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El presidente Juan Manuel Santos catalogó al contrabando como un objetivo de alto valor. Eso había sucedido con los cabecillas, por ejemplo, de las Farc. ¿En qué momento se volvió un problema tan grande?
El presidente lo definió así en la medida en que no sólo se constituye en un fenómeno que afecta la economía sino también la seguridad nacional. Esos corredores humanos y logísticos sobre los que se mueve se ven contaminados por el accionar de diferentes actores criminales, los cuales blanquean capitales por medio del lavado de activos. Encontramos ahí narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas. Todos los que quieran legalizar el dinero mal habido están usando estos canales. El contrabando ya no sólo consiste en la entrada y salida ilegal de mercancías, sino que el Estado deja de percibir sus impuestos por tabaco, cigarrillo, licores, y así se afectan los programas de salud. El presidente dejó claro que Colombia debe ser un país con las garantías y condiciones estructurales y de seguridad, para que esos países socios comerciales (por los TLC) confíen en que estarán blindados.
¿Cuáles son las cifras en materia de aprehensiones que tiene la Polfa por concepto de contrabando en Colombia?
Este año estamos hablando de un total de $798.825 millones aproximadamente; el año pasado fue de $131.722 millones y de $432.000 millones en 2011. Son cifras que generan inquietud y preocupación si tenemos en cuenta que al país le están ingresando US$6.000 millones al año en contrabando. Si comparamos esto con las importaciones legales que hace el Estado colombiano, que son unos US$58.000 millones, estamos hablando de que el contrabando es casi un 10%.
¿La idea es que usted tenga acción directa sobre personal de la cancillería, de la DIAN…?
Sí, se tiene que estructurar en la presidencia un documento con el que se le dé un soporte legal a esa función tan importante para que cumpla el director de la Polfa. Y en eso se está trabajando en este momento. No queremos desnaturalizar otras instituciones, asumir sus funciones; queremos ser un ente rector en la medida en que se focalizan los esfuerzos contra este flagelo.
¿Qué respuesta ha recibido?
Dentro del proceso de planteamiento estratégico, hemos iniciado un plan piloto en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador. No es muy grande, son apenas 294 km frente a los 2.219 km que hay con Venezuela. Allí hemos logrado ver cómo las instituciones sí están interactuando entre sí con una práctica dinámica y coordinada. Se montaron unas mesas de trabajo junto con los gremios. Se logró la conciencia y el actuar. Ese caso nos sirve para replicarlo en la segunda fase que viene, y es la afectación directa sobre el contrabando en La Guajira.
¿Cuáles son los puertos o las fronteras donde el problema es más complicado?
La frontera con La Guajira tiene una naturaleza muy especial. Allí tenemos una zona especial de régimen aduanero, que permite la llegada de muchas mercancías de otros países, supuestamente en tránsito, pero se quedan en Colombia e ingresan ilegalmente, como el cigarrillo y los licores. En esta zona de 453 km, encontramos que sólo ese pedazo tiene 172 pasos ilegales fronterizos que requieren un control óptimo al término de la distancia. Otro tema complicado es el de hidrocarburos. De los 421 km de frontera entre Cúcuta y Venezuela, hay 28 pasos críticos, varios de ellos carreteables, en los que también entran muchos alimentos perecederos, ganado en pie y carne en canal.
¿Existe la adecuada legislación para judicializar a quienes son capturados o relacionados con este delito? ¿Se necesita más ayuda del aparato judicial?
Hay un esfuerzo legislativo con el tema de la Ley Anticontrabando (en curso en el Congreso). Sabemos que en el Código Penal colombiano actual sólo se constituye en delito cuando es superior a 50 salarios mínimos legales vigentes (SMLV); no podemos hablar del contrabando como delito, solamente una infracción administrativa que da lugar a la aprehensión. Con la nueva ley se busca que se convierta en delito cuando sea superior a 10 SMLV. Así, ya cambia la situación.
¿Hay casos en los que se usa ese límite para contrabandear?
Hay situaciones atípicas, pero muy comunes en la frontera de Ipiales, en Nariño, donde existe el Convenio Esmeralda, un acuerdo binacional que dice que los nariñenses pueden importar desde Ecuador a Colombia hasta 4 SMLV, pero se vuelve raro cuando esa misma persona ingresa cuatro veces al día, y hasta más. Y entra una chiva llena de mercancía con 10 personas adentro y cada una dice que lleva sus respectivos 4 SMLV, pero esa misma chiva también ingresa varias veces al día. Entonces, estamos buscando llegar a un consenso con un mecanismo de control que permita saber cuántas personas ingresan y con cuánto cada una, con la Alcaldía y la Cancillería, para que se diga: “Está bien que usted entre bajo el Convenio Esmeralda, pero hágalo una vez cada tres semanas”. Sin embargo, estamos buscando muchas medidas de fondo y de forma con las que podamos combatir.
Sin duda hay corrupción y existe casos en la DIAN y en la Policía. ¿Cómo controlarla?
