Campo: la infraestructura no aguanta

La última entrega del Censo Nacional Agropecuario dio cuenta de que sólo 16 de cada 100 productores tienen maquinaria para desarrollar sus actividades agropecuarias. De acuerdo con el DANE, en Antioquia, Santander, Tolima, Huila y Cundinamarca se encuentra el 41,9% de las unidades productoras agropecuarias (UPA) del área rural dispersa que poseen maquinaria. El censo tomó en cuenta maquinaria liviana y pesada, lo que quiere decir que quien no accede a ella no tiene equipos que van desde una guadaña hasta un tractor.

La UPA es la unidad de observación y análisis que tomó el DANE. Puede estar formada por uno o más predios, tiene producción agropecuaria, un solo productor y utiliza medios como maquinaria o mano de obra. El mayor acceso a maquinaria se da en las UPA superiores a mil hectáreas. Vale recordar que sólo el 0,2% de las UPA en el total nacional tiene mil hectáreas o más, pero ocupa el 32,3% del territorio.

El 16,8% de las UPA tienen construcciones para el desarrollo agropecuario. De nuevo, los mismos departamentos, menos el Tolima, tienen el liderazgo en acceso a construcciones, y las UPA de más de mil hectáreas son las aventajadas. En un grado un poco mayor, pero aún alarmante, hay acceso a riego: 18% de los productores tienen un sistema para tal fin. Allí, las UPA entre 500 y 1.000 hectáreas son las de mayor acceso.

Un dato que el DANE confirmó fue el bajo acceso a asistencia técnica: sólo uno de cada 10 productores la ha recibido, con las UPA de más de 100 hectáreas a la cabeza. Se ratificó el bajo acceso a financiamiento, pues 11 de cada 100 productores pidieron un crédito. Al 89,8% se lo aprobaron. Los destinos de esos recursos fueron en su mayoría la compra de insumos y el pago de la mano de obra. Y algo que en ese panorama es alentador es que la aprobación de crédito es relativamente pareja en cualquier tamaño de UPA.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, ha dicho en más de una ocasión, incluso durante la presentación de los resultados preliminares del censo frente al presidente Juan Manuel Santos, que cree que los productores en el campo no necesitan subsidios directos sino bienes públicos. La carencia de ellos ha sido un factor determinante en las desigualdades, no sólo entre el mundo rural y el urbano, sino entre los pequeños y grandes productores. Los pequeños, además de trabajar poca tierra, se quedan en un círculo vicioso sin asistencia técnica o infraestructura.

No sobra decir que el asunto es tan relevante que es uno de los pilares del acuerdo agrario entre el Gobierno y las Farc. Las vías, los distritos de riego, la asistencia técnica, las líneas especiales de crédito, el aseguramiento, entre otros aspectos, tendrán que integrarse en planes para “lograr una reducción radical de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema”, según lo publicado de las negociaciones.

La semana pasada el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció el plan Colombia Siembra, para los próximos tres años, con un presupuesto de $1,6 billones, el cual pretende aumentar en un millón de hectáreas el área cultivada del país. Varios de los asistentes a la presentación en la ciudad de Santa Marta, incluso el ministro, no dudaron en señalar que el reto de sembrar semejante porción se arrecia teniendo en cuenta las realidades que el censo agropecuario ha ayudado a dimensionar.

El plan se ha promovido con el argumento de que atiende los problemas de base: contempla ambiciosos planes de extensión que reaccionen a una metodología de asistencia técnica que “se agotó, fracasó”, en palabras de Iragorri, y contiene un programa de administración de riesgos, con aseguramiento y crédito. La estrategia, que no ha estado exenta de cuestionamientos de viabilidad, no tuvo el mejor comienzo con el anuncio de ayer por parte del Minagricultura según el cual, ante la coyuntura del Fenómeno de El Niño, la cartera propondrá “importar temporalmente maíz y arroz para asegurar el abastecimiento”.

Con estos resultados, según Mauricio Perfetti, director del DANE, se pone de presente la baja capitalización del campo. Lo expuesto hasta ahora por el censo es diciente de una cadena que hoy no hace del campo una fuente de vida atractiva: poca educación resulta en baja competitividad, que deriva en bajos ingresos, sinónimo de pobreza monetaria, que, sumada a un entorno en general poco favorable, termina en el abandono del campo y el envejecimiento de la población rural que permanece.

