Carlos Carmona, al frente de la formalización de las tierras en el Minagricultura

Desde esta semana la dirección de formalización en el Ministerio de Agricultura tiene un nuevo ocupante. Se trata de Carlos Ignacio Carmona, quien se venía desempeñando como subgerente de Tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, hoy en liquidación. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, confirmó a este diario que la resolución con el nombramiento de Carmona fue firmada el pasado 28 de noviembre.

Carmona es abogado, con especialización en derecho comercial y experiencia en el sector público desde el 2010, al haber pasado por la Superintendencia de Notariado y Registro y, desde 2014, por el Incoder. Varias de sus iniciativas y determinaciones en esa institución han sido objeto de polémica. Por ejemplo, haber anunciado que el Incoder pediría al Consejo de Estado revertir las decisiones que se habían tomado en favor de 120 familias que reclamaban la Hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, un caso que ha sido considerado emblemático en el historial de despojos en el país. La razón del Incoder y el Ministerio fue que había habido irregularidades y no se había respetado el debido proceso.

El nuevo encargado en el Ministerio de Agricultura de la política de formalización de las tierras –una de las grandes apuestas del acuerdo de paz con las Farc y para la cual trabaja toda una institución, la Agencia Nacional de Tierras- ha promovido también los denominados “condominios rurales”, una propuesta que ha sido anunciada, mas no formalizada o creada en alguna norma. Lo cierto es que Carmona defendió la idea desde el Incoder como una fórmula para emplear campesinos y asegurarles un ingreso, aunque sin entregarles un título de propiedad.

El piloto de esos condominios, según él, sería aplicado en las tierras de la inspección de El Porvenir, en Puerto Gaitán, donde se encuentran 27.000 hectáreas recuperadas de manos de familiares de Víctor Carranza, después de que las adjudicaciones irregulares con que las obtuvieron fueron revocadas en 2014. Las tierras han sido reclamadas por decenas de familias, que aseguran tener un arraigo en El Porvenir desde hace décadas. Al respecto, en febrero de este año, Carmona afirmó: “Ninguna de las personas que hay allá es sujeto de reforma agraria porque tranquilamente ninguno lleva más de cinco años allá (lo cual es requisito para una adjudicación), porque la familia Carranza entregó el predio el año pasado”.  

Sin embargo, la Corte Constitucional este año revisó una tutela presentada por 73 habitantes de la zona para proteger su derecho de acceso a la tierra, y determinó que a los campesinos se les habían violado sus derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad, a la vivienda digna, al trabajo, a la paz y a la tierra, y fue enfática en afirmar que hasta que no se solucionen los procesos de adjudicación de estos campesinos, ninguna política estatal podrá aplicarse allí.

Además, en la sentencia SU235/16, sobre la adjudicación de terrenos baldíos, la Corte Constitucional llamó la atención a Carmona por sus actuaciones como funcionario del Incoder. Sostiene que el exsubgerente de Tierras declaró que los predios de la Hacienda Bellacruz habían sido indebidamente ocupados con el fin de declarar que no son terrenos baldíos sino de propiedad de particulares. También indicó que Carmona impulsó una tutela para negar los derechos de los campesinos que solicitaban la adjudicación de los predios.

La Corte, asimismo, sostuvo que las actuaciones de Carmona para dejar sin fuerza ejecutoria las determinaciones que se habían hecho a favor de los campesinos no son aceptables. Una de las conclusiones del alto tribunal fue: “los argumentos presentados por el subgerente de Tierras Rurales del Incoder no resultan razonables desde el punto de vista constitucional”.

Finalmente, el alto tribunal ordenó que el proceso de recuperación de baldíos continuara. La responsabilidad recae hoy en la Agencia Nacional de Tierras, con la cual Carmona ahora trabajará de la mano. También lo hará con entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro, desde la cual se ha defendido otras de las políticas que han generado controversia en el sector rural: las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, zidres, cuya demanda por inconstitucional será tema de discusión este miércoles en la Corte Constitucional, en donde la votación quedó empatada.

El Espectador solicitó la opinión del jefe de la cartera de Agricultura sobre los reparos de la Corte respecto a las actuaciones de Carmona, pero al momento de hacer esta publicación la respuesta no había llegado.

