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La Superintendencia de Sociedades recibió una solicitud para reconocer en Colombia el proceso de insolvencia que adelanta la sociedad matriz Canacol Energy en Canadá.
Canacol es una empresa de exploración y producción de gas natural con operaciones centradas en Colombia.
Este mes, la empresa informó que obtuvo una orden inicial de protección frente a acreedores (conocida como orden inicial) por parte de la Corte del Banco del Rey de Alberta del Centro Judicial de Calgary, Canadá, conforme a la Companies’ Creditors Arrangement Act (Ley de Acuerdos con Acreedores de las Empresas). Esa es una ley federal canadiense que permite que compañías deudoras reestructuren sus obligaciones bajo supervisión judicial.
KPMG INC, monitor y representante extranjero en el proceso, a través de su apoderado en Colombia, hizo una serie de solicitudes a la Supersociedades, entre ellas el reconocimiento en Colombia del proceso de insolvencia y la suspensión de todo proceso de ejecución contra los bienes de Canacol Energy Colombia, Cne Oil & Gas, Cantana Energy Sucursal Colombia y Cneog Colombia Sucursal Colombia.
También pidió que se decrete que las cuentas bancarias se mantengan bajo el control de las deudoras en Colombia y sus recursos se destinen a pagar los gastos requeridos de operación y gastos de administración y que se impida la ejecución de garantías reales de las deudoras, en favor de acreedores particulares.
“Este procedimiento no implica la apertura de un proceso local de reorganización o liquidación, sino la ejecución de mecanismos de cooperación internacional que permitan la continuidad del negocio y la atención ordenada de las obligaciones a cargo de las sociedades deudoras. El reconocimiento del proceso extranjero permitirá que las decisiones adoptadas por la autoridad extranjera surtan efectos en Colombia, garantizando la coordinación entre jurisdicciones y la protección del patrimonio del deudor frente a posibles ejecuciones individuales”, dijo el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar.
La entidad recordó que es competente para homologar las decisiones proferidas por los tribunales extranjeros, garantizar la protección del patrimonio de las sociedades en Colombia y coordinar la cooperación judicial internacional.
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