Congresistas piden a Minagricultura que retire proyecto de reforma rural

Por considerar que agrava la ya extrema concentración de la propiedad rural, legaliza la prescripción de baldíos y enfatiza el modelo acaparador de tierras y desnaturaliza el propósito de promover la democratización de la tierra, tal y como quedó especificado en el Acuerdo Final de Paz, los congresistas Aída Avella, Feliciano Valencia, Iván Cepeda, Pablo Catatumbo, Wilson Arias y más de 200 organizaciones sociales, solicitaron al Ministro de Agricultura Andrés Valencia, retire el proyecto que pretende modificar la ley 160 de 1994, o de Reforma Agraria.

A los firmantes les preocupa, por ejemplo, el tema de la legalización de ocupaciones indebidas de baldíos, pues consideran que con el texto se avala su apropiación, venta y cesión ilegal, creando procedimientos judiciales que desconocen el mandato constitucional de acceso a la tierra para las comunidades rurales más desfavorecidas.

"El proyecto no contiene ninguna medida para solucionar el problema de comunidades campesinas que habitan en zonas clasificadas bajo distintas figuras de protección ambiental, a quienes hoy se criminaliza y se pretende expulsar, desconociendo su ocupación tradicional y su capacidad y deseo de permanecer allí protegiendo el ambiente", detalla la misiva.

Además, insisten en que el proyecto abre la posibilidad para que tierras que deberían ser para campesinos de escasos recursos, se les adjudiquen a empresas mineras, de hidrocarburos o agroindustriales, sin importar si el terreno es más grande que una Unidad Agrícola Familiar y sin reunir los requisitos puestos por la Corte Constitucional para la constitución de ZIDRES.

"Este proyecto es una contra reforma agraria que está hecho a la medida de los acaparadores de tierras, desconociendo los derechos de los campesinos y la necesidad de la producción alimentaria del país; permitiendo la legalización y el saneamiento de tierras indebidamente apropiadas”, aseguró la senadora Aída Avella.

De acuerdo con el senador Feliciano Valencia, es claro que para la estructuración de la reforma de la ley el Gobierno nacional no estableció una ruta concertada con procesos como la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, para trabajar en los contenidos y en la implementación y tampoco hubo una culminación "satisfactoria" de la Consulta Previa de las comunidades indígenas y afrocolombianas. 

"Desde el inicio, la elaboración del proyecto de ley ha incumplido los acuerdos suscritos con las organizaciones y procesos agrupados en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, que incluyen específicamente el compromiso del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura, para establecer una ruta concertada con dichas organizaciones para trabajar en la reforma de la Ley 160 de 1994, de manera participativa y consultada, tanto en los contenidos como en la ruta", explica la carta.

De hecho, las organizaciones recuerdan que una vez fue radicado este proyecto, organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación – MPC, interpusieron una acción de tutela solicitando la suspensión del trámite del proyecto y su retiro del Congreso, pues el mismo fue radicado sin acuerdo alguno entre las comunidades y el gobierno nacional.

Los firmantes aseguran también que el trámite del proyecto sigue su curso sin que se permita un espacio de participación de las organizaciones campesinas  y las comunidades de las diferentes regiones del país y que incluso "desconoce el acuerdo logrado en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, según el cual se debe conformar una Comisión en el Congreso que, mediante un proceso amplio y participativo, estudie temas como la formalización de tierras y posibles modificaciones al régimen de baldíos".

Por considerar que agrava la ya extrema concentración de la propiedad rural, legaliza la prescripción de baldíos y enfatiza el modelo acaparador de tierras y desnaturaliza el propósito de promover la democratización de la tierra, tal y como quedó especificado en el Acuerdo Final de Paz, los congresistas Aída Avella, Feliciano Valencia, Iván Cepeda, Pablo Catatumbo, Wilson Arias y más de 200 organizaciones sociales, solicitaron al Ministro de Agricultura Andrés Valencia, retire el proyecto que pretende modificar la ley 160 de 1994, o de Reforma Agraria.

A los firmantes les preocupa, por ejemplo, el tema de la legalización de ocupaciones indebidas de baldíos, pues consideran que con el texto se avala su apropiación, venta y cesión ilegal, creando procedimientos judiciales que desconocen el mandato constitucional de acceso a la tierra para las comunidades rurales más desfavorecidas.

"El proyecto no contiene ninguna medida para solucionar el problema de comunidades campesinas que habitan en zonas clasificadas bajo distintas figuras de protección ambiental, a quienes hoy se criminaliza y se pretende expulsar, desconociendo su ocupación tradicional y su capacidad y deseo de permanecer allí protegiendo el ambiente", detalla la misiva.

Además, insisten en que el proyecto abre la posibilidad para que tierras que deberían ser para campesinos de escasos recursos, se les adjudiquen a empresas mineras, de hidrocarburos o agroindustriales, sin importar si el terreno es más grande que una Unidad Agrícola Familiar y sin reunir los requisitos puestos por la Corte Constitucional para la constitución de ZIDRES.

"Este proyecto es una contra reforma agraria que está hecho a la medida de los acaparadores de tierras, desconociendo los derechos de los campesinos y la necesidad de la producción alimentaria del país; permitiendo la legalización y el saneamiento de tierras indebidamente apropiadas”, aseguró la senadora Aída Avella.

De acuerdo con el senador Feliciano Valencia, es claro que para la estructuración de la reforma de la ley el Gobierno nacional no estableció una ruta concertada con procesos como la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, para trabajar en los contenidos y en la implementación y tampoco hubo una culminación "satisfactoria" de la Consulta Previa de las comunidades indígenas y afrocolombianas. 

"Desde el inicio, la elaboración del proyecto de ley ha incumplido los acuerdos suscritos con las organizaciones y procesos agrupados en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, que incluyen específicamente el compromiso del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura, para establecer una ruta concertada con dichas organizaciones para trabajar en la reforma de la Ley 160 de 1994, de manera participativa y consultada, tanto en los contenidos como en la ruta", explica la carta.

De hecho, las organizaciones recuerdan que una vez fue radicado este proyecto, organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación – MPC, interpusieron una acción de tutela solicitando la suspensión del trámite del proyecto y su retiro del Congreso, pues el mismo fue radicado sin acuerdo alguno entre las comunidades y el gobierno nacional.

Los firmantes aseguran también que el trámite del proyecto sigue su curso sin que se permita un espacio de participación de las organizaciones campesinas  y las comunidades de las diferentes regiones del país y que incluso "desconoce el acuerdo logrado en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, según el cual se debe conformar una Comisión en el Congreso que, mediante un proceso amplio y participativo, estudie temas como la formalización de tierras y posibles modificaciones al régimen de baldíos".