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Irregularidades en un convenio de colaboración, firmado entre la Corporación Red País Rural y Ecopetrol (regional Llanos), llevaron a la Contraloría General a dejar en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $12.475 millones contra las partes mencionadas.
El convenio tenía por objeto realizar obras como la rehabilitación de vías veredales y construcción de un complejo turístico, cultural y deportivo (para las poblaciones de Villavicencio, Castilla La Nueva, Cubarral y Fuente de Oro), así como inversiones en 73 internados en el departamento del Meta.
Sin embargo, la Contraloría determinó que hubo detrimento patrimonial, puesto que se incumplió en un 84 % las obligaciones y no se devolvieron los recursos no ejecutados (que suman $8.423 millones). “Además, se dio un incremento injustificado del patrimonio ejecutor de las obras y servicios”, señaló la entidad en un comunicado emitido este lunes.
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¿A quiénes va dirigido el fallo?
El fallo de la Contraloría quedó en firme, a título de “culpa grave y en forma solidaria”, contra la Corporación Red País Rural y dos funcionarios de Ecopetrol en los Llanos: Claudia Patricia Velásquez Mantilla y Julio César Zuleta Fuentes.
Velásquez, de acuerdo con la Contraloría, era la funcionaria autorizada por Ecopetrol para la suscripción del convenio, y Zuleta, por su parte, el administrador de dicho convenio.
El fallo, asimismo, cuenta con un tercero civilmente responsable: la compañía Seguros del Estado, encargada de la expedición de una póliza de cumplimiento por más de $10.256 millones tomada por la Corporación Red País Rural, ejecutor del convenio, y con Ecopetrol como asegurado. “A la aseguradora se le extendió la obligación de pagar ese valor”, indicó la Contraloría.
Así, la Contraloría mantuvo las medidas cautelares ordenadas en primera instancia.
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El lado penal del asunto
Finalmente, la Contraloría indicó que se está adelantando un proceso penal, que lleva la Fiscalía General de la Nación, por el hecho en cuestión.
La Contraloría, precisamente, solicitó ser considerada como víctima en este proceso y solicitó la responsabilidad fiscal, la intervención judicial y el cobro coactivo contra los responsables del detrimento patrimonial que involucra dineros del Estado.
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