Desde esta semana la dirección de formalización en el Ministerio de Agricultura tiene un nuevo ocupante. Se trata de Carlos Ignacio Carmona, quien se venía desempeñando como subgerente de Tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, hoy en liquidación. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, confirmó a este diario que la resolución con el nombramiento de Carmona fue firmada el pasado 28 de noviembre.

Carmona es abogado, con especialización en derecho comercial y experiencia en el sector público desde el 2010, al haber pasado por la Superintendencia de Notariado y Registro y, desde 2014, por el Incoder. Varias de sus iniciativas y determinaciones en esa institución han sido objeto de polémica. Por ejemplo, haber anunciado que el Incoder pediría al Consejo de Estado revertir las decisiones que se habían tomado en favor de 120 familias que reclamaban la Hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, un caso que ha sido considerado emblemático en el historial de despojos en el país. La razón del Incoder y el Ministerio fue que había habido irregularidades y no se había respetado el debido proceso.

El nuevo encargado en el Ministerio de Agricultura de la política de formalización de las tierras –una de las grandes apuestas del acuerdo de paz con las Farc y para la cual trabaja toda una institución, la Agencia Nacional de Tierras- ha promovido también los denominados “condominios rurales”, una propuesta que ha sido anunciada, mas no formalizada o creada en alguna norma. Lo cierto es que Carmona defendió la idea desde el Incoder como una fórmula para emplear campesinos y asegurarles un ingreso, aunque sin entregarles un título de propiedad.

El piloto de esos condominios, según él, sería aplicado en las tierras de la inspección de El Porvenir, en Puerto Gaitán, donde se encuentran 27.000 hectáreas recuperadas de manos de familiares de Víctor Carranza, después de que las adjudicaciones irregulares con que las obtuvieron fueron revocadas en 2014. Las tierras han sido reclamadas por decenas de familias, que aseguran tener un arraigo en El Porvenir desde hace décadas. Al respecto, en febrero de este año, Carmona afirmó: “Ninguna de las personas que hay allá es sujeto de reforma agraria porque tranquilamente ninguno lleva más de cinco años allá (lo cual es requisito para una adjudicación), porque la familia Carranza entregó el predio el año pasado”.  

Sin embargo, la Corte Constitucional este año revisó una tutela presentada por 73 habitantes de la zona para proteger su derecho de acceso a la tierra, y determinó que a los campesinos se les habían violado sus derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad, a la vivienda digna, al trabajo, a la paz y a la tierra, y fue enfática en afirmar que hasta que no se solucionen los procesos de adjudicación de estos campesinos, ninguna política estatal podrá aplicarse allí.

Además, en la sentencia SU235/16, sobre la adjudicación de terrenos baldíos, la Corte Constitucional llamó la atención a Carmona por sus actuaciones como funcionario del Incoder. Sostiene que el exsubgerente de Tierras declaró que los predios de la Hacienda Bellacruz habían sido indebidamente ocupados con el fin de declarar que no son terrenos baldíos sino de propiedad de particulares. También indicó que Carmona impulsó una tutela para negar los derechos de los campesinos que solicitaban la adjudicación de los predios.

La Corte, asimismo, sostuvo que las actuaciones de Carmona para dejar sin fuerza ejecutoria las determinaciones que se habían hecho a favor de los campesinos no son aceptables. Una de las conclusiones del alto tribunal fue: “los argumentos presentados por el subgerente de Tierras Rurales del Incoder no resultan razonables desde el punto de vista constitucional”.

Finalmente, el alto tribunal ordenó que el proceso de recuperación de baldíos continuara. La responsabilidad recae hoy en la Agencia Nacional de Tierras, con la cual Carmona ahora trabajará de la mano. También lo hará con entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro, desde la cual se ha defendido otras de las políticas que han generado controversia en el sector rural: las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, zidres, cuya demanda por inconstitucional será tema de discusión este miércoles en la Corte Constitucional, en donde la votación quedó empatada.

El Espectador solicitó la opinión del jefe de la cartera de Agricultura sobre los reparos de la Corte respecto a las actuaciones de Carmona, pero al momento de hacer esta publicación la respuesta no había llegado.