Cuando uno ataca un delito de esta naturaleza hay que ver todo un contexto. Tenemos que preguntarnos dónde están los vacíos. Pero cuando nos preguntamos qué es lo que hace viable y posible que ese fenómeno exista, inmediatamente llegamos a unas variables gruesas y ahí está la economía criminal, que es el tema de lavado de activos, cómo se invierten esos capitales; y la otra es la corrupción. Sabemos que si no la hubiera, no habría contrabando. Y hemos traído un jefe de inteligencia que viene de la Dipol, una persona poligrafiada, con basto conocimiento, con importante información; además, estamos estructurando un equipo humano con un soporte tecnológico importante que nos permita dos cosas: control y ambiente de control. No podemos permitir que llegue cualquiera a la Polfa, no podemos mandar a cualquiera para La Guajira o a un puerto, sino que deben ser personas calificadas y cualificadas, y en ese ámbito estamos trabajando procesos de antaño en la lucha contra el narcotráfico. Practicar pruebas que nos lleven a saber quién es quién.
¿Qué tipo de productos son los que más entran al país por concepto de contrabando?
Son cinco sectores críticos y dos más que entran: el arroz, los textiles, confecciones, licores, cigarrillos, zapatos e hidrocarburos. Para cada uno, estamos formado un equipo de inteligencia, judicial y operacional. Vamos a atacar el problema casi de forma personalizada.
En cuanto a alimentos...
El arroz y el ganado, las frutas que están entrando de Venezuela y de Ecuador, y las legumbres y verduras. El problema radica en que en Venezuela estos alimentos son subsidiados, alguien va y compra una tonelada legal y el negocio es meterlo a Colombia y venderlo.
El contrabando tiene una relación directa con el lavado de activos y el narcotráfico...
Se ha estructurado gracias al director de la DIAN un acuerdo con la Fiscalía, y ya tenemos nueve fiscales especiales contra el lavado de activos. Hay una unidad que está trabajando y llevamos los casos más importantes. Además, se tienen identificadas varias organizaciones y personas.
Muchas de las aprehensiones terminan siendo fallidas, porque son importadores que cometieron una equivocación en un documento...
Es importante tocar ese tema. Una cosa es el contrabando técnico, ése que nace de las personas malintencionadas que buscan burlar los controles y entran mercancías con unas planillas, cuyos datos no corresponden a la hora de la revisión. Pero otra cosa son los errores de los importadores, muchas veces de buena fe; donde falta alguna especificación, se dan las aprehensiones. Estamos haciendo para eso mesas de trabajo, porque lo que queremos es dinamizar, mi trabajo no es atacar la economía sana del país, los importadores e industriales, a los que generan empleo y pagan impuestos; por el contrario queremos ser amigos de ellos y ayudarles. Estamos en procura de establecer protocolos de cómo tiene que actuar el policía fiscal y aduanero en los diferentes puntos donde ejerce control a la carga. Debemos continuar con la capacitación.
Los san andresitos no tienen Dios ni ley. ¿Por qué no hay acción en esas zonas?
Esa es la manifestación expresa del contrabando. Es la parte visible. Estamos trabajando en atacar la parte invisible que importa grandes cantidades de toneladas. En la medida en que podamos blindar esas fronteras y ataquemos esas organizaciones, el flujo que llega a esos lugares será menor.
Pero llevamos muchos años y uno siente que no pasa nada…
El tema de los san andresitos está circunscrito a un problema no solamente económico y delincuencial, sino social. Vemos los amotinamientos cuando llega la Policía. Es un fenómeno que ha cogido ventaja, lo estamos viendo desde dos partes. Cuando uno llega, le muestran las planillas y acreditan esa mercancía; pero ahora, la modalidad es que si al cliente le gusta un par de tenis, ellos van a otro lugar, su bodega, por los tenis. A esas bodegas, a esas casas, vamos a llegar. Por eso, queremos amarrar todo esto al lavado de activos, queremos que todo lo que tiene que ver con contrabando asuma las mismas consecuencias que hemos adoptado con el tema de los narcóticos.
¿En qué van las investigaciones por los asesinatos de funcionarios de la DIAN? ¿Hay más gente amenazada?
De la Polfa no hay personas amenazadas. De la DIAN tenemos conocimiento de 29 funcionarios amenazados sobre los cuales ya se están haciendo los estudios de seguridad y análisis de riesgos. En el caso de los dos homicidios, en Cali y en Neiva, son procesos que no están interconectados. Quiero dejar claro que no hay una intencionalidad criminal organizada en el país para matar funcionarios de la DIAN o de la Polfa. Son casos coyunturales y cada uno de ellos fue por estar haciendo bien su trabajo. Ya hay investigaciones importantes, para darle un tratamiento especial al caso de Neiva, hay fuentes humanas que están aportando, hay una fuerte recompensa que no se ha cobrado. Esos crímenes no van a quedar impunes.
@EdwinBohorquezA
Por Edwin Bohórquez Aya
