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Un canje de deuda pública realizado por el gobierno colombiano en octubre pasado pudo haber vulnerado principios constitucionales al trasladar costos de financiamiento a futuras administraciones a cambio de un alivio de liquidez en el corto plazo, según una auditoría de la Contraloría General de la República.
La entidad trasladó el caso a la Procuraduría General de la Nación para que evalúe posibles actuaciones disciplinarias, después de rechazar los argumentos presentados por el Ministerio de Hacienda durante la auditoría, según los documentos.
La operación trasladaría varios billones de pesos en costos de financiamiento a futuros gobiernos, afirmó el organismo de control en una conclusión que podría cambiar la manera en que se fiscalizan las operaciones de manejo de la deuda soberana.
En una carta enviada a finales de junio a la Procuraduría, la Contraloría reconoció que el canje de bonos cumplió las disposiciones legales sobre gestión de deuda. Sin embargo, sostuvo que las consecuencias fiscales de largo plazo de la transacción, tanto en costos de intereses como en carga de la deuda, superaron sus beneficios de liquidez en el corto plazo.
El gobierno del presidente Gustavo Petro recurrió ampliamente a operaciones de manejo de deuda para aliviar las presiones de financiamiento en medio de déficits fiscales crecientes, tasas de interés elevadas y un débil recaudo tributario.
El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, lideró varias transacciones de manejo de deuda, incluido un canje controvertido en francos suizos, mientras el Gobierno buscaba reducir los costos de endeudamiento y suavizar el perfil de vencimientos. Cuéllar no fue mencionado directamente en la auditoría.
Aunque esos esfuerzos sí redujeron los costos de endeudamiento, su efecto fue contrarrestado por el elevado gasto público, que llevó el déficit fiscal primario al 3,5 % del producto interno bruto en 2025.
El caso podría sentar un precedente importante para el manejo de la deuda pública en Colombia, al establecer que los funcionarios responsables de las finanzas públicas deben considerar los efectos a largo plazo de estas operaciones o exponerse a posibles sanciones. La Procuraduría investiga las faltas disciplinarias cometidas por servidores públicos.
El Ministerio de Hacienda, Cuéllar y la Procuraduría no respondieron a solicitudes de comentarios.
En la transacción de octubre, el Ministerio de Hacienda intercambió títulos de deuda pública interna conocidos como TES por 43,4 billones de pesos (USD 13.400 millones) a cambio de nuevos títulos por 35,4 billones de pesos, lo que redujo en unos 8 billones de pesos el saldo nominal de la deuda interna. El Gobierno argumentó que la operación redujo los riesgos de refinanciamiento y mejoró el perfil de vencimientos de su cartera de deuda.
La Contraloría, sin embargo, concluyó que la transacción terminó aumentando los costos de financiamiento a largo plazo, en vez de generar ahorros fiscales. La operación sustituyó bonos que pagaban cupones cercanos al 7,25 % por nuevos títulos con cupones del 11,75 % y el 12 %, lo que incrementó los pagos anuales de intereses en cerca de 316.500 millones de pesos, según el organismo de control.
“Las operaciones de manejo de deuda pública que trasladan de manera excesiva las cargas financieras hacia el futuro, mediante el incremento sustancial del servicio de la deuda, la acumulación desproporcionada de intereses o el diferencial irrazonable de obligaciones fiscales, pueden afectar la dimensión intertemporal de la sostenibilidad fiscal”, señaló la Contraloría en la remisión del caso a la Procuraduría.
El ente de control también cuestionó el uso de Títulos de Tesorería con vencimientos inferiores a un año que fueron intercambiados por bonos de largo plazo. Según la entidad, el uso reiterado de este mecanismo podría aumentar gradualmente las obligaciones de deuda de largo plazo, al convertir instrumentos concebidos originalmente para atender necesidades temporales de liquidez en fuentes de financiamiento permanente.
De acuerdo con el organismo de control, la operación generó “cuestionamientos de constitucionalidad material” porque trasladó cargas financieras a futuras administraciones, incrementó estructuralmente el costo del servicio de la deuda y redujo el espacio fiscal disponible para gasto social y otras prioridades del Gobierno.
El Ministerio de Hacienda rechazó esas conclusiones. El objetivo de las transacciones era reducir los riesgos de refinanciamiento y liquidez, al tiempo que se ampliaba la vida media de la deuda pública, afirmó la cartera en su respuesta a la Contraloría, según los documentos.
Aunque reconoció que los nuevos bonos tenían cupones más altos, el Ministerio argumentó que esas tasas simplemente reflejaban las condiciones vigentes del mercado. Emitir títulos con cupones artificialmente más bajos habría requerido colocarlos con descuentos mucho mayores, lo que habría obligado al Gobierno a emitir un monto nominal de deuda considerablemente superior para obtener el mismo nivel de financiamiento.
“La colocación sistemática de títulos a descuento, aunque puede reducir el servicio de la deuda por concepto de intereses, incrementa el costo financiero implícito y también presiona al alza el saldo de la deuda, al requerir mayores montos nominales de emisión para alcanzar un mismo nivel de financiamiento efectivo”, señaló el Ministerio en su respuesta a la auditoría.
La cartera también sostuvo que la Contraloría evaluó la transacción de manera demasiado limitada, al concentrarse en los pagos de cupones sin considerar el diseño más amplio de la estrategia de manejo del portafolio de deuda.
La Contraloría desestimó esos argumentos y afirmó que las decisiones sobre el manejo de la deuda no deben evaluarse únicamente por su capacidad para aliviar las presiones de liquidez en el corto plazo, sino también por sus efectos de largo plazo sobre el costo del servicio de la deuda y la sostenibilidad fiscal.
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