Contradicciones en la terminación del túnel de La Línea

Archivo El Espectador

La construcción del túnel de La Línea es uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos y estratégicos de Colombia, incluye un túnel principal de 8,6 km, 24 puentes y 18 túneles secundarios, y tiene como propósito acortar la distancia, facilitar el tráfico e incentivar el comercio entre el occidente de Colombia, la zona portuaria de Buenaventura y la capital del país.  

En este momento, ocho meses después de que se paralizara la obra, tras la negación de la prórroga del contrato a la Unión Temporal  Segundo Centenario, encabezada por el empresario Carlos Collins, las veedurías ciudadanas especializadas del Tolima y Quindío, hicieron énfasis en los problemas que aún subsisten en materia ambiental y cuestionaron el presupuesto asignado para la ejecución del  12% que resta para culminar el proyecto. 

A través de un documento suscrito por el Ingeniero Uriel Orjuela, vocero de la veeduría ciudadana del Quindío, se dieron a conocer las inquietudes de la organización respecto a la terminación de la obra, tras la adjudicación el pasado mes de julio del contrato al Consorcio La Línea, conformado por Conconcreto y el grupo Solarte por valor de $224.408 millones de pesos.

Con relación al plazo contractual que vence el 31 de julio de 2018, el ingeniero Orjuela consideró que este tiempo no va ser suficiente para la terminación del proyecto y sostuvo que que el presupuesto asignado no alcanczará, debido a las inconformidades y el deterioro que muestran algunas obras ya ejecutadas. 

Sin embargo, el ministro de transporte, Germán Cardona, aseguró, después de una reunión con los nuevos contratistas, que la obra estará lista el 31 de julio del proximo año y que espera poder inaugurarla a tiempo, cumpliendo los plazos y los límites preestablecidos. 

El Instituto Nacional de Vías (Invías), Por su parte,  sostuvo que el 1 de septiembre se reanudarán  las obras del túnel  y afirmó que se espera que en la obra se contraten cerca de 1.000 personas, mano de obra del Tolima y Quindío.

Frente al tema ambiental, las veedurías ciudadanas solicitaron un informe al INVIAS, donde se reflejen no solo los tiempos, sino el presupuesto con que se van a cumplir los requerimientos  pendientes,  generados en el contrato anterior y los nuevos que surjan durante la ejecución del nuevo contrato.

Además, el arquitecto, Julio Enríquez, coordinador  de la Veeduría ciudadana especializada del Tolima,  cuestionó el hecho que las  escorrentías de aguas lluvias de la parte alta de la cordillera en el Tolima estuviera vertiéndose hacia el departamento del Quindío y expresó su  intranquilidad por el material y los cementerios de maquinaria que existen actualmente en Cajamarca en la vía al corregimiento de Anaime.

La opinión de las veedurías fue respaldada por la Procuraduría General de la Republica, a través del delegado para la Participación Ciudadana, Julio Andrés Ossa Santamaría.