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Las autopartes ilegales siguen causando preocupación. Según los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), de enero a julio se han reportado 19.638 motocicletas hurtadas, 5.100 vehículos y 2.900 autopartes.
Todo esto ha representado pérdidas económicas que rondan los $410.000 millones.
El contrabando es otro flagelo que se suma. Según la DIAN, el 10 % de los repuestos que ingresan al país lo hacen de forma ilegal. Cifras más granulares muestran que de los US$2.600 millones que se importaron en 2024, unos US$260 millones habrían entrado por canales irregulares. Todas estas actuaciones erosionan el tejido empresarial formal, así como la seguridad vial y el bolsillo de los colombianos.
“El circuito ilegal inicia con el hurto, se alimenta del contrabando y termina compitiendo deslealmente con el comercio formal. El resultado es doblemente grave: mayor riesgo en las vías por piezas sin certificación y menos empleo de calidad en talleres, distribuidores y fabricantes que cumplen la ley”, explica Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de Asopartes, Asociación del Sector Motriz y sus Partes.
Según Asopartes, los vehículos más afectados son los Toyota, KIA, Chevrolet y Mazda. En el segmento de motocicleta se destacan las Bajaj y AKT.
La asociación precisa que las autopartes más apetecidas por las estructuras criminales, por su alta rotación y márgenes de ganancia, son los espejos laterales, las unidades de control electrónico (ECU) y las llatas.
“El impacto es transversal: desplaza ventas, reduce el flujo de caja, encarece los seguros y frena la inversión en inventarios y tecnología. Cada pieza robada o de contrabando es una venta menos para el comercio legal; eso se traduce en menos capacitación técnica, menos innovación y menos puestos de trabajo formales en la cadena del aftermarket”, agregó el ejecutivo.
Ante este panorama, la asociación propone un plan de acción contra la ilegalidad con cinco ejes estratégicos:
● Control y trazabilidad: reforzar inspección, vigilancia y control (IVC) en frontera, bodegas y comercio minorista, y masificar la trazabilidad por serial en partes críticas.
● Compras seguras: promover la verificación de origen y la certificación técnica bajo normas internacionales en cada transacción.
● Judicialización efectiva: priorizar la receptación de autopartes y desmantelar las cadenas de distribución ilegal.
● Cultura del repuesto legal: impulsar campañas ciudadanas, un sello de confianza en puntos de venta y listas blancas de proveedores certificados.
● Empleo y capacitación: proteger la empleabilidad con programas de formación técnica (diagnóstico electrónico, ADAS, seguridad activa) y promover compras públicas que favorezcan a proveedores formales.
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