Contraloría calificó de deficiente el empalme entre Incoder y entidades que lo reemplazan
El ente de control encontró en la auditoría realizada al Incoder 101 hallazgos administrativos, como fallas de gestión y demoras en el empalme lo que tiene una connotación fiscal por $867 millones.
Redacción Negocios y Economía
La Contraloría General de la República advirtió hoy sobre los potenciales riesgos de pérdida de información por la falta de mecanismos de empalme transparente entre el Incoder – entidad en liquidación- y a las Agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural.
La entidad alertó de igual manera que dentro de las auditorías periódicos que realiza la Contraloría Delegada para el sector agropecuario, se han evidenciado demoras en la entrega de información, falta de personal disponible para responder de manera oportuna los requerimiento del organismo de control y ausencia de inventarios actualizados que permitan hacer un empalme organizado.
La contraloría advirtió también que “esto representa un riesgo que no permite hacer un control fiscal eficaz al no poder contar con información actualizada ni oportuna, situación que se ha podido evidenciar en el tema de adecuación de tierras”, señaló.
El contralor General, Edgardo Maya Villazón, requirió con un oficio al gerente liquidador del Instituto, Mauro Rodrigo Palta, con el fin de que facilite toda la información que se le ha venido requiriendo, para que se agilice el proceso.
Así mismo, la Contraloría hizo un llamado a la Procuraduría General y al Gobierno Nacional para registrar los riesgos que tienen para el desarrollo agropecuario del país un deficiente empalme y transición entre las entidades. Considera que si a esto se le suma que la Adecuación de Tierras hace parte de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (RRI) dentro de lo establecido en el Punto uno de los Acuerdos de La Habana, se hace necesario que exista información certera y actualizada, que le permita tanto al Gobierno Nacional tomar decisiones e invertir los recursos de manera correcta como a los organismos de control hacer una vigilancia oportuna y eficiente para una rendición de cuentas transparente.
Una larga transición
La más reciente auditoría realizada al Incoder en 2015, expone la preocupación de la Contraloría ante el hecho de que la transición entre el instituto y las nuevas entidades que asumirán sus funciones (la Agencia Nacional de Tierras –ANT- y la Agencia de Desarrollo Rural –ADR-) ha tomado más tiempo del esperado.
La entidad reguladora dio a conocer que previo a que cesaran las funciones del Incoder, se desembolsaron en un solo giro los recursos destinados a proyectos productivos, sin tener en cuenta que se avecinaba la cesación de dichas funciones, lo que afecta tanto el seguimiento de los dineros y de los proyectos, como a los proyectos mismos.
En la auditoría al Incoder se establecieron 101 hallazgos administrativos, siete de ellos con posible connotación fiscal por $867 millones, dos con presunto alcance penal y uno que da lugar a la apertura de una Indagación Preliminar.
Diversas fallas de gestión
La situación descrita le fija un reto inmediato a la Agencia de Desarrollo Rural -ADR respecto de los proyectos SIDRA (subsidios integrales de reforma agraria) y PDRET (programas de desarrollo rural con enfoque territorial).
Los proyectos SIDRA y PDRET presentan un serio rezago en su cumplimiento para las vigencias 2014 y 2015, en cuanto a subsidios entregados. 1125 adjudicaciones en 2014 y 355 en 2015, pero solo 275 familias recibieron desembolsos. Se observan también inconsistencias en el registro de los beneficiarios de ambos proyectos.
Igualmente, hay demoras excesivas para conceder los subsidios y tampoco hay buen seguimiento para asegurarse de que los recursos se destinen a los proyectos productivos por el tiempo mínimo señalado en las normas pertinentes, riesgo que se maximiza si se tiene en cuenta que esos subsidios deben ser vigilados por las nuevas entidades del sector.
Igualmente hay incertidumbre sobre el verdadero valor de tierras del Fondo Nacional Agrario (FNA). En forma concreta, hay discordancias en determinar tanto el número de predios que en realidad hacen parte de este fondo, lo que implica, una discordancia entre los valores. La Contraloría advierte un riesgo de detrimento por cerca de $9.500 millones.
Se detectó, además, que se han recuperado recursos para el Fondo Nacional para Adecuación de Tierras (FONAT), pero que los dineros que suman unos $1.500 millones, ingresaron a la cuenta de recursos propios del Incoder.
El informe de la Contraloría fue contundente en señalar muy diversas fallas de gestión, que se deben a deficiencias del propio Incoder y al hecho de que, ante la cesación de sus funciones, no se han podido llevar a cabo diversas gestiones que eran propias de la entidad y han quedado huérfanas.
