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Por lo menos, esa fue la sensación que quedó ayer después de la rueda de prensa ofrecida por los presidentes de Ecopetrol y de Reficar y los ministros de Hacienda y Minas. Dejar la responsabilidad por los US$4 mil millones adicionales que costó la obra en manos del gobierno de Álvaro Uribe, fue la consigna.
Juan Carlos Echeverry, encargado de la gestión de la empresa más importante del país, inició su intervención asegurando que quienes estaban en la mesa eran los “bomberos y no los que causaron el incendio”, refiriéndose a los malos manejos desde el inicio de la obra y a la falta de planeación que se gestó desde 2007, cuando el gobierno anterior adjudicó el contrato a la minera Glencore.
Lo importante, según Echevery, es que hoy Colombia tiene una de las refinerías más modernas de América Latina y de cargar 80 mil barriles de crudo al día pasará en los próximos días a 140 mil barriles. Cuando fungía como ministro de Hacienda, alertaron sobre las irregularidades y por eso hubo un cambio en la gerencia de Reficar, concluyó.
En la misma línea, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, felicitó a los entes de control por “estar tomando cartas en el asunto y en los casos de corrupción se identifique a los responsables y se tomen las medidas del caso”. De nuevo, otro funcionario de la administración Santos puso el espejo retrovisor y condenó las malas decisiones de sus antecesores nombrados por Uribe.
“Hubo un pésimo contratista, que fue escogido bajo una modalidad perversa. CB&I demostró grandes dosis de improvisación, no consolidó equipos idóneos y no estuvo a la altura del desafío de la refinería”, dijo.
Sobre la defensa de la soberanía energética habló el ministro de Minas, Tomás González, y sobre la complejidad del proyecto se refirió Reyes Reynoso, presidente de Reficar. Detrás del telón sigue la incertidumbre, porque no hay ni responsables, ni certezas sobre la recuperación de los recursos que fueron utilizados para la construcción. Lo vital es que el escándalo no se diluya en diferencias políticas.