CCI califica de "golpe traicionero" sellamiento de obras en puerto de Aguadulce
Aunque el vicepresidente Germán Vargas Lleras confirmó que ya se reanudaron los trabajos, quedó la desconfianza en el ambiente.
Redacción Negocios y Economía
En el sector de la infraestructura están furiosos con la administración Distrital de Buenaventura. Y lo están porque la Alcaldía de la ciudad tomó la decisión de sellar las obras de construcción del puerto de Aguadulce, revocando la licencia de construcción, argumentando que los constructores no cuentan con un plan parcial de desarrollo urbanístico en las zonas aledañas. Luis Fernando Ramos, secretario de Gobierno, declaró a medios radiales que esperaban una declaración por parte de los representantes del proyecto para que tuvieran la oportunidad de reunir la documentación requerida si quieren continuar con la construcción. Entonces, se armó la de Troya.
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, fue más que contundente al expresar su inconformidad con la decisión de dicha Alcaldía. “Es un golpe traicionero”, advirtió. “Existe una ilegalidad rampante en la revocatoria de las citadas circulares porque la ejecución del puerto no genera afectaciones sociales ni atenta en contra del interés público, como argumenta el Alcalde de Buenaventura”. Y apuntó: “Hay una flagrante contradicción de la Alcaldía al poner en duda la legalidad de las autorizaciones y circulares que esa misma Alcaldía emitió”.
En un documento, conocido por El Espectador, donde se hace un detallado informe de lo que ha pasado con las licencias y circulares del caso, que sería usado como base para tomar acciones legales por parte de los abogados de los accionistas de la obra (las más grandes son International Container Services de Filipinas, ICTSI y PSA International de Singapur), se lee una advertencia grave: “con la situación ocurrida se genera el inminente peligro de que los inversionistas extranjeros del puerto de Aguadulce, acudan a la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento Internacional CIADI (organismo originado en la ONU) para demandar directamente a la Nación colombiana por el trato discriminatorio e injusto al cual hace referencia el Acuerdo Bilateral España – Colombia suscrito en 2005 en materia de protección recíproca de inversiones de sus nacionales en los países miembros del Acuerdo”.
Sin embargo, y de acuerdo con el vicepresidente Germán Vargas Lleras, este mismo miércoles se “levantaron los sellos y ya entró nuevamente la gente a trabajar. Ojalá no se presente ningún incidente adicional que retarde más esta obra. Una inversión de US$500 millones, estratégica para el país, no puede estar sometida a este tipo de actuaciones, cuando ellos mismos le habían dado la licencia tanto de parte de la Alcaldía como de la propia Curaduría”.
En el sector de la infraestructura están furiosos con la administración Distrital de Buenaventura. Y lo están porque la Alcaldía de la ciudad tomó la decisión de sellar las obras de construcción del puerto de Aguadulce, revocando la licencia de construcción, argumentando que los constructores no cuentan con un plan parcial de desarrollo urbanístico en las zonas aledañas. Luis Fernando Ramos, secretario de Gobierno, declaró a medios radiales que esperaban una declaración por parte de los representantes del proyecto para que tuvieran la oportunidad de reunir la documentación requerida si quieren continuar con la construcción. Entonces, se armó la de Troya.
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, fue más que contundente al expresar su inconformidad con la decisión de dicha Alcaldía. “Es un golpe traicionero”, advirtió. “Existe una ilegalidad rampante en la revocatoria de las citadas circulares porque la ejecución del puerto no genera afectaciones sociales ni atenta en contra del interés público, como argumenta el Alcalde de Buenaventura”. Y apuntó: “Hay una flagrante contradicción de la Alcaldía al poner en duda la legalidad de las autorizaciones y circulares que esa misma Alcaldía emitió”.
En un documento, conocido por El Espectador, donde se hace un detallado informe de lo que ha pasado con las licencias y circulares del caso, que sería usado como base para tomar acciones legales por parte de los abogados de los accionistas de la obra (las más grandes son International Container Services de Filipinas, ICTSI y PSA International de Singapur), se lee una advertencia grave: “con la situación ocurrida se genera el inminente peligro de que los inversionistas extranjeros del puerto de Aguadulce, acudan a la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento Internacional CIADI (organismo originado en la ONU) para demandar directamente a la Nación colombiana por el trato discriminatorio e injusto al cual hace referencia el Acuerdo Bilateral España – Colombia suscrito en 2005 en materia de protección recíproca de inversiones de sus nacionales en los países miembros del Acuerdo”.
Sin embargo, y de acuerdo con el vicepresidente Germán Vargas Lleras, este mismo miércoles se “levantaron los sellos y ya entró nuevamente la gente a trabajar. Ojalá no se presente ningún incidente adicional que retarde más esta obra. Una inversión de US$500 millones, estratégica para el país, no puede estar sometida a este tipo de actuaciones, cuando ellos mismos le habían dado la licencia tanto de parte de la Alcaldía como de la propia Curaduría”.