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En algunos países, como el nuestro, la minería sigue siendo considerada una actividad depredadora del medioambiente que deja sólo pobreza y desolación una vez extrae los recursos naturales. Para cambiar esa percepción, las grandes empresas nacionales y multinacionales hacen esfuerzos en busca de darle vuelta.
La minería y los defensores del medioambiente siempre están sentados en orillas diferentes. El cambio climático ha exigido el uso eficiente de los recursos, que en varios países hace parte de la política pública. En medio del Congreso Nacional de Minería, organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la queja es generalizada: los costos por las protestas y los bloqueos en las explotaciones son altos.
El presidente de la ACM, Santiago Ángel Urdinola, ha pedido que se judicialice la mal llamada protesta social que degenere en actos vandálicos, pues esos bloqueos le costaron a la industria minera y al Estado alrededor de un billón de pesos en 2016. “Las vías de hecho no son el camino” para este tipo de protesta, insistió el dirigente gremial. “Creemos, como se hizo en el Código de Policía, que es muy importante que cuando se den actos de violencia se tomen las acciones correctivas y la judicialización de los hechos vandálicos que se generen”, dijo.
El presidente de la multinacional Drummond, José Miguel Linares, señaló que el año pasado sufrieron 100 bloqueos a la línea férrea. “La gran mayoría por protestas que no tienen nada que ver con las operaciones mineras, problemas eléctricos, protestas por el agua y otras manifestaciones que hacen las comunidades”, dijo.
Para debilitar esa controversia, el sector ha pedido al Gobierno reglas claras y seguridad jurídica. Roberto Junguito, presidente del consejo directivo de la ACM y presidente de la minera Cerrejón, se mostró preocupado por la inseguridad jurídica. Nuevas reglas de juego han debilitado algunas áreas donde se estaba haciendo exploración y últimamente se ha emitido una gran cantidad de fallos en contra de la industria. La consultas populares son otros elementos “que desestabilizan las reglas de juego para invertir”.
Carlos Andrés Cante, viceministro de Minas, señaló que algunos políticos locales han encontrado en las consultas populares antimineras y antipetroleras “la forma de mantenerse vivos para poder llegar a las próximas elecciones. Y nosotros nos quedamos callados y no levantamos la cabeza y no hacemos el ejercicio”. La industria minera lanzó una voz de alerta porque en el país se preparan 39 consultas populares en igual número de municipios. La explotación ilegal de recursos naturales afecta a 306 municipios, es decir, cerca del 36 % del territorio nacional está afectado.
De acuerdo con Junguito, “todos estos elementos de inseguridad jurídica hacen que sea cada vez más difícil para los empresarios de este sector atraer inversión”.
Por su parte, el presidente de Continental Gold, Mateo Restrepo, resaltó que la minería ilegal les deja a los grupos armados al margen de la ley tres veces más ingresos que el narcotráfico. “El 85 % de la exportación de oro en Colombia proviene de sitios desconocidos y sólo el 15 % viene de una mina con título y con licencia. Eso significa una suma estimada en $6 billones por año equivalente a una reforma tributaria, que sale de parte de la extracción ilícita de minerales”, indicó.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, informó que ya está listo un proyecto de ley para reglamentar las consultas previas. “Hay que entender cuál es el alcance de las consultas populares y sobre todo hay que construir una regla de cómo se va al territorio para decir que la minera es una actividad lícita que puede contar con permisos ambientales y se puede desarrollar”, apuntó. Ahora la discusión en el Gobierno es si se presenta por el canal ordinario del Congreso o se incluye en el paquete legislativo del fast track.
Por su parte, la bióloga Brigitte Baptiste afirma que “las consultas reflejan la distancia creciente entre las perspectivas de desarrollo y bienestar local con las del gobierno central. Estas diferencias se han agudizado por la ineficacia de los mecanismos de participación previstos en la planeación, a menudo letra muerta, la corrupción que ha cooptado muchos de estos espacios y el anquilosamiento del aparato central de gobierno”.
Los ambientalistas señalan que “las consultas son perfectamente legítimas, están enmarcadas en los derechos de participación ciudadana que han establecido la Constitución y las leyes que regulan el tema”, como dice un importante defensor de las normas mineroambientales. “Las empresas han sido muy ineficientes a la hora de hacer las consultas y han desconocido la presencia de comunidades con las cuales han tenido relaciones por más de 30 años, luego, objetar que la consulta ha sido manejada de manera inapropiada es reconocer las ineficiencias que ha tenido el sector minero en el manejo de este derecho ciudadano”, indicó el analista, que prefirió el anonimato.