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Colpensiones sostiene que todos los trabajadores que se dedican a labores de alto riesgo y que están afiliados a los fondos privados deben pasar al régimen público.
Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, dijo a este diario que la ley establece claramente que la única entidad facultada para pensionar a los trabajadores de alto riesgo es Colpensiones. “Hoy vemos que en los fondos privados todavía hay trabajadores de alto riesgo, como mineros, petroleros, guardianes, bomberos. Son cerca de 40.000 trabajadores. La situación pone en riesgo sus pensiones porque la ley dice que deben estar en Colpensiones. Por eso les hemos pedido a los fondos que, en cumplimiento de la norma, los trasladen”, dijo a El Espectador.
El traslado implica que los ahorros de estos trabajadores pasarían de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones. Algunas fuentes han dicho que serían cerca de COP 9 billones, aunque Asofondos estima que podría ser menos.
Actualmente la ley establece que estos trabajadores de alto riesgo no cotizan 16 %, como todos los demás, sino 26 %. El 10 % adicional está a cargo del empleador, tanto en el régimen público, como en el privado. La diferencia es que en Colpensiones los trabajadores que cumplen el requisito de semanas para pensionarse (1.300) y que de ese total tienen 700 semanas cotizadas por desempeñar labores de alto riesgo, pueden recibir su mesada desde los 55 años (incluso antes si tienen más semanas).
El presidente Dussán defiende que trasladar a los trabajadores “no es una opinión personal ni un capricho del Gobierno, sino el cumplimiento de la ley”. Pero fuentes cercanas al tema dijeron a El Espectador que pese a que un decreto de 2003 establecía que los trabajadores de alto riesgo debían estar en Colpensiones, más adelante la jurisprudencia privilegió que, según la Ley 100 de 1993, los afiliados pueden decidir dónde tener sus cotizaciones.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó en Blu Radio que no a todas las personas que han cotizado semanas de alto riesgo les conviene trasladarse, pues algunas no lograrán las 700 requeridas para la pensión especial que entrega Colpensiones y podrían obtener más beneficios en los fondos privados.
Actualmente, por la diferencia de condiciones y beneficios en Colpensiones y los fondos privados, no a todas las personas les conviene lo mismo. La recomendación de los expertos es clara: realice la doble asesoría, un proceso en el que cada entidad le explica cómo está si situación pensional y con cuánto podría pensionarse en cada lado, para que pueda tomar la mejor decisión.
¿El traslado será obligatorio?
De acuerdo con Dussán, tras una reunión con los fondos privados, en la que también participaron otros funcionarios de gobierno, se instaló una mesa de trabajo para avanzar en el proceso de traslado.
Velasco aclaró que identificarán cuál es la población que esta en las AFP y que podría aspirar a una pensión de alto riesgo (los que pueden cumplir el requisito de 700 semanas de este tipo). Los fondos contactarán a los trabajadores para informarles y que puedan hacer el traslado.
Frente a la duda de por qué se está haciendo el cambio hasta ahora, el presidente de Colpensiones respondió que “esa es una pregunta para los gobiernos desde la vigencia de la Ley 100 hasta el anterior, y también para la Superintendencia Financiera, que debía vigilar esta situación”.
Dussán sostiene que no es que el gobierno esté buscando plata extra para cubrir el déficit fiscal o financiar el pilar solidario (como han advertido algunos sectores), sino que la ley es clara en que los fondos privados no pueden afiliar ni pensionar a los trabajadores de alto riesgo porque estas administradoras sólo pueden hacerlo bajo las mismas condiciones que rigen a todos los trabajadores. “El Estado debe dar un cuidado adicional a quienes trabajan en minas, bomberos, guardianes y otros oficios de alto riesgo”, dijo.
El presidente de Colpensiones también se refirió a la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro que crea un nuevo sistema de pilares y que para entrar en vigencia necesita del visto bueno de la Corte Constitucional. Dussán dijo que espera que el alto tribunal se pronuncie pronto sobre esta ley que aprobó el Congreso, para que así se puedan materializar los cambios prometidos, incluyendo una renta básica para las personas mayores sin pensión. Con el nuevo sistema, todos los trabajadores cotizarían en Colpensiones hasta por 2,3 salarios mínimos (COP 3.274.050 en 2025) y de ahí en adelante en una AFP.
Aquí se abrirá otro debate, porque aunque en la reglamentación se estableció que con la reforma pensional se podrá seguir haciendo el aporte de 10 % extra para trabajadores de alto riesgo, algunos abogados advierten que como no quedó en la ley, no sería obligatorio.
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