco o nada tiene que ver en esta discusión, que solo compete al Ministerio de Trabajo y a los representantes de empresarios y trabajadores), Armando Benedetti, dijo que para 2026 el salario mínimo podría terminar en COP 1.800.000, cifra que se acerca bastante a la que habían anticipado los gremios (si se tiene en cuenta que hoy el salario mínimo más el auxilio de transporte es de COP 1.623.500).
Este panorama ha generado preocupación en distintos sectores, pues lo que ordena la ley es que el incremento sea concertado entre las partes que tienen asiento en la mesa. Ante la probabilidad de que el salario mínimo vuelva a registrar un aumento importante, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) emitió una serie de comentarios.
Según la ANIF, aunque el aumento del salario mínimo es clave para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, también impacta en los costos laborales de las empresas. Por eso, el ajuste no debe ser ni demasiado bajo ni excesivo, sino lo suficientemente preciso para generar beneficios sin efectos contraproducentes.
“Cuando el ajuste del salario mínimo supera significativamente la suma de la inflación y la productividad, se generan riesgos macroeconómicos importantes: presiones inflacionarias, encarecimiento del empleo formal que puede llevar a aumentos en la informalidad y mayores costos fiscales para el Estado”, explica la asociación.
El análisis que hace indica que, aunque el año empezó con un descenso sostenido en la inflación, en los últimos meses el comportamiento de este importante indicador no ha sido favorables, ya que entre junio y octubre, el índice de precios acumuló cuatro meses consecutivos al alza, pasando de 4,82 % en junio a 5,51 % en octubre, reflejando un leve repunte inflacionario.
La proyección que tiene ANIF es que la inflación cierre el año en 5,34 %. “En paralelo, se ha observado una desaceleración de la productividad laboral en lo corrido del año. El PIB por ocupado registró una caída de 1,2%, que obedece a que el número de ocupados crece a un ritmo mayor que el del PIB, un fenómeno que solo se había registrado en 2022 y 2023 durante la última década”, añade.
Más allá de los costos de contratación que asumen las empresas privadas, la ANIF recuerda que, debido a la indexación, el Estado también enfrenta obligaciones ligadas al salario mínimo, como el ajuste que debe realizar a las pensiones del régimen de prima media.
Se estima que, por cada punto porcentual adicional en el aumento del salario mínimo por encima del salario real, el gasto en pensiones del régimen de prima media se incrementa en cerca de COP 0,24 billones, lo genera presiones adicionales sobre las finanzas públicas y reduce el margen fiscal disponible para atender otras prioridades sociales.
“Para dar un ejemplo, con una inflación proyectada de 5,34% y un crecimiento de la productividad laboral de 2,2%, el aumento de referencia del salario mínimo, equivalente a 7,54%, implicaría un sobrecosto fiscal cercano a 0,5 billones de pesos solo en el régimen de prima media. Sin embargo, si el incremento del salario mínimo alcanzará el 10%, el impacto fiscal ascendería aproximadamente a 1,12 billones de pesos”, señaló la ANIF, al añadir que la estrechez fiscal que tiene actualmente el país limita la capacidad que tiene el Gobierno para absorber este tipo de incrementos.
Las dos orillas
Llegar a un acuerdo no es fácil porque, tradicionalmente, empresarios y trabajadores se paran sobre teorías económicas distantes.
Según lo han expresado en los últimos años los empresarios, subir demasiado el salario mínimo puede ser contraproducente, ya que aumenta los costos de contratación. Esto, a su vez, limita la capacidad de las empresas para vincular más personal o, en algunos casos, las lleva a reducir su planta. Además, advierten que, para compensar ese incremento en los costos, muchas veces se ven obligadas a subir los precios de sus productos y servicios, lo que termina alimentando la inflación.
Se espera que este año ese argumento tome más fuerza, ya que al aumento del salario mínimo se sumarán los costos que traerá la reforma laboral, como la ampliación de la jornada nocturna y el incremento en los recargos por trabajo en días de descanso.
Las centrales obreras, por su parte, señalan que un buen incremento del salario mínimo se traduce en empleados con un mayor poder adquisitivo, lo cual deriva en un crecimiento en el consumo y, por ende, más ventas e ingresos para las empresas que, para atender la creciente demanda, tendrán que contratar a más trabajadores.
