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El Canal del Dique, sobre el río Magdalena, es una de las obras fluviales más importantes que adelanta el país en la actualidad. Su propósito es brindar una solución a las inundaciones periódicas que sufren las poblaciones de 19 municipios de la zona. Para ello, se invertirán $3,25 billones en un canal que tendrá 116 kilómetros de extensión entre Calamar y la bahía de Cartagena. Las obras incluyen un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de sedimentos y caudal.
El proyecto, sin embargo, está empantanado por diferentes motivos que podrían llevar a la terminación anticipada del contrato con la concesionaria Sacyr Colombia SAS. Esto, según alertó la Contraloría, podría traer “graves afectaciones” económicas y ambientales.
A través de un comunicado, el órgano de control fiscal alertó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente sobre los impactos de los nuevos escenarios de licencia ambiental que requiere el proyecto, la introducción de un protocolo de la Justicia Especial de Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas de desaparición forzada en el Canal del Dique y consultas previas adicionales con nuevas comunidades en la zona.
Cabe destacar que, en marzo de este año, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales determinó que las obras en el Canal del Dique requerían de la elaboración y presentación de un estudio de impacto ambiental. Esta decisión fue respaldada recientemente por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
Desde allí, Muhamad indicó que es la ANLA la entidad que tiene la responsabilidad de definir las obras que requieren licenciamiento ambiental en el canal del Dique. Además, agregó que todavía existe una “alta incertidumbre frente a los impactos ambientales que tendrían tres Parques Nacionales Naturales del país y otros ecosistemas aledaños”.
La Contraloría hizo un llamado al Gobierno para que estos riesgos no se conviertan en un argumento para decidir una “eventual terminación anticipada de este contrato de concesión” y añadió que, aunque avisó oportunamente sobre estos riesgos a la ANI, esta entidad procedió con la adjudicación del contrato “al único oferente que se presentó”.
Los cálculos de la Contraloría indican que una terminación anticipada de este contrato de concesión implicaría tener que pagarle a Sacyr Colombia SAS unos $350.000 millones, “por solo haber recibido a cambio algunas obras menores de mejoramiento vial, algunos dragados de mantenimiento del Canal del Dique y, posiblemente, unos Estudios y diseños en fase III, que incluso podrían quedar desactualizados con el paso del tiempo”, como se lee en una carta firmada por el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
¿Qué dice la concesionaria?
En una reciente entrevista con La W, directivos de Sacyr Colombia SAS dijeron que se encuentran gestionando una nueva licencia ambiental y entregarán los estudios de impacto ambiental en un plazo de 14 meses. El Gobierno podría otorgar la licencia ambiental en un plazo de 90 días.
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