Necesarias para conectar las zonas rurales

Colombia: con pocas vías terciarias y en mal estado

En 13 municipios del país, en donde se terminó el 73 % de este tipo de proyectos, se evidenció el deterioro en que se encuentran las obras.

100.000 km de vías terciarias están a cargo de los municipios. / Cortesía - Invías

La vía que conecta los corregimientos de San Antonio y Buenavistica, en la zona rural de Sincelejo (Sucre), se terminó de construir hace apenas dos años, pero ya da muestras de deterioro: el pavimento presenta grietas, rotura de la superficie, descascaramiento, desniveles y fallas, con altas probabilidades de empeorar.

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Esta situación se repite, aunque con características variables, en 13 municipios que tienen comprometida la operación eficaz de sus vías terciarias por deficiencias de planeación, constructivas y de mantenimiento.

Así lo reveló una auditoría de desempeño (que identifica prácticas que generan detrimento patrimonial) a 13 proyectos de vías terciarias financiados con recursos del sistema general de regalías para el sector transporte, realizada por la Contraloría General de la República en la zona rural de 13 de municipios en los departamentos de Cesar, Caquetá, Nariño, Sucre, Tolima y Meta. Estas zonas se eligieron porque allí se ejecutó y terminó el 73 % de los proyectos del país.

La muestra se tomó de un universo de 345 proyectos para aumentar la cobertura en vías terciarias construidos entre 2012 y 2016, los cuales forman parte del Sistema General de Regalías y cuyo valor asciende a $564.000 millones.

Los valores de los proyectos elegidos suman $106.000 millones, que equivalen al 19 % de los recursos totales de los proyectos en vías terciarias para el período de cinco años antes mencionado. Cabe destacar que es la primera vez que se realiza la medición, motivada por los frecuentes hallazgos en las auditorías ordinarias de seguimiento que realiza la entidad.

Entre los principales problemas encontrados figuran la aprobación de proyectos que no cumplían de lleno los requisitos para obtener el aval, incluso desde la etapa de la viabilización, siendo en el departamento de Meta donde esta deficiencia se presenta con mayor frecuencia. También hay vacíos en el reporte de documentos al aplicativo dispuesto para hacerles seguimiento a las obras (Gesproy). De hecho, un 77 % de los proyectos de la muestra no se han cerrado formalmente por falta de tales papeles o porque hay saldos pendientes con la interventoría.

Incluso, desde el principio se encuentran deficiencias, pues la mayoría de los municipios monitoreados se basaron en alternativas que no se habían estudiado lo suficiente y diseños que no tenían la calidad técnica requerida, por lo que hay inconsistencias en la realidad de la vía y su impacto en la región. Además, construyeron sin tener claridad en las condiciones del terreno y la calidad de los materiales, potenciando la insuficiencia de presupuestos.

Asimismo, en los proyectos de inversión para mejoramiento de afirmado las vías no cumplieron con su vida útil. Según la Contraloría, en solo un año alcanzaron un gran deterioro “y aunque las mismas continúan en servicio, las deficiencias son crecientes y con notoria dificultad para la operación del tránsito y movilidad de las comunidades”. Tal es el caso de las vías en los municipios de Majagual y Guaranda (Sucre), Arboleda (Nariño) y Milán (Caquetá).

Sin embargo, los entes territoriales ignoran estas condiciones, pues no hacen seguimiento ni revisiones periódicas a las obras entregadas, a pesar de estar obligados por ley, “lo cual lograría impedir el deterioro progresivo en las vías y la consecuente pérdida de la inversión”. Tampoco cuentan con un rubro en el presupuesto que garantice la sostenibilidad de los proyectos.

El objetivo del ejercicio era verificar si los proyectos cumplieron con los requisitos técnicos tanto en la contratación como en la ejecución, pero también si fueron obras pertinentes y si beneficiaron a la comunidad o tuvieron alguna incidencia en su desarrollo económico y social.

Dado que las vías terciarias normalmente conectan la cabecera municipal con el campo (veredas y corregimientos), están íntimamente ligadas con el desarrollo rural y la oferta de mejores servicios en educación, salud y comercio, porque facilitan el ingreso y la salida de productos.

Para la Contraloría, la baja cobertura de la red terciaria y su deficiente estado (más de la mitad son carreteras sin afirmado) “afecta principalmente las economías campesinas, cuyos ingresos dependen de los excedentes que usualmente comercializan en las cabeceras municipales”.

También se encontró que a pesar de que es una obligación de los entes territoriales, apenas 40 municipios tienen un inventario de vías terciarias. Sin embargo, la Contraloría reconoce la dificultad de elaborarlos con presupuestos tan limitados; algunos municipios podrían tener más de 100 kilómetros de carreteras regionales y solo $20 millones para tal fin.

La preocupación es mayor si se considera que para posconflicto (Ocad Paz) la nación asignó una importante cantidad de recursos ($1,3 billones) para la construcción y el mejoramiento de vías terciarias. “Cuando estas se dañan, vuelve a haber una regresión en el problema: los niños pierden clase, la gente no recibe atención médica y se les incrementan los costos; las comunidades sienten los efectos, les impactan durísimo”, dijo un vocero de la entidad.

Estas irregularidades llevaron al ente de control a establecer 36 hallazgos administrativos: 15 relacionados con requisitos técnicos y sectoriales, seis relacionados con sostenibilidad y otros 15 relacionados con pertinencia y consideración técnica de la obra civil.

Tras la investigación, las entidades deben suscribir un plan de mejoramiento donde propongan acciones que permitan solucionar las deficiencias reportadas durante la auditoría y comprometer más recursos para este rubro. La Contraloría explicó que no cumplir los objetivos planteados puede dar origen a situaciones fiscales futuras.

La Contraloría no descarta una ampliación del ejercicio para monitorear la situación en el resto del país y ayudar a mejorar la priorización, planeación, orientación y ejecución de los recursos en pro de inversiones más adecuadas.

Un pendiente que no da espera

Se estima que en el país hay alrededor de 142.200 kilómetros de vías terciarias, según el Ministerio de Transporte. Sin embargo, hay poca información sobre las mismas. Uno de los estudios elaborados sobre el tema es de Fedesarrollo y data de 2013, en él se advierte que hay un déficit de 45.000 kilómetros, correspondiente al 26 % del total.

El Conpes para la gestión de la red terciaria (no. 3857) también arroja datos interesantes como que solo 20 % de las vías regionales están pavimentadas, cuando la mayoría de los países tienen cobertura total.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó en 2015 que el retraso tanto en cobertura como en calidad de las vías sitúa a Colombia en el rango más alto de costos de tonelada transportada por kilómetro de los países pertenecientes al organismo.

De acuerdo con el Banco Mundial, en 2013 los comerciantes en Colombia pagaron, en promedio, US$1.500 por cada conteiner transportado por carretera hacia alguno de los puertos; esta cifra representa el doble de la media para el resto de los países de América del Sur y es tres veces la de los países de la OCDE.

La Contraloría insistió nuevamente en la importancia de tener un inventario de vías terciarias en todos los entes territoriales donde se detallen las características y condiciones de las carreteras. “Esto permitiría conocer de manera detallada las características técnicas, tipo de terreno, tipo de superficie y también se podría obtener información de tipo económico, productivo y social; lo que dificulta la priorización de los proyectos a intervenir”.

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Para ello, la entidad compartió los resultados de la auditoría con las autoridades del sector y espera que el Ministerio de Transporte pueda presionar y ayudar en ese proceso de elaboración de los inventarios.