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Luego de ordenarse el desalojo de 16 edificios que presentaron riesgo de colapso en la ciudad de Cartagena, muchas son las familias que resultaron afectadas por esta situación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que trabaja para garantizar los derechos de la población.
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El superintendente de Industria y comercio, Pablo Felipe Robledo, comunicó que el alcalde de Cartagena, Sergio Londoño, le solicitó tomar una decisión sobre los subsidios que deben pagar las constructoras a las personas afectadas, tal y como lo hizo en su momento con el caso de los edificios de la constructora CDO en Medellín.
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Se espera que el dinero que determine la entidad ayude a las familias a pagar un arriendo mientras se logran las respectivas indemnizaciones.
“La SIC hace algunas semanas tiene una indagación preliminar para determinar la responsabilidad de los constructores en la violación del régimen de protección de los consumidores, que consistiría, en no haber puesto en el mercado inmuebles seguros y que respondan por la garantía de calidad de esos bienes”, manifestó Robledo al agregar que dichas sanciones podrían alcanzar los $1.500 millones para constructoras y personas naturales vinculadas.
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El superintendente aprovechó para recordar que en el caso de la constructora CDO las sanciones rondaron los $4.000 millones.
“Pero eso no soluciona el problema de la gente, por lo que les pedimos que se comuniquen con la SIC para que nosotros les digamos lo que tienen que hacer”, concluyó Robledo al asegurar que es necesario que se presenten las respectivas denuncias para garantizar los derechos de los afectados.
La SIC se comprometió a solucionar de manera oportuna la solicitud hecha por el alcalde de Cartagena.
Por Redacción Economía.
