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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) destinó COP 234.399 millones para construir 60 Centros PotencIA en todo el país, espacios que el Gobierno pensó para reducir la brecha digital, impulsar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y generar capacidades digitales en las regiones, a grandes rasgos. El proyecto beneficiaría a cerca de 7 millones de personas al año, incluyendo más de 1,5 millones de estudiantes. Pero las obras llevan paralizadas desde noviembre de 2025 y el avance en los contratos de construcción es de apenas el 2,09 %, según el seguimiento permanente que adelanta la Contraloría General de la República.
Entre los problemas identificados por el ente de control fiscal figuran debilidades en la planeación contractual, deficiencias en la viabilización de predios y en la obtención de licencias de construcción, y una parálisis generalizada que viene desde noviembre de 2025.
Los hallazgos de la Contraloría
A corte de abril de 2026, el programa (cuyo contrato se firmó en septiembre de 2024) registra un avance general del 17,71 %, pero ese porcentaje incluye actividades de estructuración adelantadas por la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).
De acuerdo con la Contraloría, el avance real en contratos de obra es de apenas el 2,09 %, correspondiente a una etapa inicial de estudios, diseños, licencias y permisos que aún no ha sido finalizada.
En materia financiera, el MinTIC ha desembolsado COP 4.056 millones a Findeter, “recursos sobre los cuales la entidad deberá rendir cuentas”, indicó la entidad este miércoles a través de un comunicado. Adicionalmente, se han autorizado pagos por interventoría por COP 37,4 millones.
La Contraloría también advirtió sobre la permanencia prolongada de recursos de los Centros PotencIA en fiduciarias, lo que a criterio de la entidad compromete la eficiencia del gasto público.
El organismo de control solicitó información detallada al MinTIC y a Findeter sobre la ejecución de los recursos, con el fin de evaluar la gestión fiscal y verificar el manejo del patrimonio público.
“Toda demora en la ejecución de este proyecto impacta negativamente en la reducción de la brecha digital”, indicó la Contraloría.
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