Campesinos mantienen bloqueada la vía que conecta a Bucaramanga con San Gil
Comunidades campesinas con presencia en los páramos protestan contra la Ley 1930 de 2018. ¿Qué dice esta ley y por qué aseguran que afecta la propiedad privada y sus actividades económicas?
Persisten los bloqueos en la vía que conecta a Bucaramanga con San Gil. Desde ayer comunidades campesinas con presencia en los páramos de Santurbán, Almorzadero, El Cocuy, Norte y Gutiérrez se han manifestado en la carretera contra la ley 1930 de 2018, de la que dicen, afecta su derecho a la propiedad privada y al trabajo.
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“No a la delimitación de los páramos de Colombia, no a la Ley 1930, normas y resoluciones. Por el derecho a la propiedad privada, al trabajo, la vida y la soberanía alimentaria. Unidos venceremos”, se lee en una de sus pancartas. A la hora, son casi 1.000 campesinos los que mantienen la vía bloqueada.
¿Qué dice la ley?
Esta ley, que cuenta con la firma del Ministerio de Ambiente, así como la cartera de Minas y Energía, establece una serie de prohibiciones que puede afectar el desarrollo de sus actividades económicas.
Puntualmente se prohíbe, desde los 2.500 metros sobre el nivel del mar en zonas de páramo: la exploración y explotación minera y de hidrocarburos; el uso de maquinaria pesada; las quemas; las talas; la fumigación y aspersión de químicos; la degradación de cobertura vegetal nativa; y los demás usos que resulten incompatibles con la conservación de estos ecosistemas.
En la práctica, esto limita la producción agrícola de las comunidades campesinas que por décadas han subsistido de este tipo de actividades económicas. Aunque en la ley también se establece que se podrán realizar actividades agrícolas de bajo impacto, siempre y cuando se cumplan con ciertos lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente.
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Para levantar el bloqueo, las comunidades campesinas solicitan que el presidente Gustavo Petro se reúna con ellos para llegar a nuevos acuerdos. Parte de las propuestas que tienen sobre la mesa es que el límite de delimitación pase de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, a los 3.500 metros sobre el nivel del mar.
Hay que tener en cuenta que el objeto de la mencionada ley es establecer como ecosistemas estratégicos los páramos, amén de fijar las directrices que permitan su integralidad, preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento.
Una situación que podría agravar la inflación
En 2022 el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más impulsó el crecimiento de la carestía, la cual cerró el año en un 13,12 %. Aunque las proyecciones apuntan a que el precio de los alimentos comience a bajar en 2023 (por la reducción en los costos de los insumos que son importados), los bloqueos en las vías tienen un alto potencial para jugar en contra.
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Hay que recordar que desde hace unas semanas permanece el bloqueo (por derrumbe) en la vía Panamericana, lo que ha mantenido al departamento de Nariño incomunicado por vías terrestres. Al ser un departamento productor, especialmente de tubérculos y lácteos, persiste la amenaza de carestía en este tipo de alimentos. Además, por la afectación en la movilidad, el costo de los fletes se ha incrementado y el país ya está importando insumos que antes no se tenían previsto, como el alimento para los animales (que recibió la aprobación del ICA para ser importado desde Ecuador).
Este nuevo bloqueo también podría afectar la distribución de alimentos desde y hacia el norte del país, lo que podría ser contraproducente para la lucha contra la inflación.
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¿Qué dice la ley?
Esta ley, que cuenta con la firma del Ministerio de Ambiente, así como la cartera de Minas y Energía, establece una serie de prohibiciones que puede afectar el desarrollo de sus actividades económicas.
Puntualmente se prohíbe, desde los 2.500 metros sobre el nivel del mar en zonas de páramo: la exploración y explotación minera y de hidrocarburos; el uso de maquinaria pesada; las quemas; las talas; la fumigación y aspersión de químicos; la degradación de cobertura vegetal nativa; y los demás usos que resulten incompatibles con la conservación de estos ecosistemas.
En la práctica, esto limita la producción agrícola de las comunidades campesinas que por décadas han subsistido de este tipo de actividades económicas. Aunque en la ley también se establece que se podrán realizar actividades agrícolas de bajo impacto, siempre y cuando se cumplan con ciertos lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente.
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