“Aún hay amenazas de seguridad para el censo”: ONIC

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic. / Archivo

Colombia lleva más de una década sin un censo de población, pero la recomendación a nivel internacional es que estas mediciones se hagan por lo menos una vez cada 10 años. El país, en 2014, dio un paso importante, pues llevó a cabo el primer censo nacional agropecuario en 45 años. Sin embargo, no cabe duda de que una radiografía completa de quienes habitan en el país es una herramienta fundamental para la formulación de la política pública, y con mayor razón de cara al posconflicto.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), había anunciado la elaboración del censo para 2016, con costos superiores a $300.000 millones. Pero factores como la falta de asignación de presupuesto y las diferencias en los procesos de concertación han surgido en el camino hacia el operativo censal. Tras una reunión con el Ministerio de Hacienda, el DANE informó la semana pasada que la medición estadística comenzará en enero de 2018.

Entre las organizaciones que han formado parte del proceso de preparación para el censo, y que han sido críticas con las demoras en su elaboración, está la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). En entrevista con este diario, Luis Fernando Arias, consejero mayor de esta organización, señala la importancia de tener las estadísticas actualizadas sobre la población indígena del país, que se encuentra entre los grupos de población más afectados por el conflicto armado y la pobreza.

Entre los acuerdos alcanzados con el Dane está el punto del formulario que pregunta a los censados cómo se autorreconocen: indígena; gitano o rrom; raizal; palenquero; negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, o de ningún grupo étnico. En ese sentido, se elimina la posibilidad de preguntar si una persona se reconoce como blanca, mestiza u otras categorías.

¿Cómo avanza el proceso de concertación del censo con el Gobierno?

Concluimos la primera parte, que fue la concertación del formulario censal, a comienzos de febrero. En ese aspecto hubo acuerdos con el DANE y el documento técnico está cerrado. Ahora la segunda parte es el proceso de consulta y concertación de cómo será el operativo censal. En eso estamos ahora, en terreno en todo el país con tres equipos de trabajo simultáneo de la ONIC y DANE. Departamento por departamento estamos haciendo la georreferenciación de las comunidades para poder identificar cuántos censistas, coordinadores y supervisores se requerirán para adelantar el censo en esas regiones, así como los tiempos. Esa etapa debe estar culminando a finales de marzo. Luego de eso viene la protocolización en la mesa permanente de concertación, en abril, en la que se establecen los acuerdos políticos. Luego vendría el proceso de sensibilización, difusión y visibilización en las comunidades, en vista del anuncio que han hecho el director del DANE y el Ministerio de Hacienda sobre que el censo será en 2018. El segundo semestre de este año deberá dedicarse a hacer la pedagogía del censo, la contratación del personal indígena, en general, preparado para arrancar en el primer semestre de 2018.

¿A qué tipo de “acuerdos políticos” se refiere?

La mesa de concertación es la instancia de concertación de más alto nivel que tenemos los pueblos indígenas y es donde se protocolizan los acuerdos, ahí llega el Ministerio del Interior, el director del DANE, la cabeza de cada entidad y se hacen los acuerdos finales con perfil político, como cuántos censistas serán, coordinadores, supervisores, manejo operativo, administrativo, los tiempos, la ruta. Otros escenarios son técnicos.

¿Hay un estimado de cuánto tardaría la recolección de la información?

No lo hemos discutido porque apenas estamos en el proceso regional, una vez sistematicemos la información en las regiones podremos hacer esas proyecciones.

El formulario de preguntas, tanto para los indígenas como para las comunidades afros, es algo muy sensible, sobre todo la pregunta de autorreconocimiento. ¿A qué acuerdo llegaron?

Hubo acuerdo, retomamos la pregunta de 2005 porque para nosotros fue efectiva y eficiente. En 2005, en comparación con el censo de 1993, la población indígena se duplicó y en parte es consecuencia de la pregunta. Había otra propuesta que era mucho más larga y enredada, y optamos por quedarnos con la pregunta de 2005.

¿A qué otros acuerdos llegaron?

A incluir (reconocer) el concepto de territorio ancestral. El Gobierno no quería incorporarlo, sólo resguardo o comunidades. Pero ese concepto es muy importante.

¿Qué importancia tiene para la ONIC este censo de cara al posconflicto?

Lamentamos que este censo se haya venido dilatando, lo necesitábamos para el momento en el que estamos hoy. El plan marco para la implementación de los acuerdos que se va a acordar se hará sobre la base de una población en Colombia incierta y sobre todo de la población rural del país. Una vez salga el censo, todos estos instrumentos de política pública que se están desarrollando en el marco del posconflicto tendrán que de alguna manera adecuarse a esa realidad social, demográfica y poblacional del país. Si no, estaremos en un marco de política apuntando a una población que no existe.

Con el anuncio de este censo se ha dicho que podrá llegar a partes adonde antes no se podía por el conflicto con las Farc, pero, ¿ve amenazas de orden público?

Por supuesto, hoy hay regiones en donde había presencia de las Farc y que hoy están en manos de los paramilitares. Son regiones que estarán en una situación más compleja que antes y habrá mayores problemas de seguridad. No es cierto que no vaya a haber problemas de seguridad, los hay, el país los conoce, y necesitamos que el Estado lo resuelva prontamente.

¿Eso lo han discutido en el marco del censo?

No, se hará en la mesa de concertación.