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Durante una audiencia en el Congreso, el Banco de la República se refirió al proyecto de ley de los senadores Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y David Barguil, del Partido Conservador, que busca reformar la Ley de Habeas Data (la 1266 de 2008). La iniciativa, que va para tercer debate, tiene dos grandes propuestas: por un lado, pretende reducir el tiempo máximo de prevalencia de los reportes negativos en las centrales de riesgo una vez termine la mora, de cuatro a dos años. También busca dar una amnistía de seis meses para que los colombianos se pongan al día con sus deudas: si pagan tendrán borrón y cuenta nueva en estas entidades.
La propuesta de limpiar los registros de las centrales de riesgo es la que más ruido ha generado en el país. El senador Barguil ha defendido esta iniciativa argumentando que es una oportunidad para que los colombianos puedan recuperar su buen puntaje en las centrales de riesgo. Esto les permitiría volver acceder a nuevos créditos y obtener sin problemas servicios como los de telefonía móvil.
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Pero, aunque millones de colombianos reportados se encuentran expectantes de la aprobación de esta iniciativa, a nivel técnico cuenta con una fuerte oposición. Por ejemplo, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, indicó ante la Comisión I de la Cámara de Representantes que “la iniciativa tiene los mejores propósitos, pero podría generar peores resultados. Cuando los bancos no tienen suficiente información asumen que la gente es mala paga y elevan sus tasas o recortan los montos de crédito”.
Asimismo, algunos codirectores del Emisor también intervinieron en el debate. Ana Fernanda Maiguashca dijo que “la información es el activo a trabajar. La innovación tecnológica sirve para lograr más información del deudor. Hay colombianos con capacidad de pago, pero en la informalidad y no lo sabemos”.
Por su parte, el codirector Gerardo Hernández aseguró que el proyecto “pone en riesgo el desarrollo del sistema financiero. Las centrales de riesgo tienen información positiva y negativa y la positiva es clave para el acceso al crédito”.
La oposición no es solo del Banco de la República. En el último par de meses se ha forjado un fuerte consenso entre los analistas de que el proyecto de ley podría traer repercusiones negativas para tanto el sector financiero como para sus usuarios.
Juan Pablo Granada, presidente de Customer Index Value (CIV, empresa de estudios de mercado), le dijo a El Espectador el pasado 3 de abril que “la propuesta es comparable a decir que van a sacar a todos los presos porque las cárceles están llenas y decir que van a hacer borrón y cuenta nueva con las leyes colombianas. Este tipo de iniciativas populistas en vez de ayudarles a los colombianos los afecta, pues puede implicar mayores costos (como mayores intereses). Las centrales de riesgo son entidades necesarias para el sistema financiero que existen en todo el mundo”.
Queda menos de un mes para que esta propuesta sea aprobada por el Congreso en esta legislatura, y los dos debates que le quedan se realizarán con una fuerte oposición a nivel técnico.