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Cerca de la media noche del sábado, Cemex Latam Holdings publicó detalles sobre el reciente escándalo por la adquisición irregular, por parte de representantes de la compañía, de un terreno que perteneció a la mafia, en Maceo, Antioquia. Hace una semana, la controversia generó la renuncia de Carlos Jacks, director ejecutivo de Cemex Latam Holdings y director de Cemex Colombia, y los despidos de Édgar Ramírez y Camilo González, quienes se desempeñaban como vicepresidente de Planeación y representante legal, respectivamente. (Lea: Los cabos sueltos en giros indebidos del caso Cemex).
De entrada, la cementera asegura que hoy adelanta su proyecto en Maceo de acuerdo con un “contrato de arrendamiento firmado con la persona designada por el Gobierno”, contrato que fue “suscrito como una solución temporal mientras se resuelve el proceso legal (extinción de dominio) que afecta a la sociedad vendedora”. Por lo tanto, “Cemex Latam considera que Cemex Colombia está autorizado para usar y usufructuar el Inmueble, los derechos mineros en Maceo y continuar con los trabajos necesarios para la construcción de la planta cementera”, la segunda más grande de esa compañía en todo el mundo.
Más adelante afirma que Cemex cree “firmemente que el proyecto Maceo es crucial para la continuidad económica y el desarrollo de este territorio, especialmente en el marco del actual acuerdo de paz”. Según el comunicado, la empresa tiene la intención de “negociar una extensión del término del arrendamiento” de la tierra con el Gobierno y prevé la operación de la totalidad de la capacidad de la planta para los primeros meses del año 2017.
Sobre los antecedentes de la situación, según la compañía, en agosto de 2012 Cemex Colombia suscribió un memorando de entendimiento con el representante de la sociedad vendedora del terreno en Maceo, “para definir los principales términos y condiciones de la adquisición del inmueble, el título minero y la sociedad que tiene la aprobación para operar la zona franca para la construcción de la planta Maceo”.
El representante del vendedor es un individuo de carácter privado, dice la compañía. Se trata de Eugenio Correa Díaz, según la investigación de El Espectador publicada este domingo. Cemex asegura que esa persona habría transferido “todos los activos, derechos y propiedad de acuerdo al memorando de entendimiento de la entidad vendedora a Cemex Colombia. Cemex Colombia también contrató al mismo mandatario de la entidad vendedora para que representara a Cemex Colombia en la adquisición de la tierra adyacente al proyecto Maceo”.
Y continúa el comunicado: “Sin embargo, como resultado del inicio del proceso de extinción de dominio por parte del gobierno de Colombia, la transferencia de la propiedad a Cemex Colombia de los derechos mineros, en últimas no fue finalizada”. Una auditoría interna de la empresa dio cuenta de que la filial de la cementera en Colombia realizó pagos cercanos a US$20,5 millones al represente del vendedor y Cemex, es decir, Eugenio Correa.
“Los pagos realizados por Cemex Colombia para la compra de las propiedades y de los derechos mineros, así como de los predios adyacentes a la planta, fueron hechos violando las políticas internas Cemex, S.A.B. de C.V. (“Cemex”), Cemex Latam y, probablemente, la ley colombiana”, agrega lo comunicación. La cementera asegura que trasladó el asunto a la Fiscalía General de la Nación de Colombia y contrató abogados externos y un equipo de auditoría externa.
Y concluye: “A la fecha, Cemex Latam no es capaz de evaluar la probabilidad que estas investigaciones y la desvinculación de los ejecutivos antes mencionados puedan conllevar a acciones que impacten a Cemex Latam (…) tampoco es capaz de evaluar si las autoridades colombianas tomarán una decisión adversa relacionada con los procedimientos legales de extinción de dominio sobre los derechos y activos de la entidad vendedora”.