Como lo ha plasmado en sus decretos, la postura del presidente Petro se alinea con la de los sindicatos. Recientemente destacó que, aún con las considerables alzas que ha tenido el mínimo en los últimos años, el desempleo ha retrocedido (en septiembre alcanzó la tasa más baja que se ha registrado para ese mes desde el año 2001, al consolidar un 8,2 %).
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, muestra una visión que parece conciliar entre ambas posturas. Por un lado reconoce que un incremento desmedido puede traer presiones inflacionarias, ya que la demanda superaría la oferta y, en ese desequilibrio, los precios suben. Por el otro coincide en que un acertado aumento en el poder adquisitivo puede traer ese círculo virtuoso del que hablan los sindicatos.
“El beneficio asociado a los ingresos de las personas que ganan el mínimo, y el de los que se puedan beneficiar del aumento de esa demanda agregada, también implica unos retos importantes para la consecución de la meta de inflación y, por lo tanto, esos retos que se generan y los beneficios que se generan deben compatibilizarse y buscar puntos de equilibrio que permitan resultados satisfactorios para el conjunto de la sociedad”, señaló luego de la más reciente reunión de tasas de interés de la entidad.
En palabras más coloquiales, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. El alza del salario mínimo no puede ser una cifra tomada a la ligera, sino más bien el resultado de un cálculo minucioso.
El calendario del mínimo
En los últimos días, el ministro Sanguino sorprendió con unas declaraciones que hizo durante una entrevista con la periodista María Jimena Duzán. El jefe de la cartera laboral dijo que esta semana iba a instalar las sesiones de la comisión de concertación para empezar a discutir el incremento del salario mínimo.
Este anuncio es sorpresivo dado que, como se mencionó al inicio de este artículo, lo habitual es que las discusiones arranquen bien sea en la última semana de noviembre o en la primera de diciembre, que es cuando se aproxima a tener un escenario más claro de cómo cerrará macroeconómicamente el año el país, y qué se proyecta para el que viene.
El Espectador consultó a varios de los protagonistas de la mesa de concertación y todos señalaron que, hasta la fecha, no han sido citados por el Ministerio de Trabajo.
Según lo establece la Ley 278 de 1996, la comisión tiene hasta el 15 de diciembre para definir el aumento del salario mínimo. En ese periodo, el DANE y el Banco de la República entregan los datos macroeconómicos que sirven de base para que empresarios y trabajadores formulen sus propuestas. Luego, estas se presentan y, en los días siguientes, ambas partes exponen sus argumentos con la esperanza de llegar a una cifra que beneficie a todos.
Si no se llega a una concertación, la o las partes que no estén de acuerdo deben explicar, por escrito, sus salvedades. Estas se deben presentar en no más de 48 horas siguientes al 15 de diciembre. Lo que se hace en ese escenario es estudiar esos argumentos y fijar una posición. Para eso, se tienen otras 48 horas.
En esos días el Ministerio de Trabajo tiene encuentros unilaterales con centrales obreras y gremios, con la intención de aceitar la negociación y llegar a un punto que sea aceptable para ambas partes.
Pasado ese tiempo, todos vuelven a reunirse para intentar lograr un consenso antes del 30 de diciembre. Si definitivamente no se llega a un acuerdo, ese mismo día el presidente debe fijar el incremento teniendo en cuenta la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB y del IPC.
¿Habrá concertación?
Aunque todos los años tienen sus particularidades que, de entrada, dificultan un acuerdo en torno al mínimo, las de este año parecen ser especiales.
En primer lugar, desde septiembre Fenalco anunció que este año no participará en la mesa de concertación. Según su presidente, Jaime Alberto Cabal, la decisión obedece a que, en su opinión, no existen garantías para una discusión real, pues considera que el Gobierno volverá a definir el incremento del salario mínimo por decreto, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
En su momento, la ANDI y la SAC dijeron a medios de comunicación que participarán en la mesa, como lo demanda la ley, pero coinciden en que el Gobierno tendría la intención de poner una cifra, la cual sería del 11 %.
También es cierto que este es un año preelectoral, por lo que existe la posibilidad de que las discusiones en la mesa adquieran un matiz más político que técnico.
Por último, está la presión inflacionaria. La meta del Banco de la República de llevar la inflación al 3 % se ha venido postergando, y las proyecciones más recientes indican que solo se alcanzaría en 2027, con una reducción más marcada a partir de 2026. Aunque el salario mínimo no es el único factor que incide en los precios, un aumento demasiado alto sí podría frenar el ritmo de desaceleración que se espera para los próximos años.
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