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La Contraloría General de la República identificó 15 hallazgos fiscales por $78.400 millones tras una auditoría de cumplimiento al sistema penitenciario y carcelario.
A través de un comunicado, el ente de control fiscal reveló que entidades como la USPEC, el INPEC y el Ministerio de Justicia no han dado cumplimiento a sentencias y autos de la Corte Constitucional relacionados con el Estado de Cosas Inconstitucional.
El informe advierte que solo el 2 % del presupuesto del sistema carcelario se destina a programas de resocialización, y no existen indicadores que evalúen su eficacia. La tasa de reincidencia supera el 20 %, sin evidencia de estrategias efectivas para revertir esa tendencia.
Hacinamiento del 500 %
En total, la auditoría dejó 119 hallazgos. Una de las fallas más críticas, según la Contraloría, es el incumplimiento en proyectos de infraestructura.
Según el Auto 1745 de 2024, antes del 21 de abril debían estar terminadas obras en Espinal, Itagüí, Barranquilla, Ipiales y Buga. Sin embargo, ninguna fue finalizada ni entregada a satisfacción, lo que ha dejado 4.783 cupos inhabilitados por demoras en nuevos establecimientos y ampliaciones.
Las obras suspendidas incluyen infraestructura en los ERON de Pereira y Sábanas de San Ángel, la infraestructura modular de Itagüí, el bloque de ampliación en Buga y alojamientos para guardias en Ipiales y Girón.
Respecto a la alimentación, el ente identificó condiciones de insalubridad en ranchos, centros de producción y vehículos transportadores de alimentos. Se reportan estructuras deterioradas, deficiencias de mantenimiento y riesgos sanitarios. Uno de los hallazgos fiscales asciende a $331 millones por equipos sin uso en el rancho del establecimiento El Barne.
En materia de salud, la Contraloría estableció tres hallazgos fiscales por $64 millones, relacionados con equipos biomédicos sin funcionamiento en La Modelo, La Picota y Buen Pastor (Bogotá). Además, se evidenció retraso en consultas médicas generales y especializadas, con 2.199 procedimientos pendientes.
También hay problemas en la entrega oportuna y completa de medicamentos. Según el informe, hay 4.124 órdenes de medicamentos sin cumplir y presencia de medicamentos vencidos. Varias unidades de sanidad presentan deterioro físico, humedad y ausencia de espacios adecuados para atención especializada.
En los Centros de Detención Transitoria (CDT) se confirmó que ninguno cumple con las condiciones mínimas establecidas. En todas las visitas de la Contraloría se detectaron niveles críticos de hacinamiento, con promedios del 500 % en Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga.
Según el ente, unas 21.000 personas están detenidas actualmente en estaciones de policía del país, muchas en espacios improvisados.
La Contraloría advirtió que persiste “una violación estructural, generalizada y continua a los derechos fundamentales” de las personas privadas de la libertad. Se evidenció la presencia de personas condenadas que permanecen en CDT por más de siete meses, pese a que deberían estar en cárceles.
También se identificaron fallas que afectan el acceso a la justicia: problemas de conectividad, falta de equipos de cómputo y uso de teléfonos personales para audiencias virtuales.
Estas condiciones afectan el desarrollo oportuno de los procesos judiciales y el cumplimiento de garantías mínimas, especialmente en el caso de personas extranjeras cuya plena identificación no siempre se realiza en los tiempos requeridos.
La Contraloría concluyó que el incumplimiento sostenido de las órdenes judiciales por parte de las entidades responsables representa un daño fiscal y social, en un sistema carcelario que sigue operando en condiciones críticas.
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