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La Contraloría informó que para atender las denuncias sobre posibles irregularidades en la contratación de la Agencia Nacional de la Seguridad Vial comenzará una actuación especial de fiscalización en la entidad y realizará una visita para acceder a las contrataciones que se han realizado en el último semestre.
El órgano de control fiscal dice que revisará, por ejemplo, si se está modificando el manual de contratación de la Agencia para realizar desde este año “contrataciones directas sin ninguna limitación en los montos, para posiblemente hacerlo de manera discrecional y a dedo”.
Las denuncias que recibió la Contraloría indican que habría una relación con los contratistas que estaban en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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Según el vicecontralor en funciones de contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, verificarán si las irregularidades de contratistas que han ejecutado proyectos en la UNGRD, “son también contratos con riesgos en la operación de la Agencia”.
La semana pasada la entidad informó que a partir de una indagación preliminar a la UNGRD se identificó un presunto sobrecosto en la compra de los carrotanques para llevar agua a La Guajira. El valor total de 40 vehículos debió ser de $31.567 millones, sin embargo, se pagó $39.327 millones a la empresa Impoamericana Roger SAS. Entre otras cosas, la Contraloría estableció que las tres empresas que cotizaron los carrotanques tienen vínculos formales entre sí.
Sumado a esto, la empresa seleccionada era la que tenía menos capacidad dentro de las tres cotizantes, según la Contraloría, y dentro de las actividades que desarrollaba no estaba incluida la venta de carrotanques. La polémica por las irregularidades en esa compra provocó la salida de Olmedo López de la Unidad.
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Carlos Carrillo, recién posesionado como director de la UNGRD, informó la semana pasada que aunque inicialmente se hablaba de 40 carrotanques adquiridos para proveer de agua potable a distintas comunidades de La Guajira, la cifra de carrotanques asciende a 80.
Ahora, dentro de las denuncias por contratos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial se incluyen acusaciones de contratos con empresas cuyo objeto social no es coherente con las actividades para las cuales fueron contratadas por la Agencia.
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“Vamos a verificar si los recursos de la Agencia de Seguridad Vial están cumpliendo el fin que tienen, si la modalidad de contratación utilizada es la adecuada y si los contratistas tienen la idoneidad para ejecutar los proyectos”, explicó Zuluaga.
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