Contraloría alerta alto costo fiscal por migración y retorno masivo desde EE. UU.

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Foto: EFE - Joebeth Terríquez

En su más reciente informe, la Contraloría General de la República expuso la presión fiscal que enfrenta Colombia por cuenta del aumento migratorio y el impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos.

A través de un análisis realizado por Dirección de Análisis de Información de la DIARI, en el marco del “Modelo Costo Inmigrantes”, se desarrolló una herramienta que permite ver el impacto económico y social de las dinámicas migratorias en el país.

Los resultados de este análisis revelaron que 1.179.270 migrantes han recibido apoyo estatal, con un costo estimado de $2,93 billones, lo que además permitió advertir un crecimiento acelerado en estos costos debido a la política que podría “comprometer la sostenibilidad del presupuesto público”.

En términos de flujo migratorio, este se compone mayoritariamente de mujeres, niños y adolescentes en alto riesgo.

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Según la Contraloría, la concentración de migrantes en tránsito irregular alcanzó a cerca de 16 departamentos del país, encabezada por Antioquia (67,43 %), Nariño (29,96 %) y Putumayo (1,40 %). Esto genera afectaciones sobre la infraestructura y los servicios públicos, especialmente en lo que respecta a salud y educación.

“La Contraloría hace un llamado a fortalecer los sistemas de control, mejorar la planeación fiscal y focalizar recursos donde más se requieren, para garantizar una atención adecuada a la población migrante y proteger la sostenibilidad de los servicios públicos” concluyó la institución.

Por su parte, las restricciones migratorias impuestas por el mandatario Donald Trump han desatado una nueva ola de migración de retorno que “plantea nuevos retos humanitarios para Colombia”, aumentando la tensa situación que el país debe sortear para garantizar los derechos de la población migrante.

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¿Qué tan lejos han llegado las medidas migratorias de Trump?

Cómo lo explicó la Contraloría, las acciones restrictivas del gobierno de los Estados Unidos, que incluyen la desactivación de las facilidades de asilo y la autorización de las redadas contra migrantes indocumentados, han cambiado drásticamente la dinámica migratoria de la región.

En medio de este ambiente tenso, lleno de incertidumbre y de miedo por parte de los migrantes, la institución también advirtió sobre la débil coordinación interinstitucional, la escasa cooperación entre los entes territoriales y la falta de medidas que ayuden a contrarrestar el actuar de redes criminales, especialmente relacionadas con el tráfico de migrantes.

Así la situación, junto con las restricciones impuestas por Estados Unidos y la inoperancia colectiva de los diferentes entes encargados de esta problemática en Colombia, el panorama se tiñe de tonos oscuros.

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Si bien, el flujo migratorio irregular que transitaba por el territorio colombiano con dirección al norte del continente se redujo en 62 % durante lo corrido de 2025. La dinámica migratoria inversa, en sentido norte-sur aumentó considerablemente, indicando el retorno de los migrantes de Norte y Centro América a sus países de origen.

“Entre el 15 de enero y el 30 de abril del año 2025, Migración Colombia registró el ingreso de 7.592 migrantes por vía marítima, desde Puerto Obaldía (Panamá) al corregimiento de Capurganá en el municipio de Acandí-Chocó y de allí, la mayoría se traslada hacia Necoclí en el departamento de Antioquia”, detalla la Contraloría.

La CGR además puso un foco de alerta sobre el tipo de personas que constituyen este flujo de migrantes, pues como se mencionaba antes son mujeres, niños, niñas y adolescentes que enfrentan riesgos diferenciados y requieren de respuestas que puedan garantizar su protección y bienestar.

Los riesgos a los que se enfrenta una población que se ve obligada a regresar a su país perdiendo el dinero, el tiempo y la energía invertida en llegar hasta el lugar en el que ahora viven en busca de una mejor calidad de vida son preocupantes, entre ellos se encuentran el tráfico de migrantes, los naufragios, las desapariciones y la trata de personas, entre otros.

Es necesario, cómo lo manifiesta la CGR, que se fortalezca “la gobernanza institucional, la cooperación y coordinación internacional, así como la articulación entre el gobierno y los territorios para avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular”.

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