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Este lunes, un grupo de economistas, exministros y académicos hicieron pública una carta en la que presentan diferentes propuestas de cara a la discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2021, luego de que no fue posible alcanzar un acuerdo tripartito.
Los firmantes de la misiva, varios de los cuales vienen trabajando en una Misión Alternativa de Empleo, opinan que la reflexión sobre el salario mínimo “ha sido muy restringida” y no contempla todos los posibles enfoques en tiempos de una crisis económica y social que viene desde antes de la pandemia.
La mesa está compuesta por figuras como Eduardo Sarmiento, Ricardo Bonilla, Diego Otero (presidente de ACECR) y los exministros Amilkar Acosta, Clara Lopez Obregon, Cecilia López y Camilo González Posso, además de centros de pensamiento como la Asociación de Economista de la Universidad Nacional, Cedetrabajo, Educar Consumidores y la Escuela Nacional Sindical (ENS).
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El grupo afirma que se deben contemplar más factores además de la inflación para determinar el aumento del salario. “Hoy que se registran bajos niveles de inflación –por debajo del 2 %– consideramos que hay buen espacio para ampliar el debate y sacarlo del mito inflacionario, con el fin de promover un aumento salarial no limitado al IPC y activando un seguimiento detallado a los efectos de la medida”, dice la carta.
Además, afirman que los salarios bajos son un incentivo para no aumentar la productividad y dicen que no hay ninguna evidencia de que tenga impactos favorables en el empleo. “Tal vez la evidencia sea contraria, sin mencionar la calidad de los puestos de trabajo, en términos de trabajo decente”, señalan.
En esa línea, cuestionan que la productividad total de los factores (PTF) sea una medida para definir el incremento del salario y sugieren que se deje de lado. “Estos cálculos implican supuestos arbitrarios sobre la forma de la llamada “función de producción” y las variables que la componen (capital, trabajo y cambio técnico). Es una econometría densa que oscurece el debate y termina convirtiéndose en una ‘Caja Negra’”.
En su lugar, opinan que se deben adoptar mediciones de productividad media del trabajo e incluir la productividad promedio por hora, que se utiliza en las principales agencias internacionales y en otros países.
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Sobre la estructura de costos de las empresas, el grupo afirma que hay factores diferentes al salario que pueden tener mayor relevancia. “Por ejemplo, si el crédito es relativamente alto, el costo del capital puede ser significativo e impactar de manera negativa la rentabilidad de la empresa. El mismo efecto puede tener el pago a proveedores diferido en el tiempo, el cual en 2019 alcanzó 96 días en promedio en el país”, sugieren.
También señalaron que durante los últimos años, la reducción de los parafiscales (como contribuciones al Sena o al ICBF) no ha ido a la par con aumentos del empleo. “Por tanto, no se puede establecer una relación de causalidad directa entre menos parafiscales y más empleo”.
La mesa alternativa también recordó que el país está experimentando aumentos en la incidencia de la pobreza, situación que se agravará en 2021 a raíz de los efectos de la pandemia. Como las personas más vulnerables han resultado ser las más afectadas, advierten que “no es conveniente empeorar su situación con incrementos bajos en el salario, porque afecta el mínimo vital consagrado en la constitución y deprime el consumo de los hogares”. A ello se le suma que el salario mínimo constituye un referente para otros salarios.
Con respecto a la demanda, la mesa resaltó que esta depende de un aumento importante del salario mínimo, del apoyo con subsidios de nómina a las pequeñas empresas que generen nuevo empleo y un plan de emergencia de empleo público y con obras públicas.
Propuestas a mediano y largo plazo
En la carta, los economistas y académicos dicen que la pandemia en perspectiva de cambio climático ha alertado al mundo “de la necesidad de una renovación del pensamiento económico para asumir los riesgos crediticios y financieros que se avecinan”, por lo que el crecimiento “verde alternativo” es un imperativo.
Afirman que los sectores más contaminantes, los hidrocarburos y los minerales, “son precisamente los que generan menos empleo”, por lo que opinan que se requiere de una transición energética diferente, que redireccione la inversión hacia las nuevas energías verdes, la reindustrialización y la agricultura. “Hasta los bancos centrales de países desarrollados están llegando a la conclusión de que la inflación ya no es el problema y debaten nuevos campos de acción como el fomento del cambio de la matriz energética”, opinan.
En materia financiera, dicen que el Banco de la República debería mantener las tasas de interés bajas para abaratar efectivamente el crédito a las empresas (en especial a las Mipymes) y a los hogares, “de la misma manera que el gobierno debería intervenir efectivamente la tasa de usura, fomentar y garantizar el microcrédito para superar las distorsiones del llamado “gota a gota”.
Además, insisten en que la propuesta de una renta básica de emergencia o un ingreso ciudadano debería ser acogida por el gobierno y adoptada por el Congreso de la República con el fin de garantizar ingresos a las familias pobres y a las que perdieron su empleo e ingresos.
“Frente al estado de crisis de la economía, del empleo, en la distribución del ingreso y de la pobreza se hace necesaria una agenda alternativa de empleo, ingresos y restructuración productiva convocando a todos los sectores representativos de la sociedad, incluyendo la academia, los gremios y los sindicatos, y el apoyo de organismos internacionales como la OIT, la CEPAL y el PNUD”, concluyó la carta.
En las sesiones de la mesa de concertación del salario mínimo para 2021, los empresarios aseguraron que el incremento no puede estar por encima del 2,7 %, su última oferta. Los trabajadores, por su parte, afirmaron que los hogares necesitan ingresos para poder adquirir bienes y servicios y, a su vez, reactivar la economía.
Como no hubo acuerdo durante la séptima sesión de dicha mesa, el gobierno tiene hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto por el cual se adopta el salario mínimo y el auxilio de transporte para el próximo año.
