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Por, presuntamente, no cumplir con sus obligaciones de control de la ilegalidad y la informalidad en el transporte, la Superintendencia de Transporte formuló cargos a diez organismos que tienen presencia en municipios de departamentos como el Valle del Cauca, Meta y Antioquia, entre otros.
“Se han encontrado méritos para formular cargos por presuntamente no utilizar eficientemente sus recursos para mitigar esta problemática en cada una de sus jurisdicciones”, señaló la superintendencia.
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Según lo explicado por el superintendente de Transporte, Wilmer Arley Arias, la formulación de cargos se hace por la competencia que tiene la entidad, con base en sus facultades de vigilancia, inspección y control.
“La legalidad, la equidad y la transparencia son las políticas fundamentales del Gobierno Nacional y deben ser cumplidas siguiendo lo dispuesto en la normatividad vigente para nuestro sector, entre otras cosas, con el fin de propender por los principios de seguridad, calidad y libre acceso en la prestación del servicio a los usuarios y la sana competencia entre los empresarios”, manifestó el funcionario.
Estas son los diez organismos investigados:
Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta (Antioquia)
Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira (Valle del Cauca)
Secretaría de Movilidad de Itagüí (Antioquia)
Secretaría de Movilidad de Copacabana (Antioquia)
Secretaría de Movilidad de Sincelejo (Sucre)
Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo (Valle del Cauca)
Secretaría de Movilidad de Villavicencio (Meta)
Secretaría de Tránsito Distrital de Tumaco (Nariño)
Secretaría de Tránsito y Transporte de La Tebaida (Quindío)
Secretaría de Transporte y Tránsito de Caldas
La superintendencia también detalló que el inicio de esta investigación se hizo como respuesta a una serie de múltiples quejas ciudadanas, que manifiestan que en estos municipios y ciudades se presentan fenómenos de ilegalidad e informalidad en el transporte público, y que por tanto consideran que los organismos de control no están haciendo lo necesario para combatir estas problemáticas.
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“La Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre requirió a los diez organismos de tránsito mencionados, a efectos de verificar qué labores han realizado y realizan en pro de la prestación del servicio formal y legal de transporte en sus respectivos municipios y/o ciudades. Una vez analizadas las respuestas otorgadas por cada organismo de tránsito, sumado a las quejas presentadas por la ciudadanía se evidencia que, presuntamente, no han utilizado eficientemente los recursos con los que cuentan y no han realizado las gestiones necesarias para mejorar o ampliar instrumentos para combatir la ilegalidad y la informalidad presentes en el transporte público en su jurisdicción”, detalló el ente de control.
De ser encontrados responsables, los organismos podrían recibir sanciones que las obliguen a cumplir con la normativa que rige en el país con relación a este tema. Si persisten en la omisión, estos organismos podrían recibir sanciones hasta de 700 salarios mínimos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 336 de 1996.
