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El contrato que le permitiría a Cerro Matoso S.A seguir extrayendo níquel de Montelíbano (Córdoba) hasta 2029 debe ser revocado. Esto fue lo que le exigieron al Gobierno Nacional los congresistas de la Comisión Quinta del Senado y del Comité por la defensa del interés público en Cerro Matoso, en el debate de control político que se llevó a cabo este martes en el Congreso.
Los senadores cuestionaron la forma en que se negoció la continuidad de la explotación por parte de la multinacional BHP Billiton y el Estado, tras la firma del contrato de aporte 051 de 1996, y pidieron explicación sobre la continuidad del negocio con “un socio que ha tratado de timar al Estado y que le ha incumplido”, según lo dijo la senadora Maritza Martínez.
Los senadores pusieron sobre la mesa las denuncias recibidas de los trabajadores de la mina por el desconocimiento de los derechos laborales, la falta de ejecución de las promesas de responsabilidad social y ambiental y el comprobado incumplimiento de la empresa en el pago de regalías.
La contralora general, Sandra Morelli, quien en días pasados advirtió que el contrato podría ser ilegal, dijo que en este caso se “están sacrificando los activos de la nación”.
El senador Jorge Robledo catalogó la firma del contrato como “un acto de corrupción” que le exige al Estado entregar en arriendo la mina a la misma transnacional una vez vencidos los contratos de explotación en septiembre de este año, para que la continúe explotando hasta 2029, y se unió al llamado de nulidad del contrato propuesto por el representante David Barguil, quien reprochó que el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, hubiera defendido el mes pasado en Cartagena la legalidad del contrato y no hubiera salido en defensa de los intereses del Estado.
Robledo cuestionó que el contrato 051 deje al Estado sin la posibilidad de elegir si después de 30 años de explotación por parte de la BHP Billiton quiere que esa empresa siga operando la mina, si quiere abrir una subasta para que otras empresas entren en su lugar o abrir la puerta para que sea el Estado a través de Ecopetrol, o una nueva empresa, el que la explote.
El legislador del Polo Democrático propuso que se revoque el contrato de prórroga y que se mantengan vigentes por unos meses más los contratos de explotación de níquel con Cerro Matoso, mientras se define el futuro de la operación de la mina.
En respuesta a las intervenciones, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, les dijo a los senadores que no es cierto que las negociaciones con Cerro Matoso se hayan hecho a espaldas del país, pues “a las reuniones han asistido representantes de la Procuraduría”, y frente al contrato de prórroga dijo que “nadie ha demandado la ilegalidad de este contrato en los últimos 16 años, y yo, como funcionario público, tengo que presumir su legalidad. Por eso pido que no solo el Ministerio de Minas sea el que revise el contrato, sino que sea un trabajo en conjunto con los organismos de control”. Y agregó que no podrá entregar un concepto “mientras las autoridades competentes no declaren la ilegalidad del contrato y el Ministerio de Salud no demuestre con estudios que las denuncias sobre enfermedades corresponden al funcionamiento de la mina”.
Por Angélica María Cuevas G.
