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Concluyó sin acuerdo el plazo que se habían trazado para solucionar el conflicto sobre la ampliación del Canal de Panamá, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá. Con la ruptura de las negociaciones, el proyecto que va en un 70% podría tambalear y el conflicto trasladarse a los tribunales.
En un duro comunicado, el grupo español Sacyr que hace parte del consorcio junto a la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana, criticó la posición rígida que han tomado los negociadores panameños y dijo que las obras están en "riesgo inminente" de paralizarse. A pesar de esto, insistieron que su intención es negociar y llegar a un pacto sobre la financiación.
Tras conocerse la tensa situación, Sacyr sufrió una dura caída en la bolsa. Sus acciones perdieron un 7,04% del valor que tenían al principio de la semana cuando el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli había afirmado que las partes estaban "cerca" de llegar a un acuerdo.
"La ruptura de las negociaciones pone la expansión del Canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente", afirmó Sacyr en su comunicado y advirtió que "sin una solución inmediata, los socios enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso”. Estos "años de litigios y arbitraje en las jurisdicciones de todo el mundo dejará una sombra continua sobre el grupo y el Canal de Panamá".
La causa del conflicto entre los socios han sido los sobrecostos de la obra. El consorcio constructor le reclama a la Autoridad del Canal de Panamá unos 1.600 millones de dólares extra al presupuesto inicial. Este sobrecoste se debe, según el GUPC, a "condiciones geológicas imprevistas". Para los panameños la cifra es desproporcionada pues equivale al 50% del contrato inicial que rondaba los 3.200 millones de dólares.
El consorcio constructor, conformado por Sacyr, , ha propuesto compartir "la carga del financiamiento hasta la terminación del proyecto a través de un cofinanciamiento 50%-50%" y que después un tribunal internacional de arbitraje decida quién era el responsable de esos costos. Para los panameños la solución propuesta va en contravía del contrato inicial.
Por El Espectador
