Contraloría media en pelea entre Mintransporte y Minhacienda
La intervención del ministerio de Hacienda en contra de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial resulta incomprensible, dice órgano de control.
El Espectador
Perplejidad por la descoordinación evidente en el gabinete ministerial, en relación con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que cuenta con el respaldo del Congreso de la República, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Ministerio de Transporte y la contraloría General, expresó la entidad de control de las finanzas públicas.
Tras conocer el enfrentamiento entre la ministra de Transporte Cecilia Álvarez y la viceministra Técnica de Hacienda, Carolina Soto, por el recorte del presupuesto para el transporte, la contraloría criticó la posición asumida por el ministerio de Hacienda, que inexplicablemente se opuso a la destinación de un 2% de los recursos del Fondo de Prevención para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo cual también cuenta con el apoyo del sector privado representado por Fasecolda.
Para la contraloría General, la creación de Agencia Nacional de Seguridad Vial es necesaria para enfrentar el grave problema de salud pública que representa al año la muerte violenta de 6.134 personas y lesiones reportadas a otras 39.340, como consecuencia de accidentes de tránsito y, además, los cuantiosos recursos que pierde la Nación como consecuencia de la inseguridad en las vías.
Según estadísticas oficiales, la inseguridad vial es la segunda causa de muerte violenta en Colombia, dice la contraloría General en un comunicado.
De acuerdo con las cifras de auditoría realizadas por la entidad de control los reportes de pagos, de indemnizaciones por gastos médicos a víctimas de accidentes de tránsito, que reporta el sector asegurador y el ministerio de Salud indican que en último año fueron atendidos más de 474.569 casos.
Asimismo se ha establecido que los costos asociados a la seguridad significan para países de ingresos medios como Colombia aproximadamente un 2.7% del PIB y representan alrededor de 6.5 billones de pesos, destaca la contraloría General en un comunicado de prensa.
Los recursos más representativos asociados a la inseguridad vial provienen del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y de las multas por infracciones de tránsito, los cuales anualmente superan la cifra de 1.2 billones de pesos.
En un debate en la Comisión VI del Senado, el ministerio de Hacienda, por intermedio de la viceministra Técnica, Carolina Soto, sorpresivamente se opuso a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a pesar de que no representa costo para el Presupuesto Nacional puesto que Fasecolda traslada al Gobierno más de 27.000 millones de pesos del Fondo de Prevención, para la creación de la nueva entidad.
El gremio asegurador dice que apoya y recomienda que todos los recursos del Fondo de Prevención los debe manejar la mencionada agencia.
La contraloría llama la atención sobre la necesidad de una adecuada coordinación entre los organismos del gobierno si se tiene en cuenta que la comunidad internacional, representada por la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Internacional del Transporte y el Banco Mundial, han manifestado la necesidad de que los países designen organismos coordinadores con capacidad de diseñar una estrategia nacional y gestionarla en función a resultados así como también garantizar los mecanismos legales, sostenibilidad financiera y recursos técnicos para la ejecución de sus actividades.
A propósito de lo acaecido en la Comisión Sexta del Senado, con el enfrentamiento entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, la contraloría advierte que con la decisión de la cartera de Hacienda se desconocen más de dos años de trabajo del Congreso, del Ministerio de Transporte y el apoyo de los particulares para crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial y garantizar su funcionamiento sin necesidad de recurrir a provisiones del Presupuesto Nacional.
La intervención del ministerio de Hacienda en contra de este proyecto resulta incomprensible y es de todas maneras una señal de grave descoordinación en el interior de algunos miembros del gabinete ministerial, en proyectos de verdadero interés social, declara la contraloría.
Perplejidad por la descoordinación evidente en el gabinete ministerial, en relación con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que cuenta con el respaldo del Congreso de la República, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Ministerio de Transporte y la contraloría General, expresó la entidad de control de las finanzas públicas.
Tras conocer el enfrentamiento entre la ministra de Transporte Cecilia Álvarez y la viceministra Técnica de Hacienda, Carolina Soto, por el recorte del presupuesto para el transporte, la contraloría criticó la posición asumida por el ministerio de Hacienda, que inexplicablemente se opuso a la destinación de un 2% de los recursos del Fondo de Prevención para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo cual también cuenta con el apoyo del sector privado representado por Fasecolda.
Para la contraloría General, la creación de Agencia Nacional de Seguridad Vial es necesaria para enfrentar el grave problema de salud pública que representa al año la muerte violenta de 6.134 personas y lesiones reportadas a otras 39.340, como consecuencia de accidentes de tránsito y, además, los cuantiosos recursos que pierde la Nación como consecuencia de la inseguridad en las vías.
Según estadísticas oficiales, la inseguridad vial es la segunda causa de muerte violenta en Colombia, dice la contraloría General en un comunicado.
De acuerdo con las cifras de auditoría realizadas por la entidad de control los reportes de pagos, de indemnizaciones por gastos médicos a víctimas de accidentes de tránsito, que reporta el sector asegurador y el ministerio de Salud indican que en último año fueron atendidos más de 474.569 casos.
Asimismo se ha establecido que los costos asociados a la seguridad significan para países de ingresos medios como Colombia aproximadamente un 2.7% del PIB y representan alrededor de 6.5 billones de pesos, destaca la contraloría General en un comunicado de prensa.
Los recursos más representativos asociados a la inseguridad vial provienen del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y de las multas por infracciones de tránsito, los cuales anualmente superan la cifra de 1.2 billones de pesos.
En un debate en la Comisión VI del Senado, el ministerio de Hacienda, por intermedio de la viceministra Técnica, Carolina Soto, sorpresivamente se opuso a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a pesar de que no representa costo para el Presupuesto Nacional puesto que Fasecolda traslada al Gobierno más de 27.000 millones de pesos del Fondo de Prevención, para la creación de la nueva entidad.
El gremio asegurador dice que apoya y recomienda que todos los recursos del Fondo de Prevención los debe manejar la mencionada agencia.
La contraloría llama la atención sobre la necesidad de una adecuada coordinación entre los organismos del gobierno si se tiene en cuenta que la comunidad internacional, representada por la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Internacional del Transporte y el Banco Mundial, han manifestado la necesidad de que los países designen organismos coordinadores con capacidad de diseñar una estrategia nacional y gestionarla en función a resultados así como también garantizar los mecanismos legales, sostenibilidad financiera y recursos técnicos para la ejecución de sus actividades.
A propósito de lo acaecido en la Comisión Sexta del Senado, con el enfrentamiento entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, la contraloría advierte que con la decisión de la cartera de Hacienda se desconocen más de dos años de trabajo del Congreso, del Ministerio de Transporte y el apoyo de los particulares para crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial y garantizar su funcionamiento sin necesidad de recurrir a provisiones del Presupuesto Nacional.
La intervención del ministerio de Hacienda en contra de este proyecto resulta incomprensible y es de todas maneras una señal de grave descoordinación en el interior de algunos miembros del gabinete ministerial, en proyectos de verdadero interés social, declara la contraloría.