Cartel de empresas de vigilancia buscaba contratos por $320.000 millones

Pliego de cargos contra al menos siete empresas de vigilancia anunció la superintendencia de Industria y Comercio  por presuntas infracciones del régimen de la libre competencia derivadas de su aparente cartelización empresarial en 252 procesos de contratación pública ante 149 entidades estatales

Las empresas involucradas en la investigación son cooperativa de Vigilantes Starcoop, Cobasec, Central de Seguridad, Expertos Seguridad, Compañía Interamericana de Seguridad, Vigilancia Privada Insevig, Cooperativa de Trabajo Asociado Sejarpi y Seguridad Management Group.

Recuerda el informe de prensa que estas empresas de seguridad están siendo investigadas por presuntas infracciones del régimen de la libre competencia derivadas de su aparente cartelización empresarial en 252 procesos de contratación pública ante 149 entidades estatales por colusión en licitaciones públicas, en los años 2010, 2011 y 2012.

Igualmente la superintendencia de Industria y Comercio señaló que formuló pliego de cargos contra 32 personas naturales que han hecho o hacen parte de las empresas y cooperativas investigadas en su condición de representantes legales, socios, miembros de juntas directivas, administradores, empleados y ex empleados. Estas personas aparentemente, tuvieron participación en la creación, ejecución, implementación o seguimiento del presunto cartel empresarial investigado.

Dice el informe de prensa que en 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) puso en conocimiento de la superintendencia de Industria y Comercio, la presunta ocurrencia de acuerdos anticompetitivos en el marco de la Licitación Pública LP-001 de 2011. La entidad estatal informó que en el curso de la licitación Starcoop y Guardianes se presentaban como supuestos competidores individuales, cuando en realidad actuaban coordinadamente para que alguna de las dos ganara el proceso licitatorio.

La superindustria analizó el comportamiento de las empresas denunciadas en diferentes procesos de contratación estatal y encontró vínculos de tales personas jurídicas con otras empresas, remarca el informe de prensa.

Entre abril de 2012 y febrero de 2013, la entidad de control realizó visitas administrativas de inspección a ocho empresas de vigilancia y seguridad privada, y encontró documentos y correos electrónicos con listas e información de procesos de selección contractual ante distintas entidades públicas, que evidenciaban posibles estrategias anticompetitivas encaminadas a la adjudicación de los contratos.

En diciembre pasado, el ex representante legal de una de las empresas investigadas se presentó ante la superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de colaborar y reconocer su participación en el presunto cartel empresarial y aportar pruebas que demostrarían la existencia de los acuerdos, su funcionamiento y la forma de hacerle seguimiento.

Señala el informe de prensa que la actuación de este ex empleado culminó con la efectiva suscripción de un Acuerdo de Colaboración por Delación, según el cual, como persona natural, recibirá la exoneración total de la posible sanción a imponer, de acuerdo con lo establecido en la ley.

El presunto cartel anticompetitivo al parecer, buscaba lograr la adjudicación de por lo menos 252 contratos, cuyo valor ascendía a una suma superior a 320 mil millones de pesos. Los supuestos actos de cartelización empresarial habrían concluido en la presentación de ofertas concertadas en como mínimo 100 licitaciones de las cuales lograron ganar 25 por un valor superior a los 63 mil millones de pesos.

Aclara el informe que en el caso que el proceso termine declarando que existió violación a las normas de libre competencia, la Superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas a las personas jurídicas que infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia, hasta 64.435 millones de pesos por cada infracción y a las personas naturales que actúan como administradores de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta por 1.288 millones de pesos.

Pliego de cargos contra al menos siete empresas de vigilancia anunció la superintendencia de Industria y Comercio  por presuntas infracciones del régimen de la libre competencia derivadas de su aparente cartelización empresarial en 252 procesos de contratación pública ante 149 entidades estatales

Las empresas involucradas en la investigación son cooperativa de Vigilantes Starcoop, Cobasec, Central de Seguridad, Expertos Seguridad, Compañía Interamericana de Seguridad, Vigilancia Privada Insevig, Cooperativa de Trabajo Asociado Sejarpi y Seguridad Management Group.

Recuerda el informe de prensa que estas empresas de seguridad están siendo investigadas por presuntas infracciones del régimen de la libre competencia derivadas de su aparente cartelización empresarial en 252 procesos de contratación pública ante 149 entidades estatales por colusión en licitaciones públicas, en los años 2010, 2011 y 2012.

Igualmente la superintendencia de Industria y Comercio señaló que formuló pliego de cargos contra 32 personas naturales que han hecho o hacen parte de las empresas y cooperativas investigadas en su condición de representantes legales, socios, miembros de juntas directivas, administradores, empleados y ex empleados. Estas personas aparentemente, tuvieron participación en la creación, ejecución, implementación o seguimiento del presunto cartel empresarial investigado.

Dice el informe de prensa que en 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) puso en conocimiento de la superintendencia de Industria y Comercio, la presunta ocurrencia de acuerdos anticompetitivos en el marco de la Licitación Pública LP-001 de 2011. La entidad estatal informó que en el curso de la licitación Starcoop y Guardianes se presentaban como supuestos competidores individuales, cuando en realidad actuaban coordinadamente para que alguna de las dos ganara el proceso licitatorio.

La superindustria analizó el comportamiento de las empresas denunciadas en diferentes procesos de contratación estatal y encontró vínculos de tales personas jurídicas con otras empresas, remarca el informe de prensa.

Entre abril de 2012 y febrero de 2013, la entidad de control realizó visitas administrativas de inspección a ocho empresas de vigilancia y seguridad privada, y encontró documentos y correos electrónicos con listas e información de procesos de selección contractual ante distintas entidades públicas, que evidenciaban posibles estrategias anticompetitivas encaminadas a la adjudicación de los contratos.

En diciembre pasado, el ex representante legal de una de las empresas investigadas se presentó ante la superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de colaborar y reconocer su participación en el presunto cartel empresarial y aportar pruebas que demostrarían la existencia de los acuerdos, su funcionamiento y la forma de hacerle seguimiento.

Señala el informe de prensa que la actuación de este ex empleado culminó con la efectiva suscripción de un Acuerdo de Colaboración por Delación, según el cual, como persona natural, recibirá la exoneración total de la posible sanción a imponer, de acuerdo con lo establecido en la ley.

El presunto cartel anticompetitivo al parecer, buscaba lograr la adjudicación de por lo menos 252 contratos, cuyo valor ascendía a una suma superior a 320 mil millones de pesos. Los supuestos actos de cartelización empresarial habrían concluido en la presentación de ofertas concertadas en como mínimo 100 licitaciones de las cuales lograron ganar 25 por un valor superior a los 63 mil millones de pesos.

Aclara el informe que en el caso que el proceso termine declarando que existió violación a las normas de libre competencia, la Superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas a las personas jurídicas que infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia, hasta 64.435 millones de pesos por cada infracción y a las personas naturales que actúan como administradores de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta por 1.288 millones de pesos.