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Recientemente se conoció que el Consejo Gremial Nacional envió una carta al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en la que solicita la suspensión del decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica.
Para entender esto hay que saber que el año pasado, en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026, el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso una propuesta desfinanciada en cerca de COP 26 billones.
Desde el inicio, la propuesta del Gobierno fue que el Congreso aprobara su proyecto y que los recursos faltantes se obtuvieran a través de una ley de financiamiento, es decir, una reforma tributaria. La discusión avanzó, pero un sector significativo del Legislativo sostuvo que el Ejecutivo debía ser más austero y que esos recursos no debían autorizarse, sino obtenerse mediante recortes en el gasto público.
El tire y afloje continuó, y se logró que la mencionada ley de financiamiento tuviera un recorte de COP 10 billones, quedando en COP 16,3 billones. Aún así, para el Congreso resultó excesiva la petición del Gobierno y optó por hundir la iniciativa.
El presidente Gustavo Petro había advertido que, si su propuesta no prosperaba en el Congreso, declararía una emergencia económica para, vía decreto, adoptar los ajustes tributarios necesarios y obtener los recursos faltantes. Eso fue lo que ocurrió hacia finales de diciembre del año pasado, con la expedición del Decreto 1390 de 2025.
Desde que se expidió, muchos sectores advirtieron que dicha acción era claramente inconstitucional, pero la Corte Constitucional no estaba disponible, por la vacancia judicial.
Con la intención de aceitar este trámite es que el Consejo Gremial Nacional le ha solicitado a la Corte revisar esto.
Para la organización, la declaratoria del estado de emergencia en ese contexto constituye una vulneración del principio de separación de poderes.
“Consideramos que este decreto es manifiestamente inconstitucional, porque usa poderes de excepción para resolver problemas fiscales que no son ni extraordinarios ni imprevistos, sino estructurales y conocidos. Se recurre a la emergencia luego de que el Congreso no aprobara una ley de financiamiento, lo que implica una sustitución del debate democrático, especialmente en materia tributaria”, detalla el Consejo Gremial, quien reiteró en su solicitud suspender este decreto, y todos los que se deriven de él, mientras la Corte decide de fondo.
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