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Tras ser revivida, la reforma laboral continúa su trámite en la Comisión Cuarta del Senado. Para evitar que vuelva a hundirse, la senadora Angélica Lozano, presidenta de esta instancia legislativa, ha hecho un esfuerzo por recoger los argumentos de todos los sectores que intervienen en el mercado laboral —trabajadores, empresarios, academia, gobierno y ciudadanía— y conciliarlos en una ponencia que se espera radicar el lunes 26 de mayo.
Cabe recordar que esta ha sido una reforma accidentada, que ya se ha hundido en dos ocasiones. En la más reciente, sin embargo, se apeló la decisión y logró ser rescatada.
Su debate ha sido complejo porque no ha logrado reunir grandes consensos. La esencia de la reforma, radicada originalmente por el Gobierno de Gustavo Petro y bajo la dirección de la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, es la devolver derechos perdidos por los trabajadores (como el reconocimiento de una jornada nocturna que inicie desde las seis de la tarde y recargos del 100 % en días de descanso). También se busca poner a tono al país en convenios internacionales (como los que tienen que ver con el componente sindical), así como actualizar el marco normativo para las nuevas formas de trabajo (que es lo que se pretende con la formalización de trabajadores de plataformas de reparto).
Las centrales obreras y algunos centros de pensamiento señalan que adoptar lo que propone la reforma original es muy costoso, lo que podría traducirse en la destrucción de puestos de trabajo formales y mayores cargas para las empresas.
En aras de buscar un consenso, el documento que se prepara desde la Comisión Cuarta del Senado busca llegar a puntos medios en los que los trabajadores se beneficien, al tiempo en que el impacto económico de la reforma no sea traumático para los empleadores.
Al momento de escribir este artículo, aún no se conoce el contenido de la ponencia que será debatida, ya que su radicación está prevista para el próximo lunes. Sin embargo, con base en las declaraciones de la senadora Angélica Lozano en medios de comunicación, y en lo expresado por la senadora Aída Avella (Pacto Histórico), es posible anticipar parte del contenido del articulado.
Grosso modo se buscará implementar un régimen especial, en el que las microempresas (unidades productivas de menos de 9 trabajadores) tendrán condiciones diferentes para el pago de recargos en días de descanso, así como el inicio de la jornada nocturna.
Además, la implementación de estos ajustes sería gradual, por lo que su aplicación total tomaría varios años.
Para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), esto no son más que medidas “inadmisibles” y “regresivas” que atentan con lo que el Gobierno de Gustavo Petro inicialmente buscó para los trabajadores del país.
Por lo anterior, las mencionadas centrales obreras decidieron no seguir apoyando el trámite de esta reforma laboral. Aseguran que sus esfuerzos se concentrarán en acompañar la consulta popular (que también se hundió y el Gobierno busca sacar adelante después de volverla radicar), pues lo que plantea esas preguntas se ajustan más a los objetivos que persiguen.
De nuevo, aún no se sabe con certeza qué dirá la ponencia (pues la misma no se ha radicado), pero las centrales dicen conocer esto con base en una información proporcionada por la senadora Avella, quien también ha señalado que no acompañará la ponencia mayoritaria de la comisión, y en su lugar presentará una ponencia alternativa.
Las centrales rechazan que en la ponencia mayoritaria se busque que el recargo nocturno se pague después de las siete de la noche (estas defienden que se haga desde las seis de la tarde), y que las microempresas tengan un régimen especial, pues se excluiría de este beneficio al 80 % de los trabajadores en el país.
Sobre esto último hay que recordar que, en Colombia, el 94,2 % del tejido empresarial está conformado por microempresas.
“Se establece una repelente diferencia para reconocer en día de descanso el 100% en domingo y 75% en festivo”, señala.
También denuncia que se le quita el carácter laboral al contrato de aprendizaje. Esto se ha convertido en un punto neurálgico de la discusión, pues con la propuesta del Gobierno se busca que los aprendices del SENA tengan un contrato laboral, es decir, que su remuneración no sea inferior a la de un salario mínimo y que gocen de las prestaciones relacionadas a la formalidad, como cotización a salud, pensión, cobertura ante riesgos laborales, vacaciones, cesantías, primas…
Señalan, además, que la ponencia elimina la figura patronal del contrato sindical, así como las licencias sobre citas médicas programadas e incapacidades menstruales, el trabajo familiar comunitario y la licencia de paternidad (una vez más, estos son supuestos, pues se tendrá certeza de lo que diga la ponencia solo hasta que sea radicada).
La guinda del pastel sería el desconocimiento del contrato a término indefinido como la regla general del trabajo en Colombia. El presidente de la CUT, Fabio Arias, asegura que la ponencia buscará que los contratos a término fijo se permiten hasta por cinco años.
Este punto ha sido uno de los más relevantes de la reforma, casi que transversal. Pues con la iniciativa del Gobierno se ha buscado que las labores misionales en las empresas se contraten bajo la figura del contrato a término indefinido (el cual facilita la formalización de los trabajadores y el mayor disfrute de sus derechos). Contratos a término fijo de más de un año son vistos como un atentado a este objetivo.
“las centrales obreras CUT y CGT rechazamos dichas modificaciones regresivas y por tal motivo, en esas condiciones, le retiramos el apoyo a la reforma laboral que tramita la ponencia mayoritaria en tercer debate en la comisión 4 (IV) del senado y no dudamos en calificar que la mayoría de los senadores están atendiendo es los intereses de la oligarquía y en contra de los trabajadores y trabajadoras. Es por ello, que la consulta popular es el mejor mecanismo de participación ciudadana, no solo para los y las trabajadoras, sino para el pueblo en general”, concluyeron las centrales en su comunicado.
En diálogo con El Espectador, el presidente de la CUT explicó que sí acompañarían la ponencia que radique la senadora Avella, y que de todas formas le seguirán apostando a respaldar la consulta popular.
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