La última entrega del Censo Nacional Agropecuario dio cuenta de que sólo 16 de cada 100 productores tienen maquinaria para desarrollar sus actividades agropecuarias. De acuerdo con el DANE, en Antioquia, Santander, Tolima, Huila y Cundinamarca se encuentra el 41,9% de las unidades productoras agropecuarias (UPA) del área rural dispersa que poseen maquinaria. El censo tomó en cuenta maquinaria liviana y pesada, lo que quiere decir que quien no accede a ella no tiene equipos que van desde una guadaña hasta un tractor.

La UPA es la unidad de observación y análisis que tomó el DANE. Puede estar formada por uno o más predios, tiene producción agropecuaria, un solo productor y utiliza medios como maquinaria o mano de obra. El mayor acceso a maquinaria se da en las UPA superiores a mil hectáreas. Vale recordar que sólo el 0,2% de las UPA en el total nacional tiene mil hectáreas o más, pero ocupa el 32,3% del territorio.

El 16,8% de las UPA tienen construcciones para el desarrollo agropecuario. De nuevo, los mismos departamentos, menos el Tolima, tienen el liderazgo en acceso a construcciones, y las UPA de más de mil hectáreas son las aventajadas. En un grado un poco mayor, pero aún alarmante, hay acceso a riego: 18% de los productores tienen un sistema para tal fin. Allí, las UPA entre 500 y 1.000 hectáreas son las de mayor acceso.

Un dato que el DANE confirmó fue el bajo acceso a asistencia técnica: sólo uno de cada 10 productores la ha recibido, con las UPA de más de 100 hectáreas a la cabeza. Se ratificó el bajo acceso a financiamiento, pues 11 de cada 100 productores pidieron un crédito. Al 89,8% se lo aprobaron. Los destinos de esos recursos fueron en su mayoría la compra de insumos y el pago de la mano de obra. Y algo que en ese panorama es alentador es que la aprobación de crédito es relativamente pareja en cualquier tamaño de UPA.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, ha dicho en más de una ocasión, incluso durante la presentación de los resultados preliminares del censo frente al presidente Juan Manuel Santos, que cree que los productores en el campo no necesitan subsidios directos sino bienes públicos. La carencia de ellos ha sido un factor determinante en las desigualdades, no sólo entre el mundo rural y el urbano, sino entre los pequeños y grandes productores. Los pequeños, además de trabajar poca tierra, se quedan en un círculo vicioso sin asistencia técnica o infraestructura.

No sobra decir que el asunto es tan relevante que es uno de los pilares del acuerdo agrario entre el Gobierno y las Farc. Las vías, los distritos de riego, la asistencia técnica, las líneas especiales de crédito, el aseguramiento, entre otros aspectos, tendrán que integrarse en planes para “lograr una reducción radical de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema”, según lo publicado de las negociaciones.

La semana pasada el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció el plan Colombia Siembra, para los próximos tres años, con un presupuesto de $1,6 billones, el cual pretende aumentar en un millón de hectáreas el área cultivada del país. Varios de los asistentes a la presentación en la ciudad de Santa Marta, incluso el ministro, no dudaron en señalar que el reto de sembrar semejante porción se arrecia teniendo en cuenta las realidades que el censo agropecuario ha ayudado a dimensionar.

El plan se ha promovido con el argumento de que atiende los problemas de base: contempla ambiciosos planes de extensión que reaccionen a una metodología de asistencia técnica que “se agotó, fracasó”, en palabras de Iragorri, y contiene un programa de administración de riesgos, con aseguramiento y crédito. La estrategia, que no ha estado exenta de cuestionamientos de viabilidad, no tuvo el mejor comienzo con el anuncio de ayer por parte del Minagricultura según el cual, ante la coyuntura del Fenómeno de El Niño, la cartera propondrá “importar temporalmente maíz y arroz para asegurar el abastecimiento”.

Con estos resultados, según Mauricio Perfetti, director del DANE, se pone de presente la baja capitalización del campo. Lo expuesto hasta ahora por el censo es diciente de una cadena que hoy no hace del campo una fuente de vida atractiva: poca educación resulta en baja competitividad, que deriva en bajos ingresos, sinónimo de pobreza monetaria, que, sumada a un entorno en general poco favorable, termina en el abandono del campo y el envejecimiento de la población rural que permanece.