Es así como la administración de los distritos de adecuación de tierras ha mostrado problemas, como en el caso de Rio Frío. Esto ha llevado a la contraloría a determinar que no son aptas las nuevas agencias para tener el control certero de estas situaciones.
La Contraloría General de la República advirtió hoy sobre los potenciales riesgos de pérdida de información por la falta de mecanismos de empalme transparente entre el Incoder – entidad en liquidación- y a las Agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural.
La entidad alertó de igual manera que dentro de las auditorías periódicos que realiza la Contraloría Delegada para el sector agropecuario, se han evidenciado demoras en la entrega de información, falta de personal disponible para responder de manera oportuna los requerimiento del organismo de control y ausencia de inventarios actualizados que permitan hacer un empalme organizado.
La contraloría advirtió también que “esto representa un riesgo que no permite hacer un control fiscal eficaz al no poder contar con información actualizada ni oportuna, situación que se ha podido evidenciar en el tema de adecuación de tierras”, señaló.
El contralor General, Edgardo Maya Villazón, requirió con un oficio al gerente liquidador del Instituto, Mauro Rodrigo Palta, con el fin de que facilite toda la información que se le ha venido requiriendo, para que se agilice el proceso.
Así mismo, la Contraloría hizo un llamado a la Procuraduría General y al Gobierno Nacional para registrar los riesgos que tienen para el desarrollo agropecuario del país un deficiente empalme y transición entre las entidades. Considera que si a esto se le suma que la Adecuación de Tierras hace parte de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (RRI) dentro de lo establecido en el Punto uno de los Acuerdos de La Habana, se hace necesario que exista información certera y actualizada, que le permita tanto al Gobierno Nacional tomar decisiones e invertir los recursos de manera correcta como a los organismos de control hacer una vigilancia oportuna y eficiente para una rendición de cuentas transparente.
Una larga transición
La más reciente auditoría realizada al Incoder en 2015, expone la preocupación de la Contraloría ante el hecho de que la transición entre el instituto y las nuevas entidades que asumirán sus funciones (la Agencia Nacional de Tierras –ANT- y la Agencia de Desarrollo Rural –ADR-) ha tomado más tiempo del esperado.
La entidad reguladora dio a conocer que previo a que cesaran las funciones del Incoder, se desembolsaron en un solo giro los recursos destinados a proyectos productivos, sin tener en cuenta que se avecinaba la cesación de dichas funciones, lo que afecta tanto el seguimiento de los dineros y de los proyectos, como a los proyectos mismos.
En la auditoría al Incoder se establecieron 101 hallazgos administrativos, siete de ellos con posible connotación fiscal por $867 millones, dos con presunto alcance penal y uno que da lugar a la apertura de una Indagación Preliminar.
Diversas fallas de gestión
La situación descrita le fija un reto inmediato a la Agencia de Desarrollo Rural -ADR respecto de los proyectos SIDRA (subsidios integrales de reforma agraria) y PDRET (programas de desarrollo rural con enfoque territorial).
Los proyectos SIDRA y PDRET presentan un serio rezago en su cumplimiento para las vigencias 2014 y 2015, en cuanto a subsidios entregados. 1125 adjudicaciones en 2014 y 355 en 2015, pero solo 275 familias recibieron desembolsos. Se observan también inconsistencias en el registro de los beneficiarios de ambos proyectos.
Igualmente, hay demoras excesivas para conceder los subsidios y tampoco hay buen seguimiento para asegurarse de que los recursos se destinen a los proyectos productivos por el tiempo mínimo señalado en las normas pertinentes, riesgo que se maximiza si se tiene en cuenta que esos subsidios deben ser vigilados por las nuevas entidades del sector.
Igualmente hay incertidumbre sobre el verdadero valor de tierras del Fondo Nacional Agrario (FNA). En forma concreta, hay discordancias en determinar tanto el número de predios que en realidad hacen parte de este fondo, lo que implica, una discordancia entre los valores. La Contraloría advierte un riesgo de detrimento por cerca de $9.500 millones.
Se detectó, además, que se han recuperado recursos para el Fondo Nacional para Adecuación de Tierras (FONAT), pero que los dineros que suman unos $1.500 millones, ingresaron a la cuenta de recursos propios del Incoder.
El informe de la Contraloría fue contundente en señalar muy diversas fallas de gestión, que se deben a deficiencias del propio Incoder y al hecho de que, ante la cesación de sus funciones, no se han podido llevar a cabo diversas gestiones que eran propias de la entidad y han quedado huérfanas.
Es así como la administración de los distritos de adecuación de tierras ha mostrado problemas, como en el caso de Rio Frío. Esto ha llevado a la contraloría a determinar que no son aptas las nuevas agencias para tener el control certero de estas